Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones no gubernamentales presentaron un amparo colectivo por la vulneración del derecho de petición y de información luego de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) no ofreció la información sobre las medidas tomadas contra la siembra de soya transgénica en municipios de Campeche, explicó Greenpeace.

El recurso de amparo sucede luego de que el 22 de agosto de 2016, las organizaciones Greenpeace México e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos denunciaron ante el Senasica que se había detectado la posible siembra de soya transgénica en diversos municipios del estado de Campeche, y que por ello solcitaban el inicio de las labores de inspección y vigilancia correspondientes para verificar el cumplimiento de las leyes, así como la imposición de la medida de aseguramiento de las semillas transgénicas y sus productos.

Greenpeace señaló que el hallazgo de los presuntos cultivos de soya transgénica contraviene las leyes mexicanas y una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual deja sin efectos el permiso de siembra de soya genéticamente modificada en etapa comercial para diversos municipios de Campeche hasta que se lleve a cabo la consulta a las comunidades mayas.

Sin embargo, a más de seis meses de haber presentado la denuncia no se ha informado a los promoventes de las acciones emprendidas ni de las medidas adoptadas, lo que viola el derecho de petición que obliga a las autoridades a responder “de forma coherente a lo que se les plantea en un tiempo razonable”.

Además, el amparo se interpuso debido a que la falta de resupuesta por parte del Senasica y el posible cultivo de transgénicos contraviene lo previsto en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que dice que la forma óptima de tratar las cuestiones ambientales es con la participación ciudadana.

Por ello, con el juicio de amparo las organizaciones esperan que el juez federal determine que el Senasica violó su derecho de petición para que obligue a emitir una respuesta “en breve término, de manera coherente y por escrito”.