“El principio de acumulación sin fin que define al capitalismo es sinónimo de crecimiento exponencial, y éste, como el cáncer, lleva en sí a la muerte”

Samir Amin (2009)

«México ha cumplido con todas las medidas; nuestra Ley General de Cambio Climático es ejemplo a nivel mundial», afirmó Ramón Sampayo, presidente de la Comisión de Cambio Climático de México. El senador Daniel Ávila Ruiz se comprometió en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 19) -realizada del 11 al 22 de noviembre de 2013 en Varsovia, Polonia,- a reducir en un 30 por ciento sus emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2020 y en 50 por ciento para 2050. No obstante, en ningún momento se argumentó absolutamente nada sobre los pueblos que afectados por estas medidas implementadas, como las afectaciones hacia los pueblos indígenas zapotecos del sur de México, perjudicados desde el año de 1994, cuando comenzó a construirse uno de los proyectos más grandes  de energía eólica en Latinoamérica.

Los efectos del cambio climático son una preocupación en común de la humanidad, pero en la cumbre de la Cop 19 permeó una posición que en todo momento favorece a las empresas, que buscan continuar con un crecimiento económico exponencial que parece no tener fin. La crisis ecológica es un instrumento para legitimar las decisiones políticas y económicas que representan la antesala de la denominada Economía Verde, en pro de la acumulación de capital y de un desarrollo desigual. No se puede hablar de cambios radicales para la regulación de las emisiones de dióxido de carbono (Co2) si no se actúa de forma radical sobre las causas.

Si hablamos en términos económicos, el cambio climático es considerado como una externalidad o bien, una falla negativa del mercado que las empresas no pagan. Es decir, el costo de estos efectos en los diferentes encadenamientos de producción de millones de mercancías no se incluye en el coste final, pero alguien tiene que pagar las consecuencias, y por lo general son los países del sur. Si elegimos una mercancía de entre las miles que se producen a diario, como el automóvil -de máquina de combustión interna o los nuevos automóviles eléctricos-, su composición requiere de más un centenar de metales, entre otros materiales. Esto implica en su mayoría, minería a cielo abierto, devastación de ecosistemas en su totalidad, desplazamiento de comunidades, contaminación del oxígeno y del agua, pero sobre todo, la utilización de energía, como el petróleo, carbón, gas o biocombustibles antes y después de su producción. Ya sea un automóvil que es eléctrico o que funciona con alguna energía renovable, implica externalidades negativas con un impacto directo en el medio ambiente.

“El mercado causa continuamente externalidades que hemos de entender no tanto como fallas del mercado, sino como éxitos en transferir costos a los pobres, a las futuras generaciones y a las otras especies”, sostuvo Joan Martínez Alier en su ponencia en el año 2011 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se refirió al uso de la energía: “El mercado no consigue producir la energía ni los materiales que usamos en las economías industriales sino puramente logra su extracción y su pérdida. El mercado no sirve para temas ambientales”.

La contaminación, un nuevo mercado

Si las empresas y gobiernos buscan internalizar las fallas de mercado, no es por querer resolver el problema, sino más bien para abrir un nuevo mercado para las inversiones de capital con los permisos de contaminación –bonos de carbono- y, sobre todo, con el boom de las tecnologías limpias, las cuales han desatado una gran competencia entre los países desarrollados por tener su control. «Veremos una explosión de las tecnologías limpias, lo que va a generar grandes oportunidades de negocio para las empresas y gobiernos que entiendan este hecho. Porque la nación que lidere el mundo en energías limpias liderará la economía mundial del siglo XXI», sostuvo en el año 2012 Juan Verde Suárez, asesor del presidente estadunidense Barack Obama en Economía y Sostenibilidad.

El estudio “Climascopio 2013” afirma que América Latina y el Caribe representan un atractivo potencial a nivel global para invertir en energías limpias, ya que los gobiernos facilitaron una plataforma legal para fortalecer este mercado. El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la organización Bloomberg New Energy Finance (BNEF) elaboraron el estudio, un índice interactivo y herramienta virtual de evaluación centrada en mercados de energías limpias, que se lanzó por primera vez en 2012 y cuyo objetivo es la evaluación de la capacidad con la que cuenta cada país para atraer la inversión de capitales en este tipo de energías.

Este estudio sustenta que las inversiones en el sector de energías limpias en México crecieron al 499 por ciento; de 532 millones de dólares en 2011 a 2 mil 900 millones en el 2012. La mayoría de estas inversiones se destinaron a proyecto de energía eólica.

Entre los años 2003 y 2012, México recibió aproximadamente 7 mil 343 millones de dólares de inversión en la industria de energías renovables; dicha inversión se concentró en los estados de Oaxaca y Baja California. Los principales países inversionistas fueron España, Estados Unidos, Dinamarca y Francia.

“Los proyectos eólicos negociaron con el gobernador y no pidieron la opinión de nosotros. Si el gobierno quiere que entre Mareña Renovables primero que nos mate, vamos a morir aquí por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque cuando nos vayamos ellos se quedan en el mar”, lanzó una de las mujeres que viven de la pesca en el mar, y quienes junto a sus esposos, hijos y ancianos, resisten al proyecto eólico impulsado por el BID y la empresa Mareña Renovables en la Barra Santa Teresa del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. El proyecto del corredor eólico que inició desde 1994 tiene como objetivo, la construcción de más de 5 mil aerogeneradores, los cuales han avanzado mediante engaños hacia las comunidades indígenas zapotecas de esta región.

El proyecto del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec sigue avanzando con capital transnacional como el de Coca Cola-FEMSA,  Iberdrola, Acciona, Endesa, Gamesa, Mitsubishi, Vestas, EDF Electricite de France, Cannon Power Group, Abengoa, Potencia Industrial, Sanyo, Kyocera y Vientek, entre otras. A raíz de esto, las comunidades indígenas se vieron en la necesidad de organizarse y resistir por medio de sus asambleas, la policía comunitaria y las barricadas, pues las empresas y el Estado hace tiempo que empezaron a utilizar otros mecanismos, como los grupos paramilitares o grupos de choque para continuar con este megaproyecto. “No queremos este proyecto porque va a matar la naturaleza y nosotros ni siquiera carro tenemos. Cuando nos hablan de desarrollo, es porque nos van a robar nuestros recursos”, sostiene uno de los inconformes.

Es posible que la estrategia de los grupos de choque sigua la recomendación del general Oscar Naranjo – ex director de la policía colombiana y actual asesor de Enrique Peña Nieto-, quien sugirió al presidente de México que creara grupos de choque mixtos, entre el ejército, la armada y la policía, para contener la violencia que vive este país.

Otro punto de gran inversión de energías renovables es Baja California, donde se pretende instalar 52 aerogeneradores que abarcan las zonas de Jacume, La Rumorosa, Cordillera Molina y Sierra de Juárez, en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada, para producir 130 megavatios (Mw), hasta llegar a un mil 250 Mw, con una inversión total de cerca de 500 millones de dólares. En ese mismo sentido se tiene contemplada una subestación, con la idea de conectar el campo eólico con la red Powerlink suroeste de su subsidiaria San Diego Gas y Energía, para trasladar el fluido hacia San Diego, Estados Unidos.

Activistas de los Estado Unidos como Donna Tisdale, fundadora de la no gubernamental Fundación para Proteger Nuestras Comunidades, emprenden acciones judiciales para detener este proyecto. Así mismo, denunciaron a Energía Sierra Juárez, filial de la californiana Sempra Energy, transnacional estadunidense, propietaria de Sempra LNG, Sempra Energy México y Energía Costa Azul, de despojo de tierras y pago de sobornos en Estados Unidos para construir y operar su terminal de gas licuado en Ensenada, activa desde 2008.

El gobierno mexicano se jacta de ser un buen receptor del capital transnacional, como lo sostiene en su página oficial “ProMéxico” de la Secretaría de Economía. Ven como un potencial  favorable los bajos salarios que se pagan en este país a los trabajadores -5.02 dólares diarios-, así como el ahorro de hasta un 12 por ciento en costos de manufactura para la industria de baterías avanzadas en el sector de energías verdes, en comparación con Estados Unidos. “Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs (Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica), pues se necesitan solo nueve días y seis trámites”, afirman en su web oficial. La pregunta que queda por hacer es ¿son tan eficientes los trámites burocráticos en México, que en tan sólo nueve días pueden consultar a una comunidad sobre estos proyectos y al mismo tiempo realizar estudios de impacto ambiental?

Regresemos al cambio climático. Sí las empresas son responsables de las externalidades negativas, siguiendo la lógica de mayor ganancia y buscando pagar menos en su proceso de producción, entonces lo que ellos conocen como desarrollo o crecimiento, es lo que provoca a la par un crecimiento de la destrucción y la contaminación en diferentes escalas con los llamados fallos del mercado. Por tanto, los países desarrollados y las empresas son responsables del cambio climático y son ellas mismas quienes quieren ofrecer una solución a este problema, con la misma lógica del mercado. Pero hay pueblos y gobiernos que no esperan nada de sus iniciativas, como lo sostuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, antes de acudir a la Cop 15: “Nuestra propuesta es bien seria. Los países del capitalismo tienen que pagar la deuda ecológica. En vez de que cobren la deuda externa, más bien ellos tienen que pagar”. De esta forma los países pobres exigen que los países ricos paguen por daños causados en nombre del crecimiento económico.

Publicado el 02 de diciembre de 2013