México. El protocolo de consulta pactado con la tribu yaqui, para que decidan sobre la construcción del Acueducto Independencia, no se está cumpliendo. La etapa informativa se limita a la entrega de documentos incompletos y sesgados, mientras los encargados gubernamentales apelan a la comprensión de los indígenas.
A mediados de octubre inició formalmente el proceso de consulta a la tribu yaqui para la elaboración de un nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental para la construcción del Acueducto Independencia, al quedar insubsistente el presentado por el gobierno de Sonora (por medio del Fondo de Operación de Obras del Sonora SI) en noviembre de 2010 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en mayo de 2013, el amparo en revisión 631/2012 a favor de la tribu y fue aclarado en agosto del mismo año, ordenando dejar insubsistente la resolución en Materia de Impacto Ambiental, llevar a cabo una consulta para determinar la existencia de alguna posible afectación y en caso necesario, a determinar la suspensión de la operación del Acueducto.
Pese a tal resolución y el largo camino de la tribu yaqui por las vías legales (así como diversos juicios interpuestos por pobladores del sur de Sonora) el Acueducto Independencia nunca detuvo sus obras y entró en operación, semanas antes de la resolución de la SCJN y sin contar con los permisos de la Comisión Nacional del Agua para el trasvase del agua almacenada en la Presa el Novillo, además de violentar los derechos de la tribu, que detenta el 50 por ciento de agua del Río Yaqui.
Hasta la fecha, el Acueducto extrajo, según la Comisión Estatal del Agua, entre 625 y mil 200 litros de agua por segundo -su capacidad es de 2 mil 830 litros por segundo, pero no la alcanza por la falta de dinero para obras complementarias y por fallas que inhabilitaron el bombeo del agua, lo que no impide, a lo largo de la tubería, desviaciones ilegales del agua a ranchos ganaderos.
Acompañada por los recursos legales, la tribu yaqui denuncia las afectaciones en los distintos ámbitos de su existencia comunitaria, causadas por la implementación del Acueducto Independencia. Esta mega obra no está dirigida a satisfacer la demanda de agua de la población de Hermosillo, sino a beneficiar los mecanismos del mercado financiero y especulativo, principalmente a empresas nacionales y extranjeras, entre las cuales se encuentran refresqueras, cementeras, maquiladoras, así como la industria automovilística, mineras y otros negocios directamente vinculados con la distribución y gestión del agua.
La defensa del agua del río Yaqui por la tribu se contrapone al uso como mercancía que quieren darle los políticos y empresarios de Sonora, así como a nivel federal por parte de las dependencias de gobierno, cuyas acciones violentan el marco jurídico mexicano y las disposiciones del poder judicial. El papel de CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA, Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República sólo ha sido el de garantizar que el despojo de agua se realice, aun con la existencia de resoluciones legales contra el acueducto.
La consulta de Semarnat
Bajo un contexto de ilegalidad y carencia de legitimidad de los gobiernos estatal y federal, se lleva a cabo una consulta sobre el nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental. La tribu yaqui podrá manifestarse en contra del Acueducto y cancelar el trasvase del agua, en caso de existir un verdadero respeto a la consulta, según lo marcan los acuerdos internacionales y la Constitución mexicana.
De seguir permitiendo la extracción de agua del río Yaqui, se dejará a la tribu sin la posibilidad de recuperar las aguas que no se les asignan desde 1940; el río no volverá a tener un flujo de agua importante, los cultivos se contaminaran por la intrusión salina proveniente del mar, no se podrán ampliar terrenos de siembra y la mano de obra migrará a maquilas o a las ciudades cercanas, y la cultura tradicional yaqui estará amenazada al impedirse ritos vinculados a su origen, al del territorio y el agua.
En un comunicado a mediados de octubre, los abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), asesores de la tribu yaqui, hicieron una solicitud al Estado mexicano para respetar los derechos humanos, legales y culturales de los indígenas: el Estado mexicano está obligado a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, así como a reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. Esto incluye, entre otras cosas, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, así como garantizar su derecho al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan.
Estas acciones, hasta la fecha, no se han cumplido durante el proceso de consulta realizada en los ocho pueblos tradicionales. La tribu, en las reuniones con las autoridades federales, les ha hecho saber las faltas, inconsistencias y omisiones del proceso. Tomás Rojo, vocero de las autoridades tradicionales, señaló que ellos quieren saber la cantidad, calidad y veracidad de la información proporcionada por la federación, pues la consulta, en su fase informativa, ha sido sólo un proceso de entrega de información. Estamos conscientes que debe de ser informativa, no sólo de entrega.
Mario Luna, secretario de la autoridad yaqui, comentó que el proceso de consulta debe ser el primer paso para evidenciar y desenmascarar todas las mentiras que el gobernador del Estado ha vertido, en su campaña mediática contra los que dignamente defendemos nuestro territorio, los que dignamente damos la cara como sonorenses y como mexicanos que somos, mientras nosotros defendemos lo que nos da vida, cultura y economía
En la primera reunión, la respuesta federal fue sólo una explicación de CONAGUA sobre la cuenca del río Yaqui, y de la subsecretaria de gestión de SEMARNAT respecto a la MIA, además de un resumen ejecutivo del río Yaqui y del río Sonora con datos, gráficas, tablas, un disco compacto con la MIA y un resumen de actividades de la PROFEPA, todo dispuesto en módulos de información. El coordinador justificó el sesgo de información apelando a la buena fe de los yaquis, a su comprensión de que no podemos traer una cantidad de documentos que respaldan los resúmenes ejecutivos porque es humanamente imposible traerlo y presentarlo aquí.
Para la SEMARNAT y los delegados encargados de llevar la consulta, el proceso es complejo y los elementos técnicos y legales impiden que la tribu yaqui entienda, por lo tanto, tiene que interpretarles dichos aspectos bajo su lógica únicamente, rechazando aquellas que estén fuera. De esta manera, menosprecian las opiniones de los abogados de los yaquis, señalándolos como malos asesores por evidenciar los errores de la consulta.
Para las autoridades tradicionales que privilegian la palabra sobre los documentos escritos, las intervenciones de los comisionados, ingenieros y abogados federales no satisface los requerimientos de la tribu y las consideran mentiras o verdades a medias. Mario Luna señaló: No crean que estamos dormidos o que puede venir alguien a engañarnos, entendemos el terreno que estamos pisando, entendemos que un enojo de la tropa puede echar a perder este trabajo de consenso que estamos generando, por eso tenemos gente capacitada que puede analizar esta situación, tenemos asesores especializados.
Aun con los avances de la tribu, persiste la violencia simbólica y discursiva, la discriminación, el despreció y la criminalización, entre otras muchas acciones. Mario Luna informó que estamos tratando de recuperar el ánimo, de creer en la vida institucional, pues con ese ánimo nos dieron la protección de la justicia federal por parte de la SCJN, a causa de las serias omisiones que se cometieron contra nosotros. No entendemos como un acueducto ilegal, perverso y criminal sigue operando con la complacencia, omisión o lentitud en la aplicación de las normatividades de las instituciones encargadas.
La justicia puede llegar aunque avance lento, de acuerdo con la visión de los yaquis, siempre y cuando Gobernación, SEMARNAT y PROFEPA den a conocer información útil relacionada con los daños aguas abajo -a corto y mediano plazo- al medio ambiente, entre otros elementos que demostrarán lo inviable del Acueducto Independencia.
Hasta el momento no se está cumpliendo el protocolo de consulta pactado con la tribu yaqui, lo cual es corroborado por personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes levantaron un acta y actuarán en consecuencia.
Publicado el lunes 11 de noviembre de 2013