Sorpresa, rabia y cansancio. En medio de guerras, pobreza y violencia, el Estado italiano sigue tratando a quienes bailan y crean espacios autónomos como si fueran enemigos internos. Tres años después de haber aprobado el llamado decreto anti-rave, el gobierno de Giorgia Meloni volvió a mostrar los colmillos de su aparato represivo en la ciudad de Módena, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2025, durante el rave “Witchtek”. En esa ocasión, alrededor de cinco mil personas se reunieron en Campogalliano —una zona industrial abandonada— para celebrar una fiesta libre y autogestionada. La respuesta del Estado fue brutal: gases lacrimógenos, golpes, persecución, más de 2,800 personas identificadas, 9 detenidas, cientos de vehículos revisados y el decomiso de bocinas, consolas, camiones y hasta un cuchillo. La escena recuerda a 2022, cuando el recién instalado gobierno de Meloni construyó una “emergencia nacional” alrededor de un rave en el norte de Italia para justificar su primera gran ofensiva mediática y policial.

Aquel episodio dio origen al decreto anti-rave, una ley redactada en menos de 48 horas que castigaba con penas de hasta seis años de cárcel la organización o participación en fiestas no autorizadas en espacios abandonados. Con el pretexto del “orden público”, esa norma se convirtió en laboratorio de control social y puerta de entrada a otras medidas: la directiva Piantedosi (2023), que endureció la persecución contra migrantes y manifestantes, y el paquete de seguridad (2024), que amplió facultades a la policía y criminalizó aún más las prácticas de desobediencia civil. La represión contra los rave no fue, entonces, un hecho aislado, sino el primer ensayo de una doctrina del “enemigo interno” aplicada a todo cuerpo social que desobedece: quienes bloquean calles por Palestina, quienes pintan muros, quienes viven en centros sociales autogestionados o quienes simplemente deciden bailar fuera del mercado.

El Witchtek fue mucho más que una fiesta: fue una reapropiación simbólica del espacio y del cuerpo, un gesto político en defensa de la libertad colectiva y una declaración de afinidad con el pueblo palestino. En tiempos de guerra y censura, miles de jóvenes eligieron celebrar la vida frente a la muerte, la comunidad frente al aislamiento, la autonomía frente a la norma. Pero el Estado italiano —obsesionado con imponer “decoro”, “orden” y “disciplina”— no tolera la existencia de cuerpos que desbordan su control. En una sociedad donde todo se vigila, donde se cierran centros culturales, se desalojan espacios sociales y se privatizan plazas y parques, bailar es ya un acto político.

Los medios conservadores volvieron a hablar de “caos”, “drogas” y “delincuentes”, como si la juventud que ocupa un espacio abandonado para bailar fuese más peligrosa que los especuladores que destruyen barrios enteros. La narrativa oficial convierte la diferencia en monstruo: quien baila demasiado, quien se viste distinto, quien rompe el silencio se transforma en “bruja” o “hechicero” —de ahí el nombre del Witchtek—. La represión contra el rave muestra la frustración de un gobierno que, pese a su arsenal de leyes punitivas, no logra contener los deseos de libertad. Porque más se cierran los espacios de expresión, más aparecen las grietas por donde la vida se escapa.

El fenómeno rave, surgido en los años noventa como expresión radical de autogestión, siempre ha sido un laboratorio de comunidades temporales: sin jerarquías, sin venta de entradas, sin marcas ni patrocinios. La música electrónica, los cuerpos en movimiento, las drogas y la ocupación de espacios abandonados crean un territorio donde se ensaya otra forma de convivencia. Allí se comparte el agua, se cuida a quien se desmaya, se limpia el lugar antes de irse. No es un mercado: es una comunidad efímera que cuestiona, en la práctica, el monopolio del poder y del dinero sobre la vida. Por eso los rave son incomprensibles para el sistema político —no generan ganancia ni control— y por eso se los criminaliza.

El discurso del “orden” encubre una realidad más profunda: Italia vive un proceso de militarización del espacio público y de erosión del derecho a la diferencia. Bajo la lógica del miedo, todo acto no autorizado se vuelve sospechoso; toda reunión autónoma se interpreta como amenaza. En ese contexto, los rave funcionan como termómetro social. No son una anomalía, sino el síntoma visible de un malestar colectivo frente a la asfixia de las ciudades y la precariedad de las existencias. Así como los bloqueos por Palestina no son “delitos” sino actos de amor y solidaridad, los rave son una manera de decir “seguimos vivos” en un país que intenta silenciar cualquier expresión de conflicto.

En Módena, quienes bailaban fueron reprimidos con la misma violencia que sufren quienes protestan en las calles. Pero cada golpe policial confirma lo que el poder teme: que la libertad no se puede prohibir. Ni los decretos ni los tanques de sonido confiscados detendrán la necesidad de crear espacios de autonomía, de respirar fuera de la norma, de bailar cuando todo alrededor se apaga. En una Europa cada vez más gris, donde la represión se disfraza de seguridad, las fiestas libres siguen recordando que hay otra forma de estar juntos, otra manera de habitar el mundo. Por eso, como gritan en las calles de Milán y Bolonia: “Bailar no es delito, es resistencia”.