Los pueblos latinoamericanos que resisten el neoliberalismo han creado un instrumento importante y valioso como las consultas populares, de las cuales han celebrado varias decenas para detener megaobras como aeropuertos e hidroeléctricas, minería a cielo abierto y hasta leyes que consagran la impunidad de quienes violaron los derechos humanos.

Con sorpresa, constatamos que algunos progresismos pretenden usar mecanismos similares para profundizar el neoliberalismo.

Las consultas o plebiscitos organizados por colectivos locales son un camino para fortalecer la posición de los movimientos ante el modelo extractivista.

En Uruguay, en 1989 una amplísimo movimiento popular contra la impunidad llevó a plebiscito la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con la que el primer gobierno pos dictadura pretendía perdonar a los militares violadores de los derechos humanos.

Apenas aprobada la ley por el parlamento, un terremoto social recorrió el país.

En pocas semanas se formaron más de 300 comités en Montevideo para recoger firmar y derogar la ley.

Hubo trampas burocráticas que obligaron a una impresionante movilización social: 30.000 brigadistas recorrieron todas las viviendas del país pidiendo firmas, dialogando con los vecinos y retornando hasta seis y siete veces para hacer efectiva la rúbrica.

Ese movimiento cambió el país y creó una nueva conciencia sobre los derechos humanos.

Pero el plebiscito se perdió en 1989 (60 por ciento votaron a favor de la impunidad) y esa derrota supuso un batacazo para el movimiento popular.

La enseñanza fue que las cuestiones éticas no deben someterse a consulta, pero la herramienta se instaló como forma de frenar los procesos de privatizaciones, con gran éxito en la década de 1990.

En otros países sucedió algo similar.

En Argentina los movimientos convocaron un plebiscito en Esquel (una ciudad de 30 mil habitantes), en 2003, contra la mina de oro y plata que pretendía instalar de Meridian Gold.

El movimiento lo inició una comunidad mapuche y los vecinos crearon la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, que consiguió que el 81 por ciento de la población votara contra la minera, pese a que todos los partidos de la provincia la apoyaban.

Fue el comienzo de un amplio movimiento nacional contra la minería y el extractivismo que se agrupa en la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde participan personas de más de cien pueblos y ciudades de todo el país.

En Tambogrande (Perú) se realizó otro plebiscito en 2002 con resultados similares y en los años siguientes hubo decenas de consultas en varios países de la región, entre los que cabe destacar los más recientes realizados en Colombia contra mineras.

Aprendimos varias cuestiones importantes. Las consultas fortalecen a los movimientos cuando son convocados por ellos, en las mismas localidades donde se proyectan emprendimientos extractivos o grandes obras de infraestructura (hidroeléctricas, aeropuertos y puertos).

El punto central es quiénes deben pronunciarse. No tiene sentido que todo un país decida lo que se va a hacer en un territorio, ya que le corresponde sólo a la población afectada.

En México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador convocó una consulta sobre la construcción de un nuevo aeropuerto en Atenco, donde la población lleva casi dos décadas peleando para evitarlo.

La consulta fue realizada entre el jueves 25 de octubre y el domingo 28, votaron un millón de personas y el 70 por ciento se pronunciaron en contra de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, donde las obras ya están avanzadas, y optaron por ampliar la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Toluca, estado de México.

Aunque el resultado fue satisfactorio para la población de Atenco, esta metodología presenta varios problemas.

El primero es que la consulta la organiza un partido político, el Morena de López Obrador, y que por lo tanto participa un reducido número de personas: un millón en más cien millones de habitantes.

La segunda es que se pronuncian personas que viven a miles de kilómetros del emprendimiento.

La tercera es que las preguntas son decididas por el presidente electo y su núcleo más cercano, sin debate previo ni participación de la sociedad civil y los movimientos sociales.

La cuarta es que no es vinculante.

Ahora se convoca una nueva consulta para el 24 y 25 de noviembre con diez preguntas sobre grandes proyectos del gobierno que asume una semana después.

Entre ellas figuran tres mega proyectos que cambiarán las regiones donde se instalan.

Uno es el Tren Maya, que recorrerá 1.500 kilómetros en los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, que servirá para la extracción de riquezas naturales.

El segundo es el Corredor Transístmico, entre los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz, que une ambos océanos y puede competir en el futuro con el Canal de Panamá.

Junto a estos proyectos se consulta la duplicación de las pensiones, otorgar un millón de pensiones a discapacitados, acceso internet de forma gratuita a toda la población, becas a estudiantes y la reforestación de bosques y selvas, entre otros.

A mi modo de ver, esto es una burla y una estafa. Se mezclan en la misma consulta grandes proyectos extractivos y neoliberales con políticas sociales que son positivas.

Es evidente que se busca confundir, no abrir debates que son necesarios y demandan tiempo.

Algunas de esas megaobras ya tienen incluso fecha de comienzo el próximo 16 de diciembre sin siquiera esperar los resultados de la consulta.

Este 19 de noviembre mayas de 44 pueblos y comunidades exigieron en Mérida el respeto a su libre determinación y autonomía.

Días después, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México, así como miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente y activistas, rechazaron la consulta en una carta abierta a López Obrador.

En particular exigen la consulta a los pueblos afectados, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Lo que está sucediendo en México es dramático porque este progresismo -muy inferior en cuanto a sus ambiciones al que conocimos en Sudamérica– utiliza mecanismos que han creado los pueblos para detener el neoliberalismo, para el objetivo opuesto: facilitar la profundización del modelo de exclusión y muerte.

Publicado originalmente en Re-uita