A.S. tiene 12 años, es wichí, es discapacitada y fue violada por 5 criollos que quedaron libres porque el médico que constató el ataque es boliviano y no tiene el título revalidado.

Es Salta.  A pesar de que le asistía el derecho a un aborto, no pudo hacérselo.

En Salta la reglamentación del protocolo de aborto no punible requiere la autorización de un juez, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que ese trámite no es necesario. Ningún juez salteño protegió los derechos de A.S. y el embarazo continuó.

A.S. no habla castellano, pero no tuvo traductor ni al formular la denuncia ni en el proceso judicial. Sus violadores, sí.

Tampoco tuvo asistencia de la Defensoría General salteña. Su titular, María Inés Diez lo justifica con esta increíble declaración que hizo a la prensa local:

“No tenemos obligación de atender a la menor violada. Es algo que se hace solo a requerimiento y nunca llegó a la Defensoría de Violencia porque esta – cuando el hecho ocurrió – no funcionaba en Tartagal todavía: comenzó a funcionar recién en febrero”.

Tampoco recibió ningún tipo de asistencia por parte del Estado durante estos seis meses de embarazo.

Al paraje donde vive sólo llegaron los médicos de la fundación del cantante Jorge Rojas, que al revisarla diagnosticaron que el feto sufría una anencefalia. Logró así capturar la atención de los medios, y finalmente, el traslado al Hospital Materno Infantil de la capital salteña. Allí fue sometida a una junta médica que confirmó la necesidad de practicarle urgente una cesárea. Se la hicieron el pasado viernes 3 de junio, el día que gritamos #NiUnaMenos.

Ahora, el delegado del Inadi, Álvaro Ulloa, denunció a cuatro ministerios salteños por discriminación: Salud, Asuntos Indígenas, Primera Infancia y Derechos Humanos.

Ahora, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados salteña votó investigar las responsabilidades estatales en este este tremendo caso y visitó el viernes 6 el Pareja Alto Sierra, donde vive la comunidad de la niña violada.

Ahora, el fiscal solicitó al juez Fernando Mariscal Astigueta que tome las medidas necesarias para que los violadores no escapen, ya que la única manera de condenarlos es comparar el ADN del feto con el de los denunciados.

El juez todavía no resolvió nada, informa el diario El Tribuno, que siguió el caso de cerca para denunciar la inacción estatal.

El caso de A.S. debería ser un escándalo y una advertencia: así se violan los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres y de las niñas en Salta.

El mejor resumen es la carta que hizo pública hace cuatro días el delegado salteño del Inadi, Álvaro Ulloa. Se titula ¿Dónde estuvo el Estado? Relata esta violación sistémica que encarna el caso de una niña wichí que nunca podrá leer esta carta:

“Ayer pude visitar a A.S. en el Materno. Tiene 12 años, no habla castellano, nunca fue al colegio. Es la quinta hija de nueve que nacieron vivos. Tiene documentos, como toda su familia, vive en Alto de la Sierra, departamento de Rivadavia, allá al norte, donde Salta limita con Bolivia y Paraguay.

A.S. tiene una discapacidad severa, nunca tuvo pensión ni cobró la asignación universal para la niñez, nadie le dijo que tenía derecho.

Su padre, N.S., hace changas. En Alto de la Sierra changuear significa tallar un poste a hacha y cobrar unos pocos pesos que pagan un par de días de la familia.

En noviembre del año pasado seis o siete hombres la atacaron, la violaron y la dejaron tirada a orillas de la represa.

El padre hizo la denuncia, el médico la reviso y comprobó violencia. Ese médico que trabaja en Alto la Sierra es boliviano, estudió en Cuba y no puede firmar como médico en Argentina porque no revalidó su título, pero es el que está. Es el que el Estado salteño contrata en esos parajes. No pudo firmar y a cuenta de él firmó el bioquímico. La defensa de los atacantes se agarró de ese detalle y no perdonó la falta de habilitación para la pericia. Al tiempo salieron libres.

Cuatro días más tarde, cuando el camino permitió llevar a A.S. a Morillo, un médico la examinó y escribió que no podía constatar violencia.

Rivadavia tiene casi 26.000 kilómetros cuadrados, unos 35.000 habitantes mixturados entre criollos y wichis, unas 8 mil viviendas censadas y no tiene cloacas ni agua potable. Es el lugar donde Lanata descubrió el hambre de agua, el departamento donde Brenda, del paraje la Medialuna, murió hace apenas diez días de desnutrición disfrazada en su certificado médico de deficiencia pulmonar.

En Rivadavia, cerca de la Puntana fue asesinada hace un par de años Evelia Murillo, una docente rural que protegía a una chica wichi de la persecución de José Tomás Macu Cortez.

El Estado no estuvo para proteger a Evelia, ni a Brenda, ni a A.S. ni a docenas de chicos wichis que mueren por año por enfermedades que no matan, que a cualquier chico bien comido, con agua potable y un médico competente le dejan apenas unos pocos días en cama.

Andrés Serapio, enfermero de Alto la Sierra, cuenta que no hay más que una ambulancia, que está rota, que en esa geografía de miles de kilómetros cuadrados no hay un vehículo confiable para trasladar un enfermo.

Cuenta de los visitadores médicos mal pagados poniendo de su sueldo para pagar el combustible en las motivos para llegar a uno de esos ranchos alejados para controlar el peso, y cuenta que a veces llegan tarde. Cuenta que a veces no hay médico y que tienen que rebuscarse con lo que saben.

Nadie se acercó a A.S., ni a sus padres a explicarles que tenía derecho a la pastilla del día después. Nadie le explicó que podía acceder a un aborto no punible por ser menor, discapacitada y violada.

Nadie se acercó a contenerla, a garantizarle atención médica, alimentación suficiente y ayuda emocional.

El ministerio de Derechos Humanos le echó la culpa a Salud Pública, que no respondió. En Asuntos Indígenas, convertido en Ministerio hace varios meses, miran para otro lado intentando pasar inadvertidos, cosa que consiguen no sólo en este caso sino en la diaria.

A.S. va a perder a su hijo, se lo dijeron a F.I. su madre. Las ecografías que le realizaron hace un par de días muestran una malformación craneana complicada.

Ella no entenderá mucho, los médicos hablan castellano y nadie dedicará mucho tiempo a explicarle.

Hace unos días no sabía siquiera que estaba embarazada.

Hablé con la madre, la visité en el Materno, separada de sus hijos, cansada de pobreza. Le pregunté si necesitaba algo y me pidió un encendedor. Bajamos a comprar uno, algunos caramelos y chocolates para A.S. Tiene doce, entienden, apenas doce años. Cigarrillos no vendían, le expliqué que no podía fumar en el hospital, que estaba prohibido, que si la veían fumando alguna enfermera la iba a retar, que saliera afuera.

Fue la única vez en la conversación que sonrío, cansada, dolida, harta de dolor.

Después me pidió que la acompañe de vuelta al cuarto porque no sabía volver.

Los dejaron solos toda su vida.