Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México | Desinformémonos. Jornaleros agrícolas nahuas, que incluyen a menores de edad, fueron víctimas de explotación laboral en una finca en Villa Juárez, San Luis Potosí, además de vivir en condiciones de vivienda y alimentación “insalubres e indignas”, destacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En el rancho, que produce chile y pepino, se evidenciaron violaciones al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno y al interés superior de la niñez, así como al derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, señaló el organismo nacional con base en la investigación de los hechos.

Las faltas a los derechos humanos son “atribuibles a 12 servidores públicos adscritos a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social federal, a su homóloga local, a la Procuraduría General de Justicia y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor (PPNNA)”, indicó la CNDH.

El organismo documentó que las dependencias no investigaron el caso ni protegieron y salvaguardaron los derechos de los jornaleros, además de que no pusieron en marcha acciones “eficaces y oportunas” en su favor una vez conocidos los hechos.

Ante esto, recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Gobierno del estado de San Luis Potosí elaborar un diagnóstico sobre la situación específica de los jornaleros, que incluya la participación de académicos expertos en derechos humanos y trata de personas.

De la misma forma, consideró necesaria la implementación de acciones de prevención de la trata de personas en los trabajos o servicios forzados en el campo, tanto para jornaleros agrícolas como para empleadores y dueños de centros de trabajo.

Recomendó instalar un protocolo de actuación para los servidores públicos, con perspectiva de género y de atención a niños y adolescentes, que incluya las obligaciones de las diferentes dependencias involucradas, así como emitir una circular dirigida a todo el personal involucrado en las visitas de inspección, para que al advertir la presencia de personas menores de edad se les brinde protección integral y respeto a sus derechos humanos, sin menoscabo de la protección que se dé a sus progenitores o núcleos familiares.