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¿Justicia o atraco neoliberal? El Istmo de Tehuantepec resiste ante respaldo de la SCJN a megaproyecto

Inés Durán Matute / CIESAS-Occidente

Desde el martes 30 de octubre por la mañana el exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convirtió en el escenario de protesta de diversas y variadas luchas que buscan en distintos ámbitos de la vida la justicia: los jubilados, los braceros, el movimiento Regulación por la Paz, y el pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Estos últimos pelean la cancelación del megaproyecto Eólica del Sur, él cuál el Estado mexicano ha querido legitimar a toda costa. Ellos denuncian que este está sustentado en una consulta amañada, y que de aprobarse la resolución presentada por el ministro Cossío se sentaría un precedente en contra de los pueblos.  

 

Eólica del Sur y el ‘desarrollo’ de los pueblos 

El megaproyecto Eólica del Sur es una reformulación del proyecto Mareña Renovables que buscaba instalarse en la comunidad San Dionisio del Mar. Sin embargo, en 2012, las comunidades pertenecientes en ese entonces a la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y Territorio (APIITDTT) –San Dioniso del Mar, Alvaro Obreg]on, San Francisco del Mar, Santa María Xadani, Unión Hidalgo y Juchitan– y la Asamblea de San Mateo del Mar que coordinaban en conjunto la defensa del territorio lagunar, lograron que se rechazara. Ahora con la reformulación de este megaproyecto se pretende instalar 132 aerogeneradores en la zona de Juchitán y El Espinal, con la aprobación de las comunidades involucradas.2 No obstante, justamente lo que alegan las comunidades es que no tienen su aprobación, puesto que la consulta no fue libre, informada y previa. Esta estuvo plagada de irregularidades como son los acarreados, la compra de votos y las amenazas. Además, señalan que la energía producida será para uso exclusivo de la multinacional FEMSA. En este sentido, se favorecen los intereses del gran capital a costa de aquellos de los habitantes de la zona que son obligados a pagar altas cuotas de electricidad, y sufren problemas de salud. Así, tal como lo denuncian, sus habitantes, esta energía esta lejos de ser verde y social, sino que es industrial, la cuál daña el tejido social y los ecosistemas de sus comunidades.  

La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y Territorio (APIITDTT), la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) – Movimiento de Liberación y la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) – Radio firmaron un amparo donde señalan estas irregularidades. No obstante, este se pretende negar y resolver a favor del megaproyecto. Esto crearía un precedente para legitimar el despojo a las comunidades indígenas ante cualquier proyecto de ‘desarrollo’. Eólica del Sur no se puede entender así de manera aislada, pues son varios los interesados tanto nacionales como extranjeros en la promoción de estos proyectos en suelo mexicano. El Estado ha actuado como un aliado del capital impulsándolos a lo ancho del país con la justificación de la supuesta creación de empleo y la posibilidad de riqueza y crecimiento económico. Sin embargo, lo que han demostrado es ser una manera para manipular a la sociedad mientras se agudiza la desigualdad y la fragmentación social, el racismo y la violencia. Asimismo, las consultas están demostrando ser tan solo un mecanismo para legitimar este despojo, pues mientras algunas se imponen a la fuerza otras excluyen a los afectados careciendo de toda validez (tal como la reciente consulta del nuevo aeropuerto). 

 

 

Eólica del Sur no es el único proyecto impulsado en el Istmo, una región devastada por el sismo del 2017, que da pie al asistencialismo y a la expansión del ideal de ‘desarrollo’. Este megaproyecto, entonces, debe de ser contextualizado en la implementación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y el Tren Transístmico que conectará los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Estos están destinados al libre tránsito de mercancías y al desarrollo de un corredor industrial. De hecho, el gobierno mexicano define a las ZEE como “un área delimitada geográficamente, ubicada en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. Su objetivo es democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país”.3 En este sentido, el discurso de ‘desarrollo’ es utilizado para justificar el despojo y es funcional a la gobernanza neoliberal que busca explotar los cuerpos y los territorios. 

