El pueblo originario de El Contadero, en la alcaldía de Cuajimalpa en la Ciudad de México, exige una ley constitucional que reglamente los derechos indígenas. El pasado día 18, una juez admitió un amparo que tramitó la comunidad contra el decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se crea la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) el pasado diciembre.

El Contadero sostiene que ninguno de sus miembros fue convocado por el Congreso de la Unión ni otras instancias del Estado para participar en una consulta previa, libre e informada en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para dar el consentimiento a la Ley del INPI. El Estado mexicano está obligado a consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que prevea medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos.

Ello –argumentan los pobladores inconformes– para garantizar la participación de las personas originarias en la toma de decisiones relativas a cualquier medida estatal que afecte sus territorios. “La supuesta ‘consulta’ del Poder Legislativo federal fue regional, no particular, y meramente informativa, abstracta y difusa…”.

El Contadero enfatiza en que Ley del INPI es un instrumento arbitrario con el que los poderes Ejecutivo y Legislativo federales pretenden definir los nuevos lineamientos de las políticas públicas para transformar la calidad de vida de los pueblos y comunidades, algo que únicamente compete a las personas indígenas en función de sus derechos a la autodeterminación, el autogobierno, al territorio y sus recursos naturales.

Este material se comparte con autorización de La Minuta