Ciudad de México | Desinformémonos. Habitantes de la Cooperativa de Vivienda Palo Alto, en Cuajimalpa, recibieron la noticia de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, presidido por el juez Alejandro Dzib Sotelo, suspendió temporalmente la visita de inspección que se realizaría la mañana de este martes para comenzar a liquidar sus hogares, los cuales no quieren vender.

Ya desde la medianoche, un cerco de 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina en los alrededores de la Cooperativa les quitaba el sueño y, la mañana de este martes, a primera hora, las más de 200 familias se prepararon para protestar de manera pacífica ante el esperado arribo de actuarios que inspeccionarían sus viviendas y harían la entrega de una tortillería y un centro de distribución de leche LICONSA a una Comisión liquidadora para su venta. Pero no llegaron.

Sin dar motivos de la suspensión y sin notificación formal del Juez, fue Juan Gutiérrez Márquez, director general de Concertación Jurídica de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México quien informó del cambio de planes. “El Juez o el notario o el actuario que iba a venir decidió ya no hacer la diligencia. Quiero pensar que es por hoy, no sé cómo actúen ellos, pero esta es la información que tenemos”, informó el funcionario.

La cooperativa celebró, con la certeza de que la decisión mucho tenía que ver con su oposición y organización colectiva.

“Efectivamente, hoy hemos ganado un paso. Hemos ganado porque estuvimos aquí, porque amamos este lugar. Porque aquí está nuestro ombligo, nuestra vida. Aquí hemos construido, y hemos crecido a los hijos”, dijo en plenaria Gloria Valdespino.

Y coincidieron todos con que es apenas un paso, pues este es un camino largo: la diligencia suspendida de este día sería apenas el inicio de un proceso de liquidación judicial que deriva de una demanda interpuesta en el 2002 por parte de una minoría de socios de la Cooperativa -42 personas- que quiere privatizar sus partes sociales para venderlas al mejor postor en el mercado inmobiliario, ignorando la voluntad de la mayoría de socias y socios sobre la continuidad de la gestión colectiva de la propiedad común.

Desde ese año hasta este 2021, la Cooperativa, ha interpuesto una serie de recusos legales para defenderse a los intentos de este grupo de obligarla a individualizar y liquidar su propiedad colectiva, al tiempo que lidia con una Comisión liquidadora que, se supone, debería velar por el derecho de las y los socios pero, en el hecho, está orientada a favor de la venta de Palo Alto.

“Hemos visto que ellos se han inclinado para el lado de los que quieren vender porque les resulta lucrativo, tanto para la comisión como para los disidentes, porque si lo logran recibirán grandes cantidades. Tan sólo la Comisión está pidiendo un pago del 12 por ciento sobre el valor de la Cooperativa (alrededor de 170 millones de pesos)”, detalló Julio César Morales, representante legal de Palo Alto.

La historia

La Cooperativa de Vivienda Unión Palo Alto es un caso pionero en América Latina de lucha popular por el derecho a una vivienda digna y colectiva. Fue fundada hace 49 años, en 1972, con 245 socios. Su comunidad inicial proviene de personas migrantes del interior del país, principalmente de Michoacán, que trabajaron por más de 30 años en una mina de arena en Santa Fe que les rentaba chozas en la zona de trabajo. Tras agotarse la extracción de bienes, y ante la intención de la minera de expulsar a las familias, éstas lograron adquirir el suelo donde ya vivían, consolidándose como una Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua.

Desde entonces, y a raíz de un voraz desarrollo inmobiliario en la zona que convirtió a Santa Fe y sus alrededores en uno de los territorios más codiciados de la capital por el valor del suelo, la sociedad cooperativa ha coleccionado historias de intentos de división organizativa orquestada por personas externas, intentos de compra, hostigamiento y presión.

Sin miedo a errar, varios habitantes aseguraron que detrás del proceso de liquidación ordenada por el  Juez Alejandro Dzib Sotelo se esconden intereses de esos desarrolladores inmobiliarios que desde años atrás han buscado hacerse de la propiedad donde se asientan para integrarlo al mercado inmobiliario.

Pero no lo permitirán. Ellas y ellos dicen que la vivienda es un derecho, no una mercancía, y que defenderán la función social de la tierra y la vivienda a toda costa.

«Porque atentar contra Palo Alto no es atentar sólo contra nuestras viviendas, es atentar contra un proyecto social al que le estamos apostando, a una nueva sociedad y forma de vida, una nueva forma de habitar en un lugar seguro”, sostuvo una de las habitantes.

“Ante todo el capital y el poder que nos rodea nosotros tenemos el apoyo de la sociedad civil, el poder del pueblo”.

Esta tarde dialogaron y celebraron. Las infancias jugaron en sus espacios comunes, seguros. Todas y todos comieron en colectