Territorio Yaqui, México. Para defenderse del robo de agua de su río, el pueblo yaqui lleva diez días (al cierre de esta edición) bloqueando la carretera federal número 15. Mario Luna, secretario de las Autoridades Tradicionales de Vícam, describe para Desinformémonos la estrategia jurídica de defensa de su territorio y recuerda que solamente una actitud de dignidad y firmeza ha hecho que su pueblo venza las sucesivas invasiones e intentos de despojo de sus recursos. Llama a estar alerta ante el anunciado uso de la fuerza pública para desalojar la carretera.
Desde la carretera federal número 15, en el Pueblo de Vícam, primera cabecera de los ocho pueblos de la Tribu Yaqui -a una temperatura de 45 grados centígrados a la sombra, reunidas las Autoridades Tradicionales, por mi conducto expresan lo siguiente:
La defensa de nuestro territorio, tierra y agua se remonta cientos de años atrás, desde la llegada de la otra cultura, que es de ambición y despojo. Una se ha manifestado en hechos heroicos y gloriosos de defensa, y la otra en acciones inhumanas de total desprecio a la vida, etnocidio y lesa humanidad.
Al ver los rostros de hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños con la determinación y firmeza plasmados en sus rostros, no parece que para poder existir tuvieron que pasar muchas generaciones soportando incursiones militares acompañadas de deportaciones masivas -fueron trasladados hasta el otro extremo de México para ser vendidos como esclavos, en el mejor de los casos-, si no es que fueron muertos a manos de los ejércitos del gobierno que buscó apropiarse del territorio basándose en la política de Terra Nullius.
Sólo esa actitud de dignidad y firmeza ha permitido a este pueblo indígena rechazar por la vía armada a los colonizadores en todas las etapas históricas de este México. Aún más, permitió salir adelante en batallas contra tropas invasoras de otras naciones y del mismo mal gobierno mexicano, como lo fue en la guerra de Independencia, la Revolución Mexicana -llegando incluso a tomar el Palacio Nacional en la Ciudad de México, acompañando a los caudillos- y la sangrienta guerra del Yaqui.
Al concebirse como Nación Indígena, el pueblo yaqui exige y ejerce una autonomía de hecho reconocida por los diferentes gobiernos y plasmados en varios tratados de paz y convenios de concertación para el desarrollo económico, social y cultural.
En los últimos años y después del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larrainzar (documento en los que se elevan a rango constitucional los derechos indígena) se intensificó la campaña de despojo y exterminio contra los pueblos indígenas que nos hemos dado y conservado territorios autónomos, como es el caso de muchos pueblos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y en otros estados a lo largo y ancho del país. En nuestro caso, toda la fuerza del aparato gubernamental se volcó en nuestra contra con la intención de llevar acabo el último gran despojo, llamado Acueducto Independencia, que pretende desviar las aguas del Río Yaqui hacia la cuenca del Río Sonora para satisfacer la urgente necesidad de agua de la zona industrial de Hermosillo -donde existen fábricas de alto consumo de agua, como la ensambladora de autos Ford y las plantas de Coca-Cola, Pepsi, Big Cola y las cervecerías Tecate y Heineken, por ejemplo. De igual manera, los grandes empresarios de la industria inmobiliaria esperan obtener jugosas ganancias con grandes extensiones de terrenos acaparados, los cuales hoy no tienen un valor comercial pero que al llegar agua elevarán su costo hasta en un 2 mil por ciento.
Cansada de vivir en un estado de guerra de baja intensidad desde el último tratado de paz en 1927, la tribu yaqui se enteró por los diferentes medios de comunicación de la existencia de este megaproyecto. En el Pueblo de Vícam, las Autoridades Tradicionales decidieron incursionar en la defensa legal utilizando los medios jurídicos e institucionales para presentar un novedoso frente de batalla. Se inició primeramente un juicio de restitución de agua en el Tribunal Unitario Agrario número 35, con sede en Ciudad Obregón, en agosto del 2010. Mediante esta recurso obtuvimos una medida cautelar que debería impedir que se hagan acciones de hecho o de derecho que impliquen o comprometan la extracción de volúmenes de agua específicamente de la presa El Novillo. En 2011 se solicitó el amparo de la justicia federal contra el manifiesto de impacto ambiental que otorgó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) al Fondo de Operaciones Sonora SÍ para la construcción del Acueducto Independencia. Después de que la admisión del amparo fue rechazada en varios juzgados, fue resuelto a favor de la tribu yaqui en un juzgado auxiliar con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y fue avalado y publicado por el juzgado décimo de distrito con sede en Hermosillo, Sonora.
