Fotos: Camila Parodi
El primer juicio fue llevado a cabo en el marco del 32° Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, Chaco, el 15 de octubre de 2017 y continuaron desarrollándose en distintas ciudades de la Argentina como así también en Uruguay y Paraguay. Fue así que durante el 28, 29 y 30 de junio el Tribunal se reunió en Buenos Aires con el objetivo de poner en común las catorce (14) audiencias realizadas a lo largo de estos ocho (8) meses en los que se presentaron un total de 68 casos.
En el ámbito de estos juicios populares y feministas, los casos no son como aquellos que se enumeran en las noticias o que se archivan en legajos criminalistas por su particularidad. Los casos aquí, son historias de vidas de mujeres, lesbianas, travestis y trans que, contadas en primera persona y desde lo personal, se convierten en políticas y colectivas develando la lógica del poder patriarcal, colonial y capitalista. Se trata, también, de historias de familias en lucha y búsqueda de espacios de sanación y de escucha verdadera.
Es en ese sentido que las audiencias realizadas fueron abiertas y en espacios públicos y convirtieron a los Juicios a la Justicia Patriarcal en “un modo de encuentro político pedagógico en el que pudimos escucharnos, sentirnos, acompañarnos, y pensar juntas cómo defendernos frente a las múltiples violencias del patriarcado colonial y capitalista, abriendo diálogos e intercambios para imaginar y pensar caminos hacia una justicia feminista, antirracista, originaria, comunitaria y popular” tal como lo expresaron sus protagonistas.
Una sentencia para muchas violencias
En la sentencia trabajada a lo largo de las jornadas del 28 al 30 se pudieron ordenar las distintas formas de accionar del aparato judicial. En ese sentido, se develaron mecanismos de legitimación de violencias, es decir aquellas “dificultades o imposibilidad de acceso a la justicia de mujeres empobrecidas, racializadas, originarias, negras, afrodescendientes, lesbianas, travestis, trans”. Según explicaron, esto se debe a lógicas de desinformación generadas intencionalmente por el Estado acerca de los derechos y de las leyes existentes lo cual conlleva al control y manipulación por parte de los funcionarios de la justicia a la hora de tomar y tratar un caso. En este punto, el Tribunal Ético Popular y Feminista encontró distintos hechos de complicidad, renuncias y amenazas como así también entorpecimiento y dilatación de las investigaciones de forma tal que la mayoría de las historias de violencias machistas quedan entrampadas en dichas lógicas, muy lejos de justicia real y genuina. A su vez, destacaron que dichos mecanismos implican per sé una clara intención de culpabilización, manipulación y maltrato a las familias de las víctimas cuando insisten en el avance de la investigación e inclusive cuando deciden continuar por cuenta propia con las investigaciones.
Por otro lado, se pudo confirmar que el sistema penal, policial y carcelario reproduce las violencia físicas, sexuales y psicológicas. Torturas en los momentos de detención, e incumplimiento de derechos para las mujeres, lesbianas, trans o travestis cuando son detenidas, como así también el uso de “la violencia sexual como tortura específica, por machismo, o por las discriminaciones provenientes de un régimen heteronormativo que busca disciplinar a los cuerpos disidentes” según denunciaron durante la presentación. Si bien no es ninguna novedad, se pudo afirmar que muchas veces es el mismo sistema judicial el que reproduce y legitima las violencias contra los cuerpos feminizados. Es así que no extraña la complicidad del personal judicial, incluidos fiscales y jueces, como así también de las fuerzas de seguridad y de sectores del poder político en los casos de desapariciones de adolescentes y jóvenes, realizados por las redes de prostitución y de trata. “Hay ausencia de mecanismos para la búsqueda real de las chicas desaparecidas. Las fuerzas policiales involucradas en las redes de prostitución y trata, amenazan y/o arman causas a quienes buscan a las desaparecidas” denunciaron en la primer sentencia realizada por el Tribunal Ético Popular y Feminista.
“La justicia y los medios de comunicación hegemónicos nos estigmatizan para generar odio masivo” afirmaron también al sistematizar los más de 60 casos presentados a lo largo de los juicios a la Justicia Patriarcal. “Se nos dice: locas, putas, brujas, malas madres, gente que no piensa, asesinas, bárbaras, ignorantes, ladronas, opas, tontas, salvajes, provocadoras, feminazis, corruptas y terroristas” utilizando elementos de la identidad para descalificar las demandas y para anular la palabra. En ese sentido, las indagatorias y juicios a mujeres originarias y migrantes se realizan en la lengua colonizadora, sin respetar la pluralidad de lenguas que se hablan en los territorios.
