Ciudad de México | Desinformémonos. Especialistas de la UNAM aseguraron que la ayuda económica que ofreció el gobierno a quienes perdieron sus viviendas en Chiapas y Oaxaca tras el sismo del 7 de septiembre es “notoriamente insuficiente”, pues con los 120 mil pesos que brindará apenas se alcanza a cubrir entre 10 y 25 por ciento de un inmueble habitacional de interés social.

Marco Tulio Mendoza, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que la donación no sólo es insuficiente, sino que además ya empezó el aumento de entre 10 y 50 por ciento de los precios en los materiales de construcción.

De acuerdo con estimaciones oficiales, por lo menos 150 mil viviendas se dañaron con el sismo, mientras que 52 mil se reportaron con pérdida total.

Los especialistas destacaron que el rezago social que existe podría agudizarse tras los sismos, ante lo que, afirmaron, debe replantearse el presupuesto del próximo año y desarrollarse un plan a corto y mediano plazo para atender la emergencia nacional.

Recordaron que si bien se organizaron campañas para apoyar a los estados más dañados por los sismos, la ayuda se concentró principalmente en la Ciudad de México. De acuerdo con Adolfo Sánchez Almanza y Abraham Granados, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), los habitantes de la capital tienen mayor capacidad de poder recuperarse tras el desastre, contrario a las poblaciones en Oaxaca, Morelos, Puebla y Chiapas, que resultaron devastadas.

«Entre más vulnerable es la población, la recuperación es más lenta, por ello se requiere priorizar la ayuda y el apoyo para las personas con necesidades más urgentes», indicó Sánchez Almanza.

Por otra parte, el director del Programa Universitario de la Ciudad, Javier Delgado, señaló que es necesario que el sector inmobiliario ya no controle el mercado de la vivienda en la Ciudad de México, pues subordinó la urgencia de planeación urbana y la seguridad.

En una conferencia conjunta en el IIEc de la UNAM, los especialistas recomendaron que se diseñen programas institucionales para asesorar a los damnificados en la tarea de autoreconstrucción del país, la cual debe acatar las normas para la edificación y ver por la protección de los habitantes.