Tanto para defender como para cuestionar la actitud de Hebe de Bonafini del 4 de agosto, se usaron argumentos jurídicos y políticos. Cuáles son esos argumentos, y cuál es la síntesis donde se cruzan la justicia y la política.
Con la velocidad que habilitan las redes sociales informáticas, la proliferación de nuevos medios de comunicación alternativos y la algidez del debate instalado en nuestra sociedad, desde el jueves anterior hasta hoy las reflexiones y puntos de opinión acerca de la declaración de Hebe de Bonafini nos han inundado. Desde periodistas a juristas, de personalidades de la cultura a ciudadanos comunes: prácticamente no hubo quien no destilara su indignación, alegría, descontento, enojo o jolgorio, al momento de defender o cuestionar o bien a la justicia, o bien a la Madre de Plaza de Mayo en cuestión; recuperando bastante de lo escrito, dicho y vociferado al respecto, se observan dos grandes campos: un campo jurídico y un campo político.
Lo jurídico de lo político
Respecto de aquellos y aquellas que se ampararon en los argumentos jurídicos, quienes cuestionaron la actitud de Hebe descansaron en una serie de argumentos: el más utilizado, que la justicia debe ser igual para todas y todos y por ende, no importa si la persona citada a declarar es una referente en la lucha por los derechos humanos, un genocida, un delincuente común o un presidente. La igualdad formal anhelada ante la ley indica que, ante determinada norma impartida por el poder judicial, todos y todas debemos acatarla en forma simétrica. Desde dicho enfoque, y según lo que indica la ley, es del todo cierto que Hebe de Bonafini estaría obligada a presentarse a declarar, en virtud de lo dictaminado por el juez Martínez de Giorgi.
Claro que los puntos débiles de este enfoque son, en primer lugar, que si se pregona que todos deben actuar igual ante las resoluciones judiciales, bien podría uno preguntarse porqué las resoluciones judiciales no actúan de la misma forma ante las personas. Las cinco citaciones incumplidas a declarar de De la Rúa, o las tres de Macri por la causa de la UCEP, que jamás motivaron pedidos de captura ni el concurso de la Policía Federal, son muestras empíricas y contundentes que lo demuestran. De esta forma, para que las personas actuemos igual ante la ley, sería conveniente que la ley comience a actuar igual ante las personas.
En segundo lugar, el enfoque formalista interpreta el texto judicial desprovisto de las relaciones de poder que lo sustentan, y ni que hablar de aquellas que lo sustentaron al momento de constituirse. No solamente las relaciones de poder re configuran la forma de aplicar una decisión judicial, sino que el campo judicial todo es materia interpretativa.
Para contribuir a la interpretación, una fuente consultada que entiende en la materia agrega al caso de Bonafini que: Hebe no se presentó en persona pero presentó un escrito; que en el 90% de los casos las personas que se presentan se niegan a declarar; que –en general– quienes no se presentan a declarar no son buscadas con la fuerza pública; que uno de los motivos para esto último es la presunción de fuga –lo cual resulta casi inimaginable en una adulta mayor de su talla–; que es una causa en la que Hebe ya declaró varias veces; que en esa misma causa ya fue sobreseída inclusive luego de presentar cuarenta cajas con documentación; y que, analizando su situación patrimonial, todo indica que, en el peor de los casos, se trató de una negligencia de su parte al haber confiado la firma de su asociación a inescrupulosos que actuaron con culpa y dolo.
Todos estos argumentos contribuyen a interpretar, aún desde el campo jurídico, que utilizar la fuerza pública para llevar a Hebe de Bonafini forzadamente a declarar es una decisión inédita, rayana con la provocación.
También dentro de un marco jurídico, existe otro campo de argumentaciones contrarias al pedido de detención, ligadas a las bases de la filosofía del derecho. Un ejemplo de ellas fue presentado por Mario Juliano, ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, en una columna de opinión del diario Infobae [1]. Allí destaca que la declaración indagatoria es un derecho de defensa, y que no debería obligarse a nadie a ejercer un derecho. Este paradigma que obliga a las personas a ejercer un derecho contra su voluntad, no hace más que replicar una impronta inquisitiva; además, esta impronta ya fue superada por el nuevo Código Procesal Penal votado por el Congreso de la Nación, que aún no fue implementado.