Al ser recurrido el amparo para su revisión a petición de la SEMARNAT, y motivada por la serie de irregularidades denunciadas en varios exhortos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Plural (integrada por la Cámara de Senadores y Diputados de los diferentes partidos políticos), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción y resolvió, en un hecho histórico para los pueblos indígenas y para la tribu yaqui, ratificar el otorgamiento del amparo a la Tribu, reconociendo su carácter de pueblo indígena y la plena vigencia del derecho constitucional e internacional del pueblo yaqui a una consulta libre, previa e informada, respetando sus normas internas, representación, usos y costumbres. Con el fallo de la Suprema Corte del 8 de mayo del 2013 se deja sin efecto el manifiesto de impacto ambiental para el Acueducto Independencia. Con este hecho se ratifica el estatus de ilegalidad que mantiene hasta el día de hoy la construcción y operación del acueducto.
Con la experiencia que dan los años de lucha del pueblo yaqui, y ante la impunidad que ostenta el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, al iniciar la sustracción de importantes volúmenes de agua de la presa El Novillo, las autoridades tradicionales decidieron fortalecer acciones de resistencia civil en alianza con el Movimiento Ciudadano por el Agua -integrado por productores agrícolas, ejidatarios y sociedad civil de los siete municipios del sur de Sonora que se verán afectados por la falta del líquido trasvasado hacia los reservorios del Acueducto.
El 28 de mayo, después de una multitudinaria marcha en Ciudad Obregón (más de 30 mil asistentes, de acuerdo con los organizadores), se decidió tomar las carreteras comenzando esa misma tarde por el bloqueo a las entradas sur y norte de la ciudad. A estas protestas se agregaron posteriormente manifestaciones en las carreteras vecinales en los poblados Bacum y Esperanza. Luego de no ver avance alguno en la intención gubernamental de detener las bombas que sustraen ilegalmente las aguas almacenadas de la presa, la autoridad tradicional, junto con las tropas de varios pueblos de la tribu yaqui y autoridades de Potam y Belem, emprendieron la actual manifestación en la carretera internacional 15 a la altura de Vícam.
El 11 de junio, después de varios días de continuos bloqueos en tres puntos de las carreteras (Cajeme, Bacum y Vícam), el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Sonora anunció que interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de varios líderes del Movimiento Ciudadano por el Agua y de la tribu yaqui. El procurador de justicia en Sonora, Carlos Navarro Sugich, anunció el hecho como un logro del gobierno estatal y emprendió una campaña mediática contra los que integramos la comisión de defensa del agua de la Tribu.
Al pretender la aprobación de las autoridades tradicionales de los otros pueblos en la tribu yaqui, el gobierno estatal fue rechazado en su intención de orquestar el uso de la fuerza pública contra las manifestaciones carreteras. La molestia principal es que los manifestantes exigen como únicos puntos la aplicación del Estado de derecho en Sonora -violentado por el ejecutivo estatal- y el cese de la extracción ilegal de aguas de la presa El Novillo -lo que se encuentra amparado por el resolutivo que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la tribu yaqui.
En este clima de tensión y de rebeldía nos encontramos en estos días, compartiendo nuestra situación con todo el pueblo mexicano e internacional. Ya encontramos eco en los pueblos indígenas que integramos el Congreso Nacional Indígena, en la solidaridad de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la representación popular de la mayoría de los diputados locales de los distritos del sur de Sonora. Existe un acuerdo político de hacer un llamado conjunto a Guillermo Padrés por parte de diputados locales y siete presidentes municipales del sur del estado (presentes en la guardia tradicional del pueblo de Vícam el 15 de junio) para que se detenga el robo del agua e impere el Estado derecho en Sonora.
Ante la constante amenaza y rumores del uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones, el llamado es para que estén alertas y evitemos que la aplicación de la justicia sea selectiva, pronta y expedita contra los que defendemos nuestro derecho a la vida y al uso y disfrute de nuestras aguas. Evitemos que permanezca la impunidad e intolerancia de un gobierno estatal que fomenta con sus acciones la división y enfrenta al sur de Sonora con la región norte del estado.
Desde territorio de la tribu yaqui, junio de 2013
Mario Luna Romero
Secretario tradicional del pueblo de Vicam
Primera cabecera de los ocho pueblos Yaquis
Publicado el 17 de junio de 2013
