El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México hace un llamado al gobierno mexicano para cesar el espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción.

Luego de la publicación del reportaje ‘Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México’ en el diario The New York Times, donde se señala que el gobierno usa un malware para investigar ilegalmente, el programa universitario condenó los hechos.

Aquí, el pronunciamiento del PDH de la IBERO:

Hoy, un grupo de organizaciones nos recuerdan que quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos o quienes ejercen el periodismo deben más que nunca estar alerta ante la posibilidad de estar siendo vigilados por el gobierno.

Gracias a un informe publicado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 y SocialTIC, sabemos de 76 nuevos casos de intentos de infección a través de un sistema denominado Pegasus, adquirido por la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (más información disponible en: https://r3d.mx/).

¿Quiénes se han convertido en el objetivo de estos ataques? Periodistas y personas defensoras de derechos humanos, situación a la cual el Programa de Derechos Humanos de la IBERO suma su voz de indignación y repudio.

La vigilancia y el espionaje constituyen un atentado directo a la verdad, a la justicia y a la libertad de las y los defensores, activistas y periodistas, con el objetivo de mermar el trabajo de denuncia; intimidar, controlar y contener a las personas que luchan por la justicia y por desenterrar verdades incómodas.

Como Programa de Derechos Humanos expresamos nuestra solidaridad para con las y los defensores, periodistas y activistas a que realizan un trabajo valiente, valioso y necesario.

A su vez, realizamos un llamado al Gobierno para que cese esta práctica y dirija sus recursos a investigar y sancionar a las personas responsables de las violaciones a derechos humanos que tienen a nuestro país en una situación de crisis; a funcionarios y funcionarias corruptas y/o que facilitan que la impunidad se perpetúe.

El Programa de Derechos Humanos también se suma a las demandas para la apertura de una investigación imparcial, independiente y transparente que permita identificar y sancionar a las y los responsables de la vigilancia ilegal documentada.