Ante el aumento de casos de violación a los derechos humanos de la población que organiza o participa en manifestaciones sociales, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicó el informe «Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivistas en Ecuador”, en el cual se destacan las acciones contra quienes exigen o reclaman cambios en el país.
Junto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la FIDH analizó puntos como la reducción del espacio para la acción de la sociedad civil, en donde resaltó los casos de las comunidades de San Marcos y el pueblo Shuarde, organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y organizaciones no gubernamentales, como Acción Ecológica y el movimiento Yasunidos.
Por otra parte, la impunidad en relación con las agresiones contra activistas, defensores y líderes sociales es notable, destacó el informe, así como la ambigüedad de los tipos penales que da margen para la arbitrariedad y que califica a los manifestantes como terroristas.
Tan sólo del 13 al 27 de agosto, 132 personas fueron detenidas, 104 procesadas y 61 tuvieron prisión preventiva decretada, donde la mayoría de las acusaciones fue por el delito de “ataque y resistencia a la autoridad”, aseguran cifras del documento.
Ante esto, las entidades instan al Estado a reconocer la importancia de la libertad de expresión y la legitimidad de las acciones pacíficas de denuncia, oposición y monitoreo de los proyectos extractivistas, relacionados con la tierra o la gestión pública. En cuanto al Poder Judicial, los juicios sin privilegiar los intereses políticos o económicos será lo que permita una correcta aplicación de la ley a ambas partes, señalan.
Por último, las entidades pidieron que se realicen investigaciones independiente y con transparencia, para identificar y sancionar a los responsables de delitos cometidos contra líderes y activistas sociales.
Con información de Adital