Lo político de lo jurídico
El otro universo desde el cual avalar o cuestionar la decisión de Hebe es el campo eminentemente político. Decimos eminentemente, porque esperamos que las líneas escritas más arriba alcancen para demostrar que cualquier aspecto de la justicia es en sí mismo político; no obstante, hay algunos argumentos que tienen una especificidad política particular.
Estos argumentos fueron vertidos por los cuestionadores de Hebe, aludiendo a que ella es un ‘emblema de la corrupción kirchnerista’, una ‘apologista de la violencia guerrillera’, una figura que ‘se ampara en su lucha por los derechos humanos para escapar de sus responsabilidades civiles’, y demás. Desde el otro lado, representantes de organismos de derechos humanos, militantes, organizaciones populares nacional-populares, marxistas y de la izquierda en general, apoyaron a Hebe por ser un símbolo en la defensa de los derechos humanos.
En este último caso, se argumenta que una mujer que enfrentó a la dictadura, que perdió precisamente a sus hijos en manos del Estado genocida, y que lleva cuarenta años siendo desoída por la justicia en sus reclamos, sea ahora indagada con toda la celeridad de esa misma ‘justicia’ demuestra el contenido político e ideológico de una corporación judicial rápida para agilizar las causas que le interesan, y lenta para esclarecer los delitos de lesa humanidad; es de destacar que, en este último argumento, se encontraron organizaciones y referentes políticos de disímiles orientaciones ideológicas, muchos de los cuales inclusive estuvieron enfrentados a los gobiernos kirchneristas.
Hacia una mirada de síntesis
Lo visto muestra que, tanto desde lo específicamente jurídico como desde lo eminentemente político, existen motivos y argumentaciones o bien para avalar la decisión de Hebe y cuestionar la del Juez, o bien para efectuar la operación inversa. Es por ello que resulta falaz pensar que a Hebe ‘la ampara lo político’, pero ‘la condena lo judicial’, o argumentos de tal clase. Esas formulaciones, en realidad, reproducen una versión fetichizada y pretendidamente neutral tanto de la ‘justicia’ como de la política.
Por el contrario, es importante identificar que es precisamente la existencia de un campo articulado de interpretaciones colectivas el universo en el cual, en forma necesaria –y no contingente– se desarrolla lo jurídico en nuestras sociedades. Esto es así, les guste o no les guste a los enamorados pasajeros de los formalismos: veloces en abrazar las obligaciones judiciales adversas para extraños, y perezosos para acatar las de los propios. Es por ello que, si toda justicia es política, y toda política implica un campo de tensiones y de luchas de poder entre sectores, grupos, clases y organizaciones, al momento de consolidar una mirada de síntesis, necesariamente lo jurídico y lo político deben aparecer asociados.
El teórico griego Nicos Poulantzas definía al Estado como una condensación material de las relaciones de poder en determinada sociedad. Las leyes, el sistema jurídico y lo que muchas veces damos en llamar ‘la justicia’ no son sino las formas en que se condensan, normativa y jurídicamente, determinadas relaciones de poder en determinado contexto histórico.
Por ello, el mejor camino al momento de posicionarse respecto de este tipo de hechos significativos a partir de decisiones judiciales es el de desarrollar la reflexividad crítica, que nos permita identificar en dónde y de qué manera las decisiones emanadas del poder judicial trasuntan correlaciones de fuerza y de poder.
Una vez identificado aquello, sólo queda ser fiel a la objetividad sin neutralidad, como sugiere Boaventura de Sousa Santos. En el caso de Hebe entonces, huelga colocarse, enteramente, del lado de su dignidad histórica; la que resistió el jueves pasado a la arbitrariedad judicial, y la que se prepara para consagrar, el día de hoy, la ronda número dos mil en la Plaza de Mayo.
foto: Pablo Ernesto Piovano – Página / 12
Texto publicado en Marcha.org.ar
[1] http://www.infobae.com/opinion/2016/08/05/caso-bonafini-podemos-ser-obligados-a-ejercer-un-derecho/
