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Ciudad de México | Desinformémonos. La Ley de Seguridad Interior “no representa la solución frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país”, mientras que sí “podría prolongar el estado actual de violencia y nos alejaría del modelo democrático constitucional”, coincidieron 78 investigadores de cinco universidades y centros académicos nacionales.
Los investigadores calificaron a la ley de “inconstitucional” y “contraria al Derechos Internacional y de los derechos humanos”, pues viola los artículos 1°, 6°, 21, 29, 73 y 129 de la Carta Magna, la cual ni siquiera faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior.
Destacaron que la iniciativa es “vaga e imprecisa” y que “permitirá calificar un conjunto muy amplio de conductas como riesgosas”, además de que incluye definiciones que “posibilitan al Ejecutivo utilizar a las Fuerzas Armadas con propósitos ambiguos y en un marco amplio de discrecionalidad”.
Además, rechazaron que “no contempla obligaciones de rendición de cuentas ni transparencia respecto a las acciones que se realicen” al reservar y clasificar la información que se derive de su aplicación. “En contraste, las autoridades federales y los órganos autónomos quedarán obligadas a proporcionar cualquier información de cualquier persona que les requieran las autoridades, potenciando el riesgo de acceso a la justicia de las víctimas”, agregaron.
“Otorgar facultades a las fuerzas armadas a través de esta ley habilitará de forma permanente la realización de dichas actividades, lo que se traduce en un desincentivo fuerte para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones policiales, y otras instituciones civiles, encargadas de la seguridad pública”, señalaron los investigadores.
Subrayaron que la Ley de Seguridad Interior es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, así como a “diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México en el marco de la intervención de las fuerzas armadas”.
Tras exponer sus argumentos por los que la ley representa más una amenaza a los derechos humanos que una solución para la violencia en el país, los académicos solicitaron al Senado para que frene la iniciativa y que, en su lugar, permita que continúe la discusión pública, incluyente y reflexiva. “Es la única vía a través de la cual podremos tener como sociedad y Estado las mejores bases para la construcción de un marco jurídico e institucional que nos permita enfrentar la grave crisis de seguridad que atravesamos”, aseguraron.
