CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El presidente interino de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, condenó la acción emprendida por diputados locales y funcionarios de la Auditoría General del Estado (AGE) de interponer una denuncia penal para obligar a tres reporteras a revelar sus fuentes de información.

Navarrete dijo que es necesario que los diputados homologuen el marco jurídico local con los tratados internacionales en materia de libertad de expresión, que prevén el respeto al secreto profesional de los periodistas para evitar este tipo de acciones que, a su juicio, reflejan desconocimiento pleno de las leyes.

Directivos y periodistas del periódico El Sur, acompañados por otros colegas, acudieron este lunes a la sede de la Coddehum para solicitar al organismo que obligue a los diputados locales y funcionarios de la AGE a rectificar su postura y retirar la denuncia penal promovida contra tres comunicadoras con el propósito de conocer quién fue el responsable de filtrarles un documento oficial relacionado a irregularidades observadas en las cuentas públicas de 2012 de 14 exalcaldes que ahora se desempeñan, algunos, como diputados locales y federales.

Esa acción jurídica, adujeron, representa un acto de hostigamiento e intimidación en contra de las periodistas Vanesa Cuevas Bonilla, Citlal Giles Sánchez y Rosalba Ramírez García, quienes publicaron a mediados de marzo los datos del documento oficial de la AGE en los periódicos El Puntual, La Jornada Guerrero y El Sur.

En respuesta, el 26 de marzo el área jurídica de la AGE interpuso una denuncia ante la Procuraduría local en contra de quien resulte responsable de la filtración de las observaciones que hizo el órgano fiscalizador de la entidad sobre las cuentas públicas de los exalcaldes.

Dos días después, diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local –conformada por Oscar Díaz Bello, del PRD; Ricardo Taja, del PRI; Delfina Oliva Hernández, del PAN; Alejandro Carabias, del Verde, y Laura Arizmendi, del Movimiento Ciudadano– fueron más allá al exigir a la reportera Rosalba Ramírez del periódico El Sur que revele el nombre de la fuente que proporcionó los documentos a ella y a sus colegas.

A través de un documento suscrito por los cinco diputados encabezados por el perredista Óscar Díaz, un próspero empresario de Iguala que ha sido señalado por sus presuntos nexos con la delincuencia, señalaron que “si se pretende llegar al fondo de las cosas”, la reportera de El Sur  “tendrá que revelar la fuente de donde obtuvo la información”.

El director del diario local, Juan Angulo Osorio, consideró que la información difundida, la cual no ha sido desmentida, exhibió una confrontación entre diputados locales y el titular de la AGE, Arturo Latabán.

Consideró que en medio de este conflicto, los diputados pretenden involucrar a los medios de comunicación bajo la lógica de “matar al mensajero”.

La actitud de los diputados fue considerada como indignante y grave porque se supone que conocen las leyes y saben que el secreto profesional de los periodistas –que incluye no revelar las fuentes–, está protegido por la Constitución.

Por ello, los periodistas que acudieron este día a la Coddehum demandaron a los legisladores rectificar su postura y retirar la denuncia penal interpuesta por la AGE.

El presidente del organismo, Ramón Navarrete, condenó la acción de los diputados locales, se comprometió a analizar el caso a fondo para emitir una recomendación, y recordó que la legislatura pasada dejó pendiente un proyecto de reforma en materia de derechos humanos que contempla el respeto a la labor de los periodistas.

El ombudsman y los periodistas acordaron solicitar al Congreso local una iniciativa para que las leyes locales contemplen el respeto al secreto profesional de los periodistas para evitar este tipo de acciones que sólo reflejan desconocimiento y autoritarismo de los diputados y funcionarios de la AGE.