Hace décadas que los niños wichí se mueren de a racimos en el verano salteño. Pero hace sólo dos años que la provincia declaró la emergencia socio sanitaria en Rivadavia, Orán y San Martín. Pueblos partidos como cristales por la pobreza, la ausencia de agua, el desmonte brutal y las enfermedades feroces del desamparo. Salta, la más linda, es la tierra con mayor población originaria del país. Unos 80.000 hombres, mujeres y niños confinados a territorios yermos, rajados por la sequía, devastados por las inundaciones y los 50 grados del verano. Condenados a un exterminio planificado que tiene 500 años y al que resistieron en sus montes. Hasta que los montes cayeron bajo el poder del agronegocio para ampliar la frontera agropecuaria y angostar la de la vida.
Y les quitaron las aguadas, el comestible del río y del bosque, los medicamentos que nacen de las hierbas y de los árboles. Y los penalizaron a muerte lenta y sistemática. Más de 7500 niños están en riesgo nutricional en las comunidades originarias. Y ante la inminencia de un verano terrible la Defensoría del Niño de la Nación presentó en diciembre un amparo exigiendo, después de dos años de informes erráticos oficiales, que se proteja la vida de los chicos.
Mortalidades
El 7 por ciento de la población salteña es preexistente en un territorio copado por los empresarios agrarios y sus cómplices políticos, enriquecidos a partir del terricidio y del consecuente genocidio indígena. El 7 por ciento son pueblos originarios dispersos en misiones alejadísimas de la mano de todos los dioses. Los propios y los impuestos por lo propietarios de sus vidas y sus muertes. Misiones a las que, en los veranos llovedores y calientes, no se llega ni con los camiones del ejército. Donde se muere con la naturalidad de la rama que se mece.
Según la Universidad de Salta, citada por la Defensoría, más de la mitad de los niños de 0 a 14 años son pobres. La mortalidad infantil en Salta llega al 10,6 por mil nacidos vivos (Dirección General de Estadísticas de Salta – 2018): supera la media nacional de 8,8 (INDEC). En el Departamento de Rivadavia muere el doble: el índice es de 18,9 por mil nacidos vivos. En el primer cuatrimestre del 2020 –según el Ministerio de Salud de la provincia- murieron 113 en el norte de Salta. Casi el 60% en San Martín, Orán y Rivadavia.
En la segunda parte de 2020 murieron 41 niños originarios en esa zona. En junio de 2021, 28. Todos entre uno y cinco años. Con enfermedades dramáticamente evitables. Derivadas del bajo peso, de la pésima nutrición, de la escasez de agua. Del abandono. En el verano atroz de 2020 languidecían en Salta 855 niños y niñas de entre 0 y 5 años con bajo peso. 108 con muy bajo peso. En San Martín y Rivadavia 170 chicos de las misiones crecían a duras penas. Al límite de la vida.
Desmontes
La pobreza extrema se hermana con la tuberculosis, la diarrea, el chagas, el hacre (contaminación por arsénico), la búsqueda de agua desesperada, mangueras larguísimas que se cuartean y explotan en el medio, canillas de donde brota apenas una gota marrón, agua trasladada en criminales bidones de glifosato. El Bermejo que se aleja todo el año e instala la sequía y vuelve como fiera en el verano y lo inunda todo. Y se lleva lo poquito que hay y cuando se va no queda nada. Loco comportamiento de un río enloquecido por el desmonte.
Un millón y medio de hectáreas se perdieron entre 2007 y 2016. La mitad de la tala fue clandestina. Connivencia estatal con el agronegocio, violencia, expulsión de los territorios, ilegalidad desde el propio estado. Gobernadores -Urtubey y Sáenz- implicados directamente con la tragedia natural y humana del territorio. Casi 30 mil hectáreas desmontadas en 2020 y la habilitación inminente de 28.311 más a pedido de siete agroganaderos y azucareros. El capital más descarnado maneja la pobreza y la muerte de los niños en la provincia de cara bella.
“Los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia en los que se concentra la tasa más alta de deforestación cuentan con una población de aproximadamente 117.000 niños y niñas de 0 a 14 años, la mayor cantidad de todo el país”, grafica la presentación de la Defensoría. Entre 2011 y 2018 desaparecieron casi 200 mil hectáreas de bosques en San Martín, Orán y Rivadavia.
El gobierno salteño prorrogó la emergencia sociosanitaria. Y respondió con evasivas la mayor parte de los pedidos de información de la Defensoría del Niño. Llegó diciembre una vez más, con la publicidad aterradora de las temperaturas extremas y la amenaza sobre las cabecitas de los niños wichí que intentan, día tras día, la victoria colosal de mantenerse vivos. Entonces la Defensoría presentó el amparo que interpeló al gobierno provincial por 1755 niños y niñas prioritarias y 122 mujeres embarazadas “prioritarias en la zona, en virtud de indicadores de vulnerabilidad crítica sociosanitaria. Entre los obstáculos para sostener sus tareas (los funcionarios) han destacado los territorios de difícil acceso y la anegación de caminos, en el período crítico estival”.
El gobierno provincial no garantizó nada. Ni el acceso al agua ni una alimentación sana para los niños. Ni la vida misma. No previó lo que no se prevé desde hace años. Esta tragedia. Que es evitable.
Muertes
Hace una semana murió el nieto del cacique Pablo Solís. Tenía 9 meses. Lo llevaron desde Santa Victoria Este al Hospital Perón de Tartagal. Deshidratación y sepsis dicen que tenía. Pero le diagnosticaron covid. Su mamá vio cuando le descontectaban los cables de la vida. Y lo vio morir.
Un día antes murió una bebé de once meses. Hija de una adolescente de 17. Llegó a Tartagal con diarrea, vómitos y deshidratación.
En la comunidad Santa María murió otro bebé cuando era trasladado de Santa Victoria Este a Tartagal. Oficialmente los acusan de no llevar a los niños a los centros de salud. No tienen cómo, porque la salud suele estar a 30 kilómetros de sus misiones. Dicen que prefieren su sabiduría yuyera para curar a sus niños. En las salitas ya no hay medicamentos. Y los hospitales parecen estar del otro lado del mundo.
Aldana Quico tenía 18 años, estaba embarazada y era de La Puntana. Entró en el Hospital con el feto muerto. Nadie le practicó una cirugía para extraerlo de su cuerpo. Murió en doce horas y fue enterrada con su bebé en el vientre.
Hace diez días violaron y mataron a Pamela. Tenía doce años. Y una vida atravesada por todas las vulnerabilidades. “Estas cosas pasan por la violencia y las adicciones. Genera peleas, viene gente de afuera a vender –describió un referente de la comunidad Misión Kilómetro Dos, a la que pertenecía Pamela-. No solamente pasa aquí. Las sustancias están atacando a las comunidades. Estamos olvidados, no tenemos acceso a la educación, a la salud, al agua potable”. No hay comida ni agua. Hay alcohol, nafta para aspirar y pasta base.
El cajoncito precario donde se fue a la tierra estuvo unas horas sobre dos sillas desvencijadas, bajo un nailon negro sostenido por un poste. Le cavaron una fosa y la dejaron allí. Cerca de todos. Como para no olvidarla.
Como para no olvidar cómo viven los wichí en el norte de Salta. Y cómo mueren, anónimos y a la intemperie.