 

 

La resistencia de las comunidades del Istmo  

Se organizó un contingente con integrantes de dos organizaciones más amplias y de larga data: la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y Territorio (APIITDTT) y la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) – Movimiento de Liberación. Alrededor de la una de la tarde del ese martes llegó a la SCJN una comitiva de 70 personas de cinco comunidades del Istmo. Ellos habían decidido viajar para estar presentes en la discusión y manifestarse, tal como un joven juchiteco me comentó “como no nos escuchan tuvimos que venir”. Ellos llevan años luchando contra distintos proyectos y han enfrentado amenazas de muerte, pero siguen en pie de lucha dispuestos a dar la vida. Para los integrantes de la APPIITDTT, por ejemplo, su lucha es un proyecto de vida que busca el bien no solo para sus comunidades sino para todos los que son azotados por la violencia, el desplazamiento, la desigualdad, el despojo y la muerte.   

 

 

Ese día los representantes legales del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR entregaron una carta firmada por organizaciones, comunidades, académicos y la sociedad civil, pidiendo la cancelación de los permisos otorgados a la empresa Eólica del Sur y la reparación a la comunidad por la violación a sus derechos humanos. Lograron también concretar una cita con la ministra Piña a las dos de la tarde en la que participaron siete mujeres de las comunidades del Istmo. Ellos decidieron que no se moverían de la SCJN, y realizaron un plantón. El día siguiente, el miércoles 31 de octubre, por la mañana comenzó la discusión a puerta cerrada y para la una de la tarde se abrió la sesión al público. 

Mientras un grupo de representantes de sus movimientos entró, otros permanecieron afuera reclamando justicia. De hecho, el contingente creció por la solidaridad y apoyo de otros sectores y movimientos. La APIITDTT cuenta con el respaldo del Congreso Nacional Indígena y está vinculada a la Red Nacional de Resistencia Civil. Además, otros movimientos, como el Frente en Defensa de la Salud y Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto, se han solidarizado con las comunidades del Istmo y estuvieron presentes. Al final fueron entre 150 y 200 personas las que estuvieron a su lado acompañándolos y apoyándolos. En este sentido, el contingente ha hecho a un lado la división política, y ha buscado ser estratégico creando alianzas entre los distintos sectores y movimientos.  

Ellos le apostaron al sistema judicial como una de las vías para defender su territorio, pero se han encontrado que este se ha dedicado a proteger a las elites económicas y políticas. Asimismo, las leyes y reformas que el gobierno está implementando buscan pisotear a los pueblos, por lo que llaman a la unión para construir las cosas desde abajo, es decir, como lo viene impulsando el Concejo Indígena de Gobierno, construir un gobierno autónomo e independiente si las instancias no les dan los resultados que buscan. Ellos seguirán organizándose y resistiendo desde abajo y a la izquierda para no ser despojados de sus territorios y vidas. Por lo pronto, la resolución no se dio ya que no se discutió el caso y fue aplazado para el miércoles 14 de noviembre. Al final de la jornada ante la multitud que se encontraba a las afueras de la SCJN así lanzaron los gritos: “¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!”, ¡Fuera Eólica del Sur de Juchitán!, ¡Fuera los megaproyectos de muerte!”, “Seguimos en esta lucha, estamos aquí y seguiremos defendiendo nuestro territorio”. 

Demandemos JUSTICIA y hagamos ruido para que los ojos de México y del mundo estén puestos en la SCJN, porque la legalización del despojo a los pueblos del Istmo es la legitimación del atraco neoliberal en contra de todos nosotros.

 

1 Invierte Eólica del Sur en Oaxaca 21 mil mdp, El Universal, 22 de noviembre de 2017. http://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/22-11-2017/invierte-eolica-del-sur-en-oaxaca-21-mil-mdp

2 Las Zonas Económicas Especiales de México, Secretaría de Economía, 2 de junio de 2016. https://www.gob.mx/se/articulos/las-zonas-economicas-especiales-de-mexico

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