Foto: Télam

A un mes de la jura de la reforma constitucional, Jujuy vive con pedidos de capturas, falta de información sobre detenidos, universidades amenazadas y policías infiltrados. Una multitudinaria movilización a 47 años de la Noche del Apagón unificó la Memoria, Verdad y Justicia con las denuncias contra el gobernador. Las comunidades indígenas mantienen los cortes y marchan a la Corte Suprema y el Congreso nacional.

Desde Jujuy

“Si tenemos que morir en la ruta, moriremos; pero nunca aceptaremos la reforma constitucional”, sentencia María Guadalupe Tolaba, integrante de la Red Puna en la Quebrada de Humahuaca. Habla de la reforma promovida por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que no tuvo el proceso de consulta tal como lo prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como una de las tantas irregularidades que se viven en Jujuy desde el proceso Constituyente y a partir de que se aprobó la reforma el 20 de junio pasado.

En San Salvador de Jujuy, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) denuncia que continúan las detenciones y allanamientos irregulares. “No hay información oficial porque todo lo oficial es irregular”, sentencia Gabriela Gresores, integrante de la asociación docente. Ayer se conoció que fueron liberadas tres personas detenidas en la represión de Humahuaca ocurrida a principio de mes, cuando el pueblo se movilizó para que el Concejo Deliberante local declarara su rechazo a la reforma. 

Mientras tanto, las comunidades originarias sostienen doce cortes de ruta en toda la provincia para exigir la nulidad desde hace un mes, sin haber existido nunca un llamado al diálogo por parte del gobierno de Morales. La asamblea del Tercer Malón de la Paz —que reúne a los voceros de las comunidades originarias en el corte de las rutas 9 y 52 en Purmamarca— anunció una caminata hacia la Corte Suprema y el Congreso de la Nación.

Los maloneros y maloneras partirán este lunes 24, desde Jujuy, para llegar los primeros días de agosto a la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del Tercer Malón es exigir el pronunciamiento del máximo tribunal sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades y por el Gobierno nacional. Al Poder Legislativo le solicitarán que trate la intervención provincial y una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

A 47 años de la Noche del Apagón

Este jueves se cumplieron 47 años de la Noche del Apagón, el plan criminal que la última dictadura cívico-militar aplicó en la localidades jujeñas de Libertador General San Martín y Calilegua, cortando el suministro de la usina eléctrica, para secuestrar a estudiantes, militantes y sindicalistas en las noches del 20 al 27 de julio de 1976. Los camiones en los que se realizaban los secuestros fueron aportados por la empresa Ledesma.

Las calles de Libertador General San Martín y Calilegua se vieron convulsionadas ayer por la mayor Marcha de los Apagones que se recuerde. Las organizaciones de Derechos Humanos de Jujuy calcularon que unas 10 mil personas recorrieron el trayecto entre las dos localidades recordando a los detenidos y desaparecidos del terrorismo de Estado en asociación con la empresa Ledesma. A los reclamos de Verdad, Memoria y Justicia, se le agregaron las arengas de “Arriba las Whipalas, abajo la reforma”, los reclamos salariales y laborales de los docentes y el ya reiterado pedido de “libertad para Milagro Sala”.

“Antes éramos los subversivos y ahora somos los sediciosos. Las viejas prácticas del terrorismo de Estado siguen vigentes”, dijo Vicente Cáceres, estudiante detenido y torturado durante La Noche del Apagón, con la fotografía de Víctor Hugo Zafarov, detenido-desaparecido, cuyos restos fueron hallados en el Pozo de Vargas.

“Recordamos a nuestros familiares, seguimos exigiendo justicia y reclamando la verdad, y siempre tenemos los reclamos de lo que está pasando ahora. El gobernador (Gerardo Morales) le hace mal a la tierra y a sus hijos. Les hace mal a las comunidades originarias, a la Pachamama, y eso es muy triste porque está afectando a los hijos de los hijos de mañana. Le recuerdo que la vida siempre tiene vueltas y que todo lo que está arriba luego estará abajo”, dijo Ángela Herminia Córdoba, hermana de los jóvenes detenidos-desaparecidos Leandro Rodolfo y Germán Tomás Córdoba, con su pañuelo blanco encabezando la marcha.

