Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. La organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DEMAS) interpuso un nuevo amparo contra la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 norte del Tren Maya, que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó de manera extemporánea para justificar el desmonte de selva entre Cancún y Playa del Carmen aun cuando no contaba con los permisos ambientales para iniciar las obras.
“Vamos a seguir presentando argumentos y pruebas para que quede constancia de esta ilegalidad y ahora complicidad por parte del poder judicial”, dijo la representante de DMAS, Antonella Vázquez, que aseguró que de no concederse la suspensión de las obras, el juzgado primero de Yucatán y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito “no serán solo cómplices del daño irreversible que se está ocasionando con el desmonte y despalme con maquinaria pesada en la zona, sino que también están siendo cómplices de los colapsos que pueden suceder debido al suelo kárstico, dejando además un precedente violatorio del carácter preventivo fatal para todo el país”.
De acuerdo con la organización ambientalista, existe suficiente evidencia ante los tribunales sobre que las MIA de los tramos 5 norte y sur, al ser extemporáneas, violan el carácter preventivo que una evaluación de impacto ambiental debe tener, pues los trabajos de desmonte comenzaron desde antes.
Añadió que Fonatur no presentó ningún estudio de mecánica de suelos, ni estudios geofísicos o geohidrológicos para la elaboración de la manifestación ambiental, la cual tampoco cumple los ordenamientos ecológicos locales que protegen cenotes y cuevas.
DMAS también criticó que las MIA no evalúan los impactos integrales y acumulativos del Tren Maya, pues se realizaron por tramos y no para el megaproyecto completo por cumplir con los tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Si divides la obra o actividad para obtener varias autorizaciones, impides se evalúe todo el impacto ambiental completo y es inconstitucional, como lo señaló la Suprema Corte en el Amparo en Revisión 54/20212”, señaló Antonella Vázquez.
Finalmente, denunció que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejó de solicitar la información ambiental para medir preventivamente el impacto del tren, “dejándola convenientemente para que Fonatur cumpliese con ella después de iniciadas las obras”.