Por otro lado, se denunciaron los femicidios políticos donde la justicia responde a la voluntad estatal de encubrimiento de los responsables de los crímenes políticos en casos como los de Bertha Cáceres, Sakine Cansiz y Macarena Valdés, entre otros. “Existen complicidades de los poderes judiciales con las empresas transnacionales y con personajes de las oligarquías locales, se falta el respeto al artículo 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, y de los tratados ambientales existentes, se han armado causas para criminalizar como “terroristas” a mujeres defensoras de la vida y de los territorios, se falta el respeto a los tratados sobre los derechos de las mujeres, y sobre los derechos de niñxs y adolescentes” destacaron.
En lo que respecta a la criminalización de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo se han relevado historias de mujeres presas por decidir sobre sus cuerpos, así como también de aquellos/as profesionales de la salud que acompañan la decisión de las mujeres y personas gestantes. En esa línea “queda evidente el compromiso de jueces y del sistema judicial con los fundamentalismos religiosos, y su receptividad ante las estrategias judiciales de los fundamentalismos, impidiendo la implementación de leyes y políticas públicas que garantizan el acceso a los derechos de las mujeres” afirmaron. A su vez, explicaron que muchas veces la justicia rápidamente prejuzga y determina prisión cuando en muchos casos no se aplican las causales aún existiendo y se criminaliza a quienes realizan interrupciones legales del embarazo (ILE). En particular, se denunciaron situaciones de extrema criminalización como es el caso de El Salvador donde no existe ninguna posibilidad para ejercer el derecho al aborto, y las mujeres que lo realizan y se descubre pasan largos años en prisión.
Hacia una Justicia Feminista…
A lo largo de las jornadas de encuentro, reflexión y sistematización llevadas en el marco del Tribunal Ético Popular Feminista se pudo constatar el aprendizaje que se ha construido de “las experiencias, del acompañamiento a víctimas y familiares, cuando se encuentran en la necesidad de transitar por dichas instituciones y sus laberintos, de soportar grados inmensos de dolor y sufrimiento” afirmaron. Es en ese sentido que, a partir de este proceso ahora muchas pueden intercambiar y colectivizar los saberes acumulados con las experiencias de los juicios.
De esta manera, el Tribunal Ético Popular Feminista enumeró en su sentencia algunas exigencias al Estado a partir del relevamiento realizado: “exigir el conocimiento de la legislación sobre derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, sobre justicia indígena; implementar con urgencia medidas que aseguren la celeridad en las causas; avanzar hacia la ampliación de políticas públicas de prevención y mecanismos efectivos y reales de búsqueda de mujeres desaparecidas; organizar, en todos los niveles, áreas interdisciplinarias de asistencia a las víctimas, que escuchen su voz y la repongan permanentemente en el proceso judicial y abogados gratuitos para las querellas, entre otras cosas”.
A raíz de los juicios y las instancias de encuentro no sólo la denuncia a la Justicia Patriarcal ocupó centralidad, también la preocupación estuvo centrada en la construcción de alternativas, de espacios de contención y sanación, de autocuidado y autodefensa para las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Es así que la Justicia Feminista comenzó a ser prefigurada como un nuevo horizonte para el Tribunal Ético Popular Feminista. “La desarticulación del patriarcado implica seguir construyendo maneras de nombrar e identificar a las violencias y sus mecanismos, para poder denunciar, reaccionar, pedir ayuda a la compañera, activar redes, construir vidas libres y rebeldes” explicaron en su conclusión.
A su vez, tras el proceso realizado junto a las mujeres de los pueblos originarios del Abya Yala el Tribunal ha asumido su “derecho a tener y a defender los propios sistemas de justicia porque la justicia colonial, blanca, occidental, winka, machista y misógina, es una justicia mentirosa y cómplice, que a las mujeres y a los pueblos no nos representa ni nos sirve”. Y ante las propuestas y experiencias coincidieron, el siguiente paso es pensar la construcción de una otra justicia feminista, no sólo en el tribunal sino como una práctica cotidiana.
En ese marco, al cierre de la primer sentencia, este Tribunal Ético Feminista convocó a “multiplicar los tribunales feministas, y seguir coordinando nuestras denuncias, para aprender juntas a cuidarnos y defendernos”. Y manifestaron “abrimos así un camino hacia la construcción de otra justicia, donde nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros deseos, nuestros territorios, nuestros pueblos, sean protagonistas, y encontremos los modos de defendernos, sanarnos, y reivindicar nuestro derecho a rebelarnos ante todas las opresiones y a crear nuevos modos de vivir, de sentir, desde nuestras cosmovisiones, proyectos y formas de ver la vida”.
Publicado originalmente por la Fundación Rosa Luxemburgo