Un mes de persecución política en los territorios

La integrante de las comunidades originarias de la Quebrada sostiene que el gobierno de Jujuy ya está aplicando las reformas que fueron aprobadas en la jornada del último 20 de junio. Afirma esto porque el texto de la nueva constitución le brinda plenos poderes a la figura del gobernador en desmedro de las garantías de la Constitución Nacional.

“Morales tiene un plan sistemático para meter miedo a la gente. Y lo hace en pleno ejercicio de su reforma que le da el control de los tres poderes del Estado”, asegura. Para describir ese plan, la referenta de la Red Puna –que integra el Tercer Malón de la Paz – y describe cómo se llevan detenidos a los dirigentes sindicales y de las comunidades indígenas, que sus familiares deben pasar horas buscándolos sin saber dónde están apresados, que los abogados que acompañaban a las comunidades tienen pedidos de captura y otros ya cumplen prisión domiciliaria, que descuenta los salarios a los docentes que cumplen medidas de fuerza en La Quiaca y Abra Pampa.

Tolaba también señala cómo en este último mes, el gobierno de Jujuy amenazó con recortar programas sociales a integrantes de las comunidades originarias, que puso infiltrados en los cortes, que utiliza camionetas de empresas privadas para que la Policía salga de cacería, inclusive en las casas de los dirigentes. Morales también atemoriza con causas a los periodistas, abre causas a docentes universitarios.

“Todas estas acciones son realizadas, de manera sistemática, en nombre de la paz social. No tiene sentido lo que dice con lo que hace. Lo único que busca es meter el terror en la gente y nosotros tenemos miedo, pero no vamos a dejar los cortes”, advierte la integrante de la Red Puna. La dirigenta brinda el panorama de una provincia que vive atemorizada por el Estado. Hay gente que estuvo escondida porque no pueden acudir a la Justicia, menos a los medios provinciales, no pueden actuar los abogados y ni pensar en peticionar ante el Poder Legislativo.

“Yo tenía 10 años en el golpe del 76. Pero recuerdo a mi madrina que le desaparecieron a un familiar. Como en esos tiempos, hoy la Policía entra en las casas y se llevan gente que no nos informan dónde quedan detenidas. Es el mismo miedo, los ruegos en las comisarías, los silencios en los juzgados. Así estamos ahora. Ni a la prensa podemos acudir”, explica.

Para la dirigenta, la reforma tiene como único camino la explotación de la minería en general y del litio, en particular. Sostiene que la nueva constitución provincial parte del beneficio para unos pocos en desmedro de las mayorías cuando debería ser al revés: las garantías de una Constitución deberían estar aseguradas para las mayorías. “Además, atenta contra la propiedad comunitaria de las comunidades en nombre del supuesto desarrollo”, señala respecto de artículos como el 72, 74 y 75, que dejan en manos del Estado el manejo de los recursos naturales y la explotación del agua.

“Van a romper las venas de agua y eso afectará el modo de producción de las comunidades. Los indígenas no vivimos de la minería. Nosotros somos agricultores, tenemos ganado menor, practicamos el pastoreo, realizamos artesanías, tejidos, cerámicas. Cuando no tengamos agua se nos muere nuestro modo de vida. Lo que hace este Gobierno es apostar solamente a la minería y eso es un error estructural. Hablemos dentro de 20 años para ver cómo dejan a la Pachamama sin agua. ¿Qué haremos entonces los pobladores de estos cerros? ¿A dónde iremos? ¿De qué viviremos?”, alerta Tolaba.  

Jujuy resiste en las rutas

Al cumplirse un mes de la represión del 17 de junio en el corte de Purmamarca, la asamblea del Tercer Malón de la Paz confirmó la persistencia de los bloqueos en las rutas de la provincia hasta que se declare la nulidad de la reforma constitucional. Los puntos que mantienen las comunidades originarias con bloqueos intermitentes e informativos son: La Quiaca, Abra Pampa, Coranzulí, Susques, Cuenca de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc, Cruce de Iturbe, Hornaditas, San Roque, Uquía, Tusaquillas, Tilcara y Purmamarca.  

