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Ciudad de México | Desinformémonos. Varios activistas y familiares de personas desaparecidas en Querétaro y Nuevo León denunciaron la ineficiencia y arbitrariedades de las autoridades de seguridad y procuración de justicia que deberían acompañarlos en su labor de búsqueda de fosas clandestinas y cadáveres, las cuales realizan integrados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Respecto a esto, el colectivo Desaparecidos Justicia de Querétaro refirió el caso de tres de sus integrantes, quienes a pesar de que cuentan con medidas cautelares y están provistos de botones de pánico proporcionados por el Mecanismo de Protección para defensoras periodistas, éstos no funcionaron cuando los necesitaron.

El colectivo señaló que Brenda Rangel Ortiz, Enrique Rangel y Víctor Manuel García Herrera llevaron a cabo una diligencia en Santa María Magdalena, Querétaro, en la cual Víctor fue asaltado por personas armadas y separado con engaños de Brenda y Enrique. Luego de percatarse de su ausencia, Brenda y Enrique lo buscaron y lo encontraron amenazado por hombres armados. A pocos instantes llegó una camioneta y un coche con más hombres de entre 17 y 25, señala el comunicado del colectivo.

Ante la situación, “Brenda usó en varias ocasiones el botón de pánico y no obtuvo respuesta, lo mismo sucedió cuando pidió apoyo de Policía Federal y la Sedena por teléfono”. Luego de eso, los hombres armados huyeron del lugar y aproximadamente 20 minutos después del incidente llegó la policía municipal.

“Es de suma preocupación que el botón de pánico y el Mecanismo de Protección no haya dado respuesta a la emergencia reportada por la familia Rangel”, acusó el colectivo.

Por otra parte, el colectivo explicó que no era la primera ocasión en que Brenda Rangel y su familia temen por su integridad, ya que hace unos meses a Brenda le retiraron las escoltas otorgadas por la PGR, “cuando su seguridad aún está en riesgo porque dos de los policías que están vinculados con la desaparición de Héctor Rangel están en libertad”.

Frente a los casos de agresión, exigieron al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) proteger a quienes se mantienen en la búsqueda de personas desaparecidas, “familias que se han convertido en defensoras y defensores de derechos humanos al no encontrar respuesta por parte del Estado mexicano”, subrayaron los demandantes.