La agresión más reciente del grupo “Los Ardillos” perpetrada en contra de los pueblos nahuas que habitan en el municipio de Chilapa, Guerrero, y la impunidad con la que este grupo de la delincuencia organizada ((D.O.) actúa, plantea la siguiente interrogante:

¿Qué papel estratégico desempeña el grupo de Los Ardillos en la región centro y montaña baja de Guerrero, que ha propiciado que el Estado no solamente le haya otorgado impunidad a Celso Ortega Jiménez –líder de esa organización-, sino también que les haya cedido el control territorial y administrativo-político de varios municipios de las regiones Centro, Montaña Baja y Costa Chica?

De acuerdo con el sitio especializado InSight Crime, la organización criminal tiene más de dos décadas de haber sido fundada por el ex policía Celso Ortega Rosas, alias La Ardilla, quien incursionó en el cultivo de amapola en el municipio de Quelchultenango, Guerrero (https://bit.ly/4epazJg). En 2011, Celso Ortega fue asesinado por lo que tres de sus hijos asumieron el control de la organización, siendo Celso Ortega hijo el más visible de ellos y quien con el paso del tiempo logró consolidar un acuerdo con la organización de los Beltrán Leyva.

A la par de su consolidación como organización criminal regional, la familia Ortega Rosas incursionó en la arena política bajo el cobijo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual hasta la fecha sigue perteneciendo. Su afiliación y militancia en ese instituto político, le ha permitido a Bernardo Ortega Jímenez y Jorge Iván Ortega Hernández, ocupar cargos de diputados y presidencias municipales.

Aunque enfáticamente los dos legisladores y militantes del PRD se han deslindado de las actividades criminales de sus familiares, lo cierto es que, el poder político de la familia Ortega ha permitido que Los Ardillos consoliden o estén por conseguir el control territorial y administrativo-político de al menos diez municipios de las regiones Centro, Montaña baja y Costa Chica, entre los que destacan: Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Ziltlala, Eduardo Neri, Ahuacuotzingo, Quelchuntenango, Huamuxtitlan y Ayutla de los Libres.

El acceso a los cargos públicos de representación popular obtenidos por miembros de la familia Ortega y aliados, le ha permitido a Los Ardillos consolidar el control territorial. Como muchos otros grupos de la delincuencia organizada que actúan en México, también detentan o han detentado el poder punitivo del Estado.

La conquista del poder político a través de la obtención de cargos de elección popular, le ha otorgado al crimen organizado la posibilidad de acceder institucionalmente al control de la seguridad pública ya que los presidentes municipales tienen bajo su mando las fuerzas policiacas; la detentación del poder punitivo del Estado, también ha significado para los criminales acceder al control recaudatorio de las contribuciones municipales, esta facultad les permites blanquear los recursos económicos que obtienen por sus actividades criminales.

Una clave para entender la tolerancia del Estado hacia Los Ardillos, está relacionada con el hecho de que en las regiones que ese grupo delincuencial tiene el control territorial y en las que están incursionando, históricamente han tenido presencia varias organizaciones sociales que los servicios de inteligencia civiles y militares del Estado mexicano han identificado como grupos fachada o proclives a ciertas organizaciones armadas (guerrillas). También, es un hecho público que al menos tres organizaciones guerrilleras, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) Ejército Popular Revolucionario (EPR), Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) tuvieron presencia y ejecutaron acciones armadas en las últimas cinco décadas. 

Entre las organizaciones sociales que son objeto de los señalamientos de los servicios de inteligencia, se encuentran los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, el Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero que mantiene relaciones de coordinación con la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS).

Visto desde la perspectiva de los servicios de inteligencia del Estado, la actividad de Los Ardillos es prohijada, porque éstos prestan un servicio de contrainsurgencia que permite a las autoridades, sin necesidad de que se involucren directamente, contener las movilizaciones populares, a través de acciones encubiertas o directas bajo la apariencia de enfrentamientos intercomunitarios, que han derivado en ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado interno y control social para evitar la consolidación, actuación y/o surgimiento de grupos insurgentes (guerrillas).

Hasta la fecha la narrativa oficial ha logrado encubrir la actividad contrainsurgente de Los Ardillos, tendiendo un manto de impunidad que le ha permitido a la familia Ortega detentar el control territorial y el poder punitivo del Estado de una significativa porción del estado de Guerrero.

El tráfico de drogas, de personas, la extorsión, la impunidad y el despojo del territorio y los recursos naturales de que son víctimas los pueblos indígenas, son las recompensas que los Ardillos y la familia Ortega han obtenido del Estado como retribución por ejecutar la política contrainsurgente en contra de los pueblos y comunidades indígenas de las regiones Centro, Montaña Baja y Costa Chica de Guerrero.

Comportamiento judicial

El linchamiento mediático en redes sociales de que han sido objeto los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a raíz de sus movilizaciones en la Ciudad de México de México, por parte de un sector del Poder Judicial de la Federación, resulta paradójico, sobre todo si recordamos las razones (reforma educativa-reforma judicial) que impulsaron las protestas de la CNTE y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). 

Aunque ahora traten de olvidarlo, los trabajadores del PJF al igual que los integrantes de la CNTE durante la suspensión de labores siguieron y siguen disfrutando de sus salarios y prestaciones. Los dos grupos CNTE y PJF en su momento recurrieron a acciones que dañaron lugares públicos; ambos grupos durante sus recorridos por las principales avenidas ocasionan y ocasionaron bloqueos y caos vial. Sus paros afectan y afectaron a millones de estudiantes y de justiciables: a unos le negaron el derecho a la educación, a los otros el derecho de acceso a la justicia. Las dos organizaciones enarbolaron la justeza de sus demandas. Estos ejemplos dan cuenta de la similitud de acciones de protesta y resistencia. 

Tal vez en el fondo, a los trabajadores del PJF les cuesta trabajo entender el gran abismo que existe entre la combatividad y la conciencia de los integrantes de la CNTE y la que escenificó la también autonombrada familia judicial; he aquí algunos ejemplos.

Para los maestros de la CNTE la protesta significa tiempo completo, presencia física y desplazamiento de sus lugares de origen a la CDMX; en contraste, para los integrantes de la familia judicial, la protesta consistió en ceñirse a un horario de las nueve a las quince o dieciocho horas, de lunes a viernes, presentarse en su lugar de adscripción y que la mayoría de jueces y magistrados enviaran a sus subordinados a protestar, bajo el apercibimiento de pase lista. Los miembros de la CNTE que participan en los plantones están expuestos a las inclemencias del tiempo y la falta de alimentos. Los miembros de la familia judicial no concebirían un plantón, si éste no cuenta con toldos elaborados con materiales que impiden la filtración de los rayos UV, su buena dotación de botanas, aguas gasificadas y ultra purificadas, cremas bloqueadoras e hidratantes y por supuesto su teléfono móvil para encargar sus “food and drinks” por plataformas digitales a las franquicias extranjeras. Los militantes sociales se trasladan a sus actividades de protesta en transporte público y a pie, nunca tienen el privilegio de contar -aún los directores- con auto de alta gama y chofer a la puerta.

En pocas palabras, la diferencia de fondo entre los militantes de la CNTE y los integrantes de la familia judicial reside en la conciencia de clase versus el clasismo. Los comentarios en las redes sociales, son la fuente que permiten esta aseveración.