Bertha de León y Teresa Naves, integrantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), son objeto de diversos actos de intimidación y hostigamiento.

Ambas abogadas, originarias de El Salvador, trabajan en la demanda penal contra el ex presidente de este país, Francisco Guillermo Flores Pérez, por desfalco, enriquecimiento ilícito y desobediencia. Se presume que el exfuncionario habría robado 15 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán a El Salvador para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001 y para combatir la pobreza.

Las defensoras gozan de medidas cautelares emitidas por el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador. No obstante, tras la audiencia preliminar del caso contra el exmandatario, que se llevó a cabo el 5 y 6 de noviembre de 2015, ellas han sido intimidadas y amenazadas.

Desde el 7 de noviembre 2015, un hombre no identificado ha seguido a Teresa Naves, e incluso le ha apuntado con un láser en la cara. Además, el 17 de noviembre, aproximadamente a las 9:30 horas, la defensora recibió una amenaza telefónica. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2015, mientras realizaba una entrevista, las chapas de su vehículo fueron dañadas.

En tanto, en 10 y 12 de noviembre de 2015, Bertha de León fue seguida e intimidada por personas a bordo de un vehículo no identificado.

Las abogadas son víctimas también de hostigamiento judicial. En enero de 2015, la Fiscalía General de Honduras presentó una queja administrativa en contra FESPAD por “revelar información financiera “confidencial”. Asimismo, el propio fiscal envió cartas a la FESPAD, en la cuales amenaza con presentar una denuncia penal contra la organización por la divulgación de información de los informes financieros de la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos.

Quienes integran la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras) manifiestan su preocupación ante de los hechos. Por ello, exigen al gobierno salvadoreño que cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de ambas defensoras, así su derecho a seguir desarrollando libremente y sin presiones su labor.