Una fila de trece niñas en el estrado de un auditorio bajo las luces del escenario: todas llevan camisas plomas y pantalones marrones, parecen fúnebres uniformes de colegio. No están alegres, como corresponde, sienten vergüenza. Algunas tienen unos niños cargados. La mayoría tienen la cerviz agachada, el cuello pegado al pecho, la mirada perdida. Una que otra, esconde la cara detrás del cuerpo de sus hijos. Exacto: son niñas madres que la congresista y pastora evangélica peruana, Milagros Jáuregui de Aguayo, exhibe bajo la excusa de un coro navideño en su “refugio de niñas abusadas” nombrado —con una ironía feroz— La casa del Padre. Son niñas violadas, incluso por sus propios padres y abuelos, que esta congresista moralista ha obligado a llevar hasta el final un embarazo, de por sí, extremadamente peligroso.

En mi país el aborto está criminalizado para todos los casos, excepto cuando está en riesgo la vida de la madre. El aborto terapéutico se despenalizó en 1924 pero más de cien años después está bajo el acecho de los fundamentalistas. Después de noventa años y una gran presión del movimiento feminista, el Instituto Perinatal de Lima ha producido un protocolo que recomienda el aborto terapéutico para menores de edad hasta la semana 22 del embarazo. La pastora Jáuregui hace lo posible e imposible para que estas niñas no sean incluidas entre las excepciones. Su lema es “salvar las dos vidas” y su práctica presionar a los médicos directores de las maternidades. El jefe de su partido político, Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de la República para las elecciones de abril 2026, ha propuesto la ley para darle documento de identidad al feto. No solo han publicado leyes del “Niño no nacido” sino que ahora quieren documentar a un cigoto.

Las fotos que se filtraron a la prensa y las redes sociales han creado el primer escándalo electoral. La actual congresista Norma Yarrow, del mismo partido de Jáuregui, y ahora candidata a la vicepresidencia, ha salido a dar un discurso en contra de su compañera, con la intención de fijar posición. López Aliaga la ha desautorizado con un silencio lapidario. Pero las redes hierven. Por primera vez en años, la indignación en contra de la exposición de las niñas ha acallado el discurso religioso ultraconservador. La red feminista Las Lilas, de la que formo parte, ha denunciado penalmente a Milagros Jáuregui por siete delitos, incluyendo tortura.

El caso de las niñas violadas expuestas en carrera electoral no es una isla sino el producto de un sistema patriarcal encallecido por el machismo. Y como sabemos, no son solo los hombres quienes lo sostienen, sino las mujeres funcionales que organizan sumisiones de mujeres con el fin de tener un reconocimiento extra, como los kapos en los campos de concentración.

Hace pocas semanas, en Arequipa, al sur del Perú, una niña de ¡diez años! violada por su padrastro fue atendida en un centro de salud que diagnosticó el embarazo. Tenía 20 semanas. Las enfermeras y médicos, así como los fiscales que conocieron el caso, se demoraron y de esa manera se traspasó la semana 22 que indica la fecha límite para practicar la intervención quirúrgica. El violador está en la cárcel —también violaba a la hermanita de 5 años— pero los fiscales y funcionarios de salud continúan sin ningún tipo de sanción por no haber protegido a la niña que ahora enfrentarun embrazo de alto riesgo.

Todo esto a pesar de la resolución de Naciones Unidas por el caso Camila. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU en el año 2023 determinó que el Estado peruano vulneró derechos a la salud y vida de la niña por no permitir el aborto terapéutico en un caso idéntico al anterior: una niña violada por el padre a la que el Ministerio de Salud impide un aborto terapéutico. A las pocas semanas aborta espontáneamente y las enfermeras asisten a la casa de la niña con la policía para denunciarla por interrupción del embarazo. Un sistema perverso basado en la moral de castigar a la víctima en lugar de proteger el valor superior de la vida de las niñas.

En mi país las niñas y mujeres sufren una violación o agresión sexual cada 40 minutos. Durante el año 2025, los servicios de los Centros de Emergencia Mujer han registrado 13,000 agresiones, usualmente perpetrados por el propio padre (20%), por el padrastro (25%) o por los abuelos, tíos y primos (20%). ¿Qué ha hecho el Estado para prevenir estos casos? Absolutamente nada. Es más, ha elegido presidente de la nación, a un hombre denunciado por violación sexual. En otras palabras, para el statu quo político, la vida de las niñas no vale ni una hoja de papel arrugada.

¿Y si las niñas son indígenas? Mucho menos: en la zona de Condorcanqui (Amazonas), norte del Perú, donde la mayor población son indígenas awajún y wampis, se produce desde el año 2011 la violación sexual masiva de niñas escolares por sus propios profesores interculturales. En junio de 2020 se produjo un incendio en la Unidad Educativa de Condorcanqui que provocó la pérdida de expedientes por violencia sexual. En 2024 un exabrupto del ministro de educación que calificó la violencia sexual de los profesores como “tradiciones culturales awajún” y que se convirtió en un escándalo estatal permitió que la Fiscal Delia Espinoza diera presupuesto y trasladara a fiscales y médicos legistas a la zona. Hace una semana, el nuevo fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez, retrocedió y retiró a todos los fiscales y médicos. Las madres y profesoras de Nieva y toda esa zona están en las calles exigiendo que regresen pero ni la lámpara maravillosa alumbra.

En mi país la tolerancia a la violencia sexual es altísima. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales – ENARES 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y aplicada a 20 mil personas, tres de cada cuatro peruanos (hombres y mujeres) tolera la violencia sexual, el 69.7% de los varones justifica la violación sexual y el 87.8% del universo total son sexistas. En el año 2020 la tolerancia era de 51.6% pero la pandemia y algo extraño que nos está pasando la elevó ¡25 puntos en cinco años!

La vergüenza de esas niñas azoradas en esa exhibición pública debería marcarnos a fuego el rostro para llevar, como responsables de tolerar lo intolerable, la marca de la bestia. No sé de los otros, pero yo la llevo, y me duele.