México. “El gobierno pretende imponer la autopista, de manera violatoria de todos los ordenamientos y con el nombramiento de representantes comunales totalmente ilegales”, denuncia en entrevista con Desinformémonos Guillermo Hernández, comunero de Tepoztlán, donde se pretende ampliar la autopista La Pera-Cuautla en 21 kilómetros con 60 metros de ancho.

Los comuneros, quienes se oponen a la ampliación por los efectos negativos que, denuncian, tendrá sobre el ambiente, realizan asambleas para informar, relata Hernández, y “acuerpar” a todos para que estén al tanto de la representación de bienes comunales en las comunidades. Además, “estamos siguiendo la vía legal para que no se reconozca el nombramiento de representante que hicieron de manera fraudulenta”, explica el miembro del Frente en Defensa de Tepoztlán.

El domingo 28 de julio, recuerda Guillermo Hernández, los ánimos se crisparon y no pudo realizarse la asamblea de bienes comunales: cerca de trescientos hombres y mujeres llegaron en tropel gritando ¡Sí a la autopista!, mientras los comuneros del Frente llamaron a la cordura y a no caer en la provocación de los grupos de choque pagados por el gobierno y la constructora.

A finales de octubre, los comuneros ganaron la suspensión definitiva a la ampliación de la carretera. El juez otorgó la medida “ante la violación de la ecología, el programa de ordenamiento territorial  y el derecho de vía. Esas son las tres cosas  que se argumentaron para otorgar la suspensión”.

Ante la medida judicial en favor de las comunidades, el gobierno de Graco Ramírez “dice que no entiende el amparo porque no se ha cancelado la obra, cosa completamente falsa ya que los trabajos se detuvieron y no hay ninguna máquina trabajando. La empresa hizo válido el amparo, pero el gobierno del estado no”, acusa Hernández.

La nueva forma de agredir a los comuneros después de su victoria judicial, relata el comunero, es a través de la imposición de representantes de bienes comunales. “El 21 de octubre, Ignacio Cortés Salazar terminó su gestión como presidente de los bienes comunales. La Ley Agraria, en su artículo 39, es muy clara en lo que sucede si termina el periodo de un comisariado y no se eligió a su sucesor, pero los habitantes de San Juan Tlacotenco y el ex comisario llevaron a un grupo de choque, que impidió la entrada de los comuneros de Santa Catarina y de otras comunidades de Tepoztlán, y nombró de forma totalmente ilegal a una persona como representante de bienes comunales”.

Denuncia Hernández que “no se instaló la asamblea, no se encontraba el suplente de bienes comunales y sólo asistieron 200 de los más de 600 comuneros que tiene el padrón. El gobierno reconoció el nombramiento y la asamblea está impugnada en la procuraduría. No hay representante de bienes comunales ahora, y una siguiente asamblea debe estar convocada por el consejo de vigilancia, que está del lado de la lucha en defensa del territorio”.

El Frente en Defensa de Tepoztlán y diversas organizaciones, explica Guillermo Hernández, organizan dos actividades y un encuentro de pueblos en torno a a defensa del territorio. El 12 de noviembre desarrollarán el foro “Morelos, territorio en emergencia”, como un espacio de denuncia contra la violencia social que existe en Morelos. La intención de los organizadores es que asista la ciudadanía a asistir  a denunciar los casos de injusticia.

El 30 de noviembre se realizará el “Encuentro de Pueblos en Defensa del Territorio, la Tierra, los Montes y las Aguas”, en la comunidad San Juan Ahuehueyo, municipio de Villa de Ayala. En la convocatoria participa el Congreso Nacional Indígena, y el objetivos es que se intercambien experiencias de lucha de los pueblos de Morelos, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Distrito Federal, “con la idea de avanzar en la construcción de una propuesta que nos lleve al fortalecimiento del defensa del territorio, y no solamente el exigir al gobierno su reconocimiento”.

El gobierno, denuncia Hernández, “está imponiendo una agenda para entregar el territorio a las transnacionales y nosotros debemos organizarnos. De Morelos tenemos confirmadas más de 20 comunidades, aproximadamente 12 del Estado de México, 11 del Distrito Federal, y muchas más de Tlaxcala y Puebla”.

En este momento, valora Hernández, “la lucha de los pueblos en Morelos está pasando de ser solamente de las comunidades a una lucha social con las colonias populares y demás sectores, ya que la lucha que enfrentamos tiene el mismo enemigo: la oligarquía capitalista y terrateniente”.

Publicado el lunes 11 de noviembre de 2013