En Tilcara, los cortes adquieren los colores del paisaje y de algún relato surrealista de Héctor Tizón. El periodista Camilo Haro Galli, a quien el gobierno de Morales le abrió una causa por informar, brinda una mini crónica que puede ser el resumen de una novela de realismo mágico. “Los turistas llegan y muchos no tienen idea de lo que sucede. Los medios nacionales no dicen lo que pasa en La Quebrada. Entonces, la gente comienza a interiorizarse del conflicto y muchos apoyan a los indígenas; dejan comida y recursos. Hay hasta historias de amor en los tiempos de los cortes. Una docente de Purmamarca y un turista extranjero que ya se instaló en estas tierras en apoyo a los indígenas. Una mexicana que pasó por unos días y ya lleva casi un mes sacando fotos y acompañando. En los bloqueos hay radicales, científicos y hasta hoteleros apoyando el reclamo”, describe.

Cuando los cortes comenzaron a flexibilizarse en La Quebrada, Morales tiró nafta al fuego. Arremetió contra las dos sedes universitarias nacionales de Tilcara. “Lo hizo porque sus trabajadores participaban de los cortes, ese fue el delito”, sostiene Galli. La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) tiene 50 trabajadores no docentes y 20 docentes en Tilcara. Llevan años viviendo y trabajando en La Quebrada y ya son parte de la comunidad. Sólo cinco de ellos son porteños. A pesar de eso, Morales cuando justificó el ataque contra las sedes universitarias salió a decir que son “porteños los que instigan la violencia”.

“Violencia es reprimir al pueblo”, dice Haro Galli. “Debemos ser el único pueblo de menos de 10 mil habitantes que tiene sedes de dos universidades nacionales y con dos posgrados. Y la comunidad defenderá a sus sedes y a sus trabajadores”, explica la comunión entre docentes y comunidades.

Cuando la Policía volvió a las universidades

En San Salvador la situación de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) es crítica. Además del ingreso de la Policía provincial al claustro, violando la autonomía universitaria, para llevarse docentes detenidos; el gobierno hasta hizo circular una noticia falsa, que llegó hasta los medios nacionales. “Nunca la UNJu ofreció sus instalaciones como sede de asilo para quienes tienen órdenes de detención”, advierte Gabriela Gresores, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNJu (Adiunju).

La gremialista dijo que Morales está “ensañado” con la UNju y relató un panorama peligroso. “Tras la intromisión que sucedió la semana pasada, salieron a decir que los policías se equivocaron. Hasta esta semana las fuerzas de seguridad mantuvieron a un número no determinado de personas detenidas. Recién el jueves, el día del Apagón se esclarecieron los números.

“El lunes liberaron a 9 personas y el jueves a otras 3 que estaban detenidas en Humahuaca; todas siguen con causas judiciales. Sólo quedó detenido, con domiciliaria, el abogado Alberto Nallar”, informó la profesora Gregores en estas horas.

Durante todo el mes hubo detenciones como cacería, con los allanamientos irregulares. “Es como en una zona de conflicto bélico o de una guerra en donde no hay información oficial porque todo lo oficial es irregular. La información está vulnerada. Los mecanismos de meter miedo están siendo utilizados por un poder concentrado y eso es peligroso”, dijo la historiadora.

Las tres fuentes consultadas por Tierra Viva sostienen que es “doloroso” ver que el gobernador Gerardo Morales está utilizando el drama, la represión y el terror como un recurso electoral para su campaña electoral como precandidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. “Todos y todas dicen que esto es un ensayo, una muestra de lo que será si llegan a ser Gobierno. Y yo no tengo dudas de que será así. Pero también sé que los pueblos indígenas, con miedo, con hambre y con frío, vamos a resistir porque el territorio es parte de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son el territorio mismo que habla y se defiende. Vamos a seguir resistiendo hasta que caiga la reforma”, sentencia la integrante de la Red Puna.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva