Con la llegada del Covid-19, la pandemia de la violencia contra las mujeres se enseñoreo en la Montaña. De los 20 casos de feminicidios que hemos documentado, siete son niñas de 3, 4, 7, 9,12, 14 y 15 años, de los municipios de Zapotitlán Tablas (2), Cochoapa el Grande (2), Tlapa y de la Costa Chica, Cuajinicuilapa, así como de la zona centro, Tixtla: dos de ellas son del pueblo Me’phaa, dos más del pueblo Na savi, una del pueblo afromexicano y dos de familias mestizas. Dos hermanitas de cuatro y 12 años fueron desaparecidas junto con su mamá y su papá, y posteriormente sus cuerpos aparecieron calcinados en un crucero del municipio de Tlapa, al siguiente día.
Otra niña de tres años fue asesinada con su mamá en su domicilio. Las autoridades de manera insolente dijeron que se trataba de un doble suicidio, sin investigar la violencia que había sufrido por parte de su pareja. Una niña de siete años fue asesinada, cuando caminaba con su mamá en la calle principal de Cochoapa el Grande. En Cuajinicuilapa una menor de nueve años, fue violada y estrangulada en una casa en ruinas. Su estado de indefensión era grave porque sólo la abuelita velaba por ella. En Cochoapa el Grande que es el municipio más pobre de nuestro estado, como recientemente lo catalogó el INEGI, la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Un caso execrable es el de una menor de 14 años que fue violada y asesinada con 14 puñaladas en esta cabecera municipal de Cochoapa el Grande. El 15 de octubre de 2020 sucedió uno de los casos que más indignaron a la sociedad guerrerense con el feminicidio perpetrado contra una niña de 13 años que desapareció al salir de su domicilio y que cuatro días después de intensa búsqueda por parte de su familia y la población de Tixtla, fue hallada mutilada en una barranca, ubicada a 350 metros de su domicilio. La violencia sexual contra las niñas es uno de los delitos más recurrentes que suceden en buena medida dentro de sus hogares o que son víctimas de la violencia de personajes vinculados con la delincuencia.
Como centro de Derechos Humanos tenemos documentados, durante esta pandemia, 17 casos de violaciones sexuales contra menores de 6, 9, 12, 14 y 16 años. La mayoría de estos casos no cuentan con carpetas de investigación, como por la falta de garantías de seguridad para sus familias. Este tipo de delitos son las principales noticias que difunden los periódicos amarillistas de la región para alentar el morbo, normalizar la violencia y alertar a los perpetradores, propiciando la negociación de sus delitos con el Ministerio Público. El grado de indefensión de las menores en la Montaña es un círculo funesto porque desde el nacimiento las niñas son testigos silentes de los malos tratos y golpes que padecen su mamá. Quedan muy expuestas en la comunidad ante la ausencia de instituciones que fomenten la cultura de los derechos humanos y que enaltezcan la vida de las mujeres en las comunidades.
Del 2018 al 2020 tenemos el registro de 10 mujeres desaparecidas en la Montaña, tres de ellas sucedieron en el 2020, entre ellas se encuentra una niña de 13 años, del municipio de Zapotitlán Tablas, que fue desaparecida junto con su mamá en marzo de 2020 en el municipio de Atlixtac. A pesar de la denuncia interpuesta las investigaciones sigue estancada como pasa con los demás casos de personas desaparecidas.
Una situación que lastima por la discriminación institucionalizada que se ha normalizado como parte de una política de salud en el Hospital de la Madre y el Niño de Tlapa, son las muertes perinatales de niñas y niños indígenas. Hemos sido testigos y en varios casos intervenimos para atender a las madres indígenas que se endeudan para comprar medicinas e instrumental médico para que si sus niñas y niños que se encuentran en incubadoras puedan sobrevivir. Se tiene un recuento de 54 niñas y niños indígenas que murieron en el Hospital de la Madre y el Niño por diferentes causas relacionadas con la desatención, desabasto de medicamentos, carencia de equipo médico y negligencia médica. El 20 de abril una de las madres del pueblo Na savi que perdió a su bebé nos informó que ese día murieron otros tres niños recién nacido.
La situación de las familias indígenas de la Montaña es atroz por la escases de alimentos y el encarecimiento de la canasta básica. Desde el mes de febrero de 2020 a marzo de 2021, el Consejo de Jornaleros Agrícolas, que es una organización de compañeras y compañeros jornaleros que brindan apoyo a estas familias con la preparación de alimentos, la dotación de despensas que logran conseguir del gobierno del estado y la atención médica que proporciona la Secretaría de Salud, han registrado 17 mil 775 personas indígenas, que se han enrolado para trabajar como jornaleros agrícolas en los estados de Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Michoacán. Es un trabajo que realizan en la casa del jornalero, que está en comodato con el Centro Coordinador del INPI en Tlapa.
En este trabajo cotidiano han registrado mil 321 niñas y niños de 0 a 2 años; mil 276 de 3 a 5 años; 2 mil 699 de 6 a 12 años y 2 mil 93 de 13 a 17 años, siendo un total de 7 mil 380 niñas y niños indígenas que se encuentran fuera de su comunidad y del estado, padeciendo los estragos de la discriminación racial, explotación laboral de sus padres y una infancia dentro de los surcos. Son niños y niñas que en este año de la pandemia no tuvieron la oportunidad de inscribirse ante la ausencia de los maestros y maestras y el cierre de las escuelas. Ante la imposibilidad de asistir a la escuela, la niñez indígena de la Montaña, cuyos padres son jornaleras y jornaleros agrícolas, no tienen acceso a la beca Benito Juárez, porque más del 90% de estos niños y niñas sus escuelas son los campos agrícolas. En la Montaña de Guerrero la niñez indígena se le ha condenado a sobrevivir en el jardín de espinas de la discriminación y el abandono secular.
