En México, así como en varias partes de América Latina, las mujeres indígenas han dado la batalla contra la discriminación estructural, tanto por cuestiones raciales y de género, como por las condiciones de pobreza que secularmente padecen. La desigualdad imperante ha propiciado que se focalice en ellas graves violaciones a sus derechos humanos, sobre todo en contextos como Guerrero, donde el ejecutivo federal ha utilizado a las fuerzas armadas para combatir la guerrilla y desarraigar su presencia en las comunidades indígenas. La militarización en nuestro estado ha dejado una cauda de violencia que se remonta a la mal llamada guerra sucia, en los años sesenta y ochenta. Se reactivó en la década de los noventa con la reaparición de grupos armados, que también fueron atacados con toda la fuerza del estado, en el sexenio de Ernesto Zedillo. La declaración de la guerra contra el narcotráfico, protagonizada por Felipe Calderón en el 2002, desencadenó una espiral de violencia que hasta la fecha ha dejado un saldo de 91 mil personas desparecidas y con la ubicación de 383 fosas clandestinas en Guerrero.
A pesar de todas las atrocidades cometidas por el ejército y que se mantienen impunes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se obstina en perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, sin atender las recomendaciones de los organismos internacionales como la ONU y la CIDH, de desmilitarizar la seguridad pública, porque conlleva graves violaciones a los derechos humanos. Actualmente se apuesta al uso del ejército para desempeñar tareas ajenas a su responsabilidad histórica, de ser garantes de la seguridad nacional. Esta sobre utilización del ejército, para la distribución y aplicación de las vacunas; como constructores de megaproyectos, como el aeropuerto Felipe Ángeles, así como algunos tramos del tren maya; la utilización de su personal para la construcción de cuarteles de la guardia nacional y los bancos del bienestar en todo el país, en los hechos es una remilitarización del país, en una contexto de violencia creciente, donde las organizaciones criminales han expandido su dominio en regiones estratégicas, dejando a una población inerme por la multiplicación de actores armados, que regularmente se confabulan para hacer del crimen un negocio.
Las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro estado, nos muestran el desgarramiento del tejido social a causa de la violencia institucional castrense, que se incrustó en las regiones más pobres y combativas de nuestra entidad. Las cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana acaecidas en Guerrero, fueron protagonizadas por el ejército. Se comprobó de manera fehaciente que los elementos del instituto castrense fueron los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos; como la desaparición de Rosendo Radilla, el 25 de agosto del 1974; las torturas infligidas contra los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera el 2 de mayo de 1999, y las torturas sexuales causadas contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, consumadas en febrero y marzo de 2002. Es un ejército que arremete con todo su poder contra comunidades rurales empobrecidas y que causa daños irreversibles a las personas y a las mismas localidades serranas. Un caso grave que se encuentra en la Comisión Interamericana es el de las ejecuciones arbitrarias de 11 indígenas y un estudiante, en la comunidad Ñu savi de El Charco, el 7 de junio de 1998. Después de 23 años las viudas que padecen los estragos de la pobreza y la estigmatización de la lucha digna de sus esposos, siguen sin encontrar justicia.
En el informe de fondo sobre el caso del Charco emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que las víctimas no llevaron a cabo acciones judiciales debido al temor generalizado en la región; a la ausencia de garantías dentro de un contexto político de violencia, y del poder que ostenta el aparato militar, que por décadas ha cometido impunemente violaciones sexuales contra mujeres. En Ayutla de los libres hay muchos casos de personas que fueron desaparecidas, asesinadas, torturadas y detenidas arbitrariamente. Sus familiares sufrieron en silencio y han soportado por años el terror impuesto por el ejército.
En el 2004, Amnistía Internacional publicó un informe donde analizó 6 casos de mujeres indígenas sobrevivientes de tortura sexual. En la caracterización de los casos concluyó: las mujeres pertenecientes a grupos indígenas se enfrentan a una discriminación múltiple a manos de una serie de instituciones, y especialmente tienen que hacer frente a un trato descuidado y desdeñoso por parte del sistema judicial tanto militar como civil, que les niega la reparación y el resarcimiento.
Quienes se han atrevido a enfrentarse a las barreras culturales, económicas y sociales que existen para pedir un resarcimiento al Estado, han tenido que luchar contra un sistema que ofrece mala asistencia médica y exámenes forenses de mala calidad, y contra un sistema judicial que parece reacio a proporcionar siquiera las garantías mínimas de un resultado satisfactorio.
El informe señala, que además del largo camino al que se enfrentan las mujeres indígenas para conseguir justicia, se ven forzadas a padecer un viacrucis para el tema de la reparación. Porque no se trata solo que las autoridades investiguen y castiguen a los militares responsables en los tribunales civiles, se exige también una reparación integral, que no se restrinja al ámbito individual, sino sobre todo, debe tomar en cuenta las causas estructurales de este agravio, el impacto intercultural y los daños comunitarios.
En este ámbito de la lucha por la reparación, tanto Inés Fernández como Valentina Rosendo, han sido tenaces. A pesar de las múltiples amenazas que han padecido, no han sucumbido. Son un ejemplo de persistencia y mucho valor. Lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas de reparación comunitarias en las sentencias del 2010. En el caso de Valentina se ordenó la creación de un Centro de Salud en Caxitepec, municipio de Acatepec y en el caso de Inés determinó la creación de un Centro Comunitario y Albergue de niñas y niños en Ayutla de los Libres. En cuanto al Centro de Salud, las autoridades cumplieron con lo mínimo, porque hasta la fecha no cuenta con personal médico ni hay medicamentos necesarios para garantizar una atención básica. En tiempos de pandemia, este descuido institucional es sumamente preocupante, porque se ha dejado que las mujeres indígenas resuelvan a su modo un problema severo. Con relación al Centro Comunitario, Inés ha tenido que batallar por más de una década. La construcción del centro quedó inconcluso en el período de Enrique Peña Nieto. A nivel estatal, hubo un manejo fraudulento de los recursos en la administración de Aguirre Rivero. En el 2019, con el nuevo gobierno de Andrés Manuel, se retomó el caso. Fue a través de la secretaría de gobernación que se coordinó con el gobierno de Héctor Astudillo para concluir la construcción del centro. Aún persisten fallas graves, como la carencia del servicio de energía eléctrica y el insuficiente mobiliario para su adecuada operación.
En la audiencia privada de seguimiento de las sentencias de ambos casos, que se realizó el primero de octubre de 2020, la jueza y los jueces del máximo Tribunal Interamericano, señalaron su preocupación por el abandono de las instalaciones del Centro Comunitario y Albergue de niñas y niños en Ayutla de los Libres. Reiteraron que por ser una de las reparaciones comunitarias que causaría un impacto favorable en las mujeres indígenas de Ayutla, resulta impostergable para el estado mexicano, la conclusión de este gran proyecto. Ante el emplazamiento del tribunal internacional, el gobierno mexicano tuvo que atender el reclamo de justicia de Inés Fernández.
La medida de reparaciones comunitarias fue reapropiada por Inés y las mujeres de su comunidad. En su diseño está que las mujeres coordinarán los trabajos y contarán con un equipo de profesionistas que hablen la lengua Me’phaa, para brindar una atención acorde a su realidad sociocultural, en su lengua materna y con perspectiva de género. Su proyecto tiene un sello propio: Gúwa Kúma “la Casa de los Saberes”, es decir, la casa de las sabias. Después de tanto bajar y subir la Montaña, para exigir que el gobierno federal cumpliera con esta resolución, Inés Fernández y las mujeres que conforman el grupo de embajadoras, por fin verán cristalizados sus sueños, este viernes 17 de septiembre, cuando el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas y el gobernador Héctor Astudillo, inauguren la Casa de los Saberes, en Ayutla de los Libres.
Para las mujeres indígenas de la Costa Montaña, el centro comunitario representa una victoria colectiva que viene de lejos. Es un camino tortuoso que abrieron las mujeres que fueron víctimas de ultrajes por parte del ejército, las que sufrieron humillaciones, escarnio y violencia institucionalizada. En medio de estas adversidades han logrado vencer el machismo comunitario y demostrar que son capaces de construir sus propios proyectos. La casa de los saberes es un espacio que abre sus puertas para las nuevas generaciones de mujeres que tienen la responsabilidad de consolidar la defensa de sus derechos como sujetos pensantes y con gran combatividad. Sus nuevos aprendizajes estarán nutridos de las luchas emblemáticas de las mujeres indígenas que han denunciado las tropelías del ejército y que han pagado cara su osadía, para que tomen en cuenta su palabra y se respeten sus derechos. La casa de los saberes busca ser un espacio vital y comunitario, para dignificar la vida de las mujeres de la Montaña. Contarán con abogadas, psicólogas y personal médico del pueblo me’ phaa, que recibirán la atención que se merecen.
La inauguración de la Casa de los Saberes es uno de los primeros pasos para el cumplimiento de la medida de reparación considerada por la CoIDH; sin embargo, su cumplimiento dependerá de su efectivo funcionamiento, por eso se necesita la voluntad del Estado mexicano, para atender los planteamientos de Inés Fernández y las mujeres embajadoras. En esta casa, que compartirán con sus hijas e hijos, promoverán sus derechos, contarán con servicios básicos y cultivarán las bellas artes. Será un espacio diferente a las instituciones públicas, donde las voces de las mujeres indígenas serán la guía y la inspiración en este nuevo caminar de las mujeres de la Montaña.
Publicado originalmente en Tlachinollan
