En la actualidad hay cerca de 300 millones de migrantes internacionales distribuidos en diferentes regiones del orbe. No pocas de estas migraciones internacionales tienen un carácter forzado, son producidas por diferentes carencias (socioeconómicas y políticas) en los países de origen, y tienen diferentes y relevantes contribuciones en los países y sociedades de destino (los migrantes fungen como mano de obra barata y precarizada, representan un bono demográfico relevante, son un grupo poblacional con un importante consumo y actividad económica, además de las aportaciones étnico culturales). No obstante estas claras contribuciones, diversos gobiernos de los países del Norte global (EUA en Norteamérica, e Inglaterra y España en Europa entre otros) insisten, mediante perspectivas de supuesta seguridad nacional y de percibir la falta de documentos migratorios como una transgresión grave a la ley, en generar procesos de criminalización hacia los migrantes forzados de países del sur (como los casos de las poblaciones del norte de Centroamérica y aquellas de diferentes regiones de África, entre muchas otras). Estos ejercicios de criminalización de poblaciones extranjeras (e irregularizadas) no corresponden con la realidad (la gran mayoría de los migrantes no son delincuentes, por el contrario, sólo buscan trabajo y mejores condiciones de vida). De hecho, dicha criminalización trasciende los procesos migratorios en sí mismos, y tiene que ver con el uso político de estos temas para sacar réditos en términos electorales y de agendas de política interna (en los países de destino).
Dada la complejidad de los procesos migratorios y los diversos actores sociales, instituciones y estados nacionales (de origen, tránsito y destino) involucrados, es necesario reconocer los procesos políticos (y económicos) que producen a las migraciones forzadas.
Por un lado, y en lo que respecta a los lugares de origen, reconocer cuáles son las carencias de derechos sociales básicos (empleo, salarios suficientes, servicios médicos, educación, vivienda, seguridad) de ciertas poblaciones, necesidades apremiantes e irresueltas que las obliga a migrar. En este contexto, y en la medida en que los países de origen no están garantizando el acceso cabal a dichos derechos sociales, estos estados nacionales expulsores de poblaciones producen parcial y políticamente estas migraciones forzadas. No obstante, también hay que reconocer que estas precarias condiciones materiales de las que se ven forzados a huir los migrantes también son provocadas, en buena medida, por las agendas y modelos económicos que los estados nacionales con economías de altos ingresos del norte global han impuesto a los países de ciertas regiones del sur. Por ejemplo, desde el siglo pasado el intervencionismo de EUA en el norte de Centroamérica es un proceso clave para entender las condiciones de pobreza, desigualdad y conflictos sociales y políticos de los cuales huyen anualmente miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Y, en el caso de África, la invasión colonial y el despojo europeo de siglos son dinámicas sin las cuales no puede entenderse la pobreza y las precarias condiciones materiales de vida que provocan las migraciones africanas hacia Europa occidental.
Por otra parte, y como ha sido documentado por diversas organizaciones (REDODEM, Médicos Sin Fronteras), en los corredores regionales de estas migraciones forzadas acontecen procesos de violencia hacia los migrantes irregularizados. En el caso de los países de tránsito, dichos estados nacionales muy frecuentemente no garantizan el ejercicio del respeto de los derechos de los migrantes, y permiten que sean agredidas estas poblaciones en movilidad. Esto acontece en el marco de políticas regionales de control de poblaciones extranjeras que son diseñadas e impuestas a territorios intermedios desde los países destino del norte global, y en el contexto de procesos de externalización de fronteras y contención migratoria que abarcan también a los países de tránsito.
Finalmente, buena parte de los países del norte global, a los que se dirigen diversas migraciones forzadas, presentan dos claros procesos de exclusión y violencia estructural hacia las poblaciones extranjeras irregularizadas provenientes del sur. El primero tiene que ver con el hecho de que no pocos países de destino, de facto, no garantizan ni los procesos adecuados para solicitar el derecho de asilo y/o refugio, y tampoco ejercen el respeto de los derechos humanos de las poblaciones extranjeras (acceso a comida, hospedaje, trato digno, servicios médicos, etc.); sabiendo que el respeto a dichos derechos se tiene que ejercer independientemente de si las poblaciones extranjeras cuentan o no con la documentación migratoria requerida por el país de destino. El segundo proceso alude a una dimensión estructural igualmente drástica que reside en el reconocimiento de que los países del norte global juegan un papel activo en la producción de estas migraciones forzadas en dos ámbitos. Por un lado, los países de destino del norte global (como EUA, Reino Unido y otros) impusieron los modelos de política económica neoliberal que acentuaron la generación de contextos de expulsión en el sur (crecimiento de la desigualdad, deterioro del aparato productivo, precarización del trabajo y los salarios, encarecimiento del costo de vida). Por otra parte, por el hecho de la creciente demanda de mano de obra externa que requieren los mercados laborales de los países de destino (las sociedades de estos países tienen economías de altos ingresos y presentan claros procesos de envejecimiento, por lo que tienen problemas drásticos en relación a la presencia de nuevos trabajadores jóvenes).
