“No se ganó un amparo, lo que hizo el juez fue aplicar el principio precautorio” aclaró el abogado René Sánchez Galindo, uno de los referentes de la Colectividad del Maíz que sostiene, desde Setiembre de 2013 una demanda judicial que tiene frenado al maíz transgénico a las tierras de su diversidad original. Este principio advierte que ante fundadas sospechas de que un producto pueda causar daño al ambiente y la salud humanas, se adopten medidas preventivas contra el mismo, aún sin tener evidencia científica cabal de cuál es el daño.

Lo que importa, entonces, es dimensionar la importancia de la medida tomada por uno de los magistrados intervinientes en esa causa, el juez Soto Sánchez: México pasa a ser uno de los pocos países en los que el transgénico de maíz no puede ser sembrado comercialmente.

No sólo eso, sino que además, de oficio, el juez estableció un protocolo de consulta a las partes en litigio ante cualquier permiso que algunas de las mega empresas dedicadas a la transgénesis solicite para que sea liberado experimentalmente.

Para ser cultivado, un trasngénico debe obtener el permiso de la secretaría de Agricultura (SAGARPA), y puede solicitarlo en algunas de las siguientes modalidades: la liberación comercial, la experimental o el piloto.

Hasta la resolución de Soto Sánchez, las empresas podían solicitar permisos para sembrar el maíz de manera experimental, en parcelas de no más de 10 hectáreas. A pesar de que la siembra comercial está prohibida, sí se les permitía a las empresas sembrar experimentalmente, porque los permisos habían sido otorgados antes de que el Colectividad del Maíz interpusiera su demanda.

“Habían otorgado los permisos de siembra experimental sin que pudiéramos opinar al respecto” relató el abogado.

Hasta la resolución, lo que establece la ley de Bioseguridad mexicana es que debe hacerse una consulta previa, pero esa instancia no es vinculante, es decir: se consulta a la población pero lo que ésta decida no obliga a atender lo que esta diga.

“El procedimiento previsto en la ley de Bioseguridad no nos permitía intervenir. La resolución actual establece que antes de otorgarse un permiso de siembra experimental se debe hacer una evaluación con las partes. Es un visto bueno más que un permiso judicial. Cada etapa va a estar evaluada por el juez y va a escuchar a las partes”, agregó Sánchez Galindo.

Además, antes de sembrar experimentalmente, la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) evaluarán los impactos del herbicida glifosato en la salud y el ambiente. Las evaluaciones serán enviadas al juez de la causa y los científicos demandantes podrán opinar al respecto. Pedir, incluso, que se revoquen los permisos.

El abogado advirtió que el condicionamiento también rige para un tipo de siembras piloto, porque el otro tipo previsto, – la siembra piloto sin medidas de contención – también está suspendido. Entonces, la siembra piloto con medidas de contención pasa a estar ahora condicionada.

“Antes de que la Colectividad del Maíz – integrada por 53 personas y 20 organizaciones civiles – no había posibilidad de intervenir en igualdad de condiciones en el proceso de otorgamiento de permisos. Tal es así que ya tenían algunos. Con el condicionamiento nos permiten intervenir en igualdad. Ordena la sentencia, que el juez podrá revocar estos permisos ya sea de oficio o a petición de parte, a partir de las evaluaciones pertinentes”

Por su parte, Monsanto – que aunque no la única, es la cara visible de las empresas – adelantó a los abogados que va a contraatacar. “Estuve en un debate con Rodrigo Ojeda, abogado de Monsanto y fuera del aire adelantó que la empresa va a presentar un amparo en contra de la decisión del juez. No nos preocupa, sería el sexto amparo que la empresa presenta contra la suspensión de siembra. Habiendo ganado los 5 anteriores, sabemos que no van a ganar con la simple presentación del recurso judicial.”

Foto: Maíz criollo