Ciudad de México | Desinformémonos. El conflicto territorial entre las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán y la situación de los habitantes en Chiapas “se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en las que vive el 97 por ciento del municipio (Chalchihuitán) y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto”, acusó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Tras una misión de observación en Chalchihuitán, organizaciones de la sociedad civil de Chiapas y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) documentaron la violencia y las condiciones en las que viven casi 6 mil desplazados en Chiapas. Constataron los disparos de armas de fuego “sobre todo por las noches” y fueron informados de que después del asesinato del Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el pasado 18 de octubre, “se profundizó la violencia”.

“La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad”, denunciaron luego de constatar la existencia de grupos armados “que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó, y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal”.

Denunciaron que la crisis humanitaria en la región no es atendida como asegura en los medios el gobierno de Manuel Velasco Coello, pues los desplazados presentan enfermedades y no hay medicamentos ni atención médica “urgente y adecuada”, además de que carecen “de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad”.

“No solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas”, señalaron.

Explicaron que el municipio de Chalchihuitán se encuentra sitiado desde que los grupos armados destruyeron la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, lo que ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población.

Aseguraron que entre los grupos más vulnerables se encuentran las mujeres “por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento” y los niños ante las enfermedades por las bajas temperaturas y la escasez de alimentos.

“Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal”, declararon.

Por ello, las organizaciones civiles, entre las que se encuentran la Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas y Melel Xojobal, exigieron un alto al fuego,desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados, e hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional para recibir ayuda humanitaria urgente ante “la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal”.

https://soundcloud.com/chiapas-denuncia-p-blica/testimonio-de-mujer-desplazada-de-chalchihuitan

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