Indígenas nahuas y totonacas de Zapotitlán de Méndez, solicitaron el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, la intervención de la dependencia a su cargo «con objeto de terminar con el clima de inseguridad pública prevaleciente» en ese municipio de la Sierra Norte de Puebla (SNP), particularmente en la cabecera municipal «prácticamente sitiada por la delincuencia».
En el oficio suri/0025/15, cuyo texto fue aprobado en asamblea de la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) en Zapotitlán – según informó el dirigente de ésta, Raymundo García López- se afirma que ya no es sólo este poblado el que está inmerso en ese «problema grave, sino también otras comunidades indígenas de la SNP. A diario nos enteramos de hechos delictivos que reportan nuestros hermanos indígenas y escuchamos de eventos en otras regiones del Estado de Puebla. Una nueva arista de ingobernabilidad asoma en nuestro territorio».
El oficio, firmado por los también dirigentes Conrado Sosa Baltazar, María de la Luz Fernández Salazar e Higinio Vázquez Luis, se asevera que en Zapotitlán «impera un ambiente de impunidad alentada por el presidente municipal (Adelaido Vega Mendoza del Partido del Trabajo) al violar las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública y otros temas de gobierno y administración».
Se afirma que ante la «parálisis» de la autoridad constitucional, la asamblea comunitaria del 21 de octubre, en ejercicio de sus derechos constitucionales, los que les concede el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, se acordó solicitar al Gobierno Federal el diseño y ejecución de un Programa Emergente de Empleo 2016 en las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla con mayores índices delictivos, demandando acciones inmediatas en materia de salud y educación.
Asimismo la implementación de una Estrategia de combate a la farmacodependencia, ejecutando una estrategia y metodología diseñada entre la comunidad y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, con la incorporación de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
«Combatir las causas que provocan la aparición de la delincuencia requiere de un enfoque social y productivo reorientando políticas y acciones institucionales con participación comunitaria», subrayan.
Solicitan asimismo la formación del cuerpo de seguridad Guardianes Comunitarios «mediante la selección, formación y capacitación, entrenados para proteger a la comunidad y combatir a la delincuencia. Su naturaleza es comunitaria, de acuerdo a nuestra opinión deben ser reconocidos por el Estado para atender la crisis de seguridad pública» y la renovación de los integrantes del aparato de justicia «mediante una selección apegada a la experiencia y compromiso con la ley».
Piden además la instalación de un puesto de Policía Federal, compuesta de hombres y mujeres, para que emprenda acciones de protección en coordinación con la Guardia Comunitaria.
Finalmente piden que el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, gestione una reunión de trabajo con las Subsecretarías de Derechos Humanos y Previsión y Participación Ciudadana, otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, gobierno el Estado y Ayuntamientos de la Sierra Norte de Puebla, para «abordar las demandas y firmar los acuerdos necesarios».
