La Comisión Continental Abya Yala (CCAY)-que se reunió en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas los días 9 y 10 de febrero- «refrendó denunciar al Estado Vaticano como autor intelectual de la Doctrina del Descubrimiento» y exhortó al Papa Francisco a hacer un pronunciamiento público en repudio de dicha doctrina cimentada en la bula papal (documento pontificio)  Inter Caetera de 1493, demandándole que emita una nueva bula:  «la bula del desagravio».

Le manifiestan también al Papa su preocupación «por la permanencia del espíritu de las bulas papales (documentos pontificios) alejandrinas como marco de relación de su santidad con los pueblos indígenas» y le hacen un llamado para revocar la beatificación  de Junípero Serra, que hizo en Washington, Estados Unidos, en septiembre de 2015, «lo cual denunciamos por ser un atentado a nuestra dignidad, ya que este misionero es culpable por el genocidio de nuestros pueblos originarios en California. Consideramos inapropiado de parte de su santidad esta beatificación ya que no es ético ni moral santificar un genocidio».

En un tercer «comunicado diplomático» sobre el Desmantelamiento de la Doctrina del Descubrimiento, la CCAY  solicita al pontífice «una cita de manera urgente en el Vaticano» para hacerle conocer sus preocupaciones y propuestas «por las violaciones persistentes a los derechos humanos, individuales y colectivos, territoriales y autonómicos» derivados de la citada doctrina, «recordando que la petición del perdón  que ha hecho su santidad (a los pueblos indígenas) como jefe máximo del Vaticano, no es suficiente si no hay justicia, reparación y garantías de reconocimiento internacional de nuestro derecho a la libre determinación como pueblos originarios».

«Lo conminamos a asumir el desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento para, efectivamente, lograr resultados concretos orientados hacia la protección de nuestros territorios y la madre tierra, en el camino de los planes de vida de los Pueblos Originarios y el Buen Vivir de la humanidad».

En su documento la CCAY, a cuya reunión asistieron 40 delegados de Estados Unidos, Guatemala, Colombia y México -de Michoacán, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo, Chiapas y la Ciudad de México, según informó la maestra en sociología Araceli Burguete- subraya que «los estados nacionales han tomado la Bula Inter Caetera, 1493, como base para elaborar el concepto jurídico de ´propiedad originaria de la nación´, bajo la cual asumen la entrega de nuestros territorios a las empresas nacionales e internacionales de extracción, mineras,  y del neo extractivismo en general, asumiendo la prerrogativa de realizar convenios y tratados internacionales sin consentimiento previo, libre e informado y de buena fe, tales como el Tratado de Libre Comercio; el  Acuerdo Trans Pacífico de Cooperación Económica (TPP),  las «zonas económicas especiales», ALCA, Plan Puebla Panamá, IRSA, mercado global del carbono REDDS+, ocasionando desposesión a los pueblos indígenas y afectación directa e irreparable a la Madre Tierra».

«Nuestra posición es que el Estado del Vaticano, la Santa Sede y su Santidad el Papa Francisco, deberán tomar las medidas adecuadas y llevar adelante un proceso de responsabilidad internacional por el papel que la Iglesia Católica ha jugado en el origen y autoría intelectual de las violaciones de Derechos Humanos, que siguen siendo normalizadas por la Doctrina del Descubrimiento» agrega. 

Asimismo indica que, entre otras cosas, debe además asumir la coadyuvancia en los procesos de pacificación en los territorios indígenas intervenidos por los Estados y otros actores. «Por ejemplo, en el caso de Colombia se debe propiciar la garantía de la incorporación de la Agenda Indígena en los Diálogos de Paz que se realizan en la Habana (Cuba) entre el gobierno colombiano y las FARC, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas en los diálogos y el cumplimiento de los compromisos».

Añade que «como seres humanos y como garantes de la vida, se hace necesario que su santidad Francisco interceda ante los gobiernos de los Estados-Nación en la exigibilidad del respeto y garantías de los derechos humanos y territoriales, la no discriminación, el racismo institucional y  los abusos de poder de los gobiernos en la persecución política ideológica para condenar a  defensores y defensoras  del territorio y la vida del Abya Yala». 

Asimismo deberá interceder «en la materialización del ejercicio del derecho de libre determinación, autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas en un marco de refundación de los estados nación hacia estados multinacionales y la descolonización y sanación de la Madre Tierra». 

Le recuerdan al Papa Francisco que en 2014, en el marco del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, se entregó directamente a su representante, el Nuncio Papal, esta solicitud de audiencia. Igualmente, que las exigencias planteadas obedecen a los mandatos de sus pueblos originarios, cuyas demandas fueron deliberadas en el marco de la Asamblea Plenaria de la V Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, con la participación de más de ocho mil personas, reunidas en La María Piendamó, Cauca, Colombia en noviembre del 2013 y ratificada por la CCAY en Filadelfia, Estados Unidos, en septiembre del 2014 y ahora en San Cristóbal de las Casas.

«Desde el espíritu de la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, iguales en dignidad y derechos a los otros pueblos, hacemos un llamado a su Santidad Francisco para que se comprometa a asumir las responsabilidades y consecuencias de los asuntos que aquí presentamos y que directamente le incumben a la Iglesia Católica Romana» agregan.

Le recuerdan al Papa Francisco que en la onceava Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se presentó la siguiente recomendación:

“4. El Foro Permanente recuerda el cuarto párrafo del preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en que se afirma que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. En todo el mundo, los colonizadores han aducido justificaciones jurídicas y políticas para desposeer a los pueblos indígenas de sus tierras, privarlos de derechos y derogar sus derechos, como, por ejemplo, la doctrina del descubrimiento, la doctrina de la dominación, la conquista”, la doctrina de terra nullius o la doctrina real. Si bien estas doctrinas nefandas se favorecieron para justificar la adquisición de las tierras y los territorios de los pueblos indígenas, implícito en ellas había postulados más amplios que se tomaron como base para afirmar la autoridad y el control sobre las vidas de los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y recursos. Los colonizadores consideraron a los pueblos indígenas “salvajes”, “bárbaros”, “poco evolucionados”, “inferiores e incivilizados” y usaron estos conceptos para someter, dominar y explotar a los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y recursos.

El Foro Permanente exhorta a los Estados a que repudien esas doctrinas como base para denegar los derechos humanos de los pueblos indígenas.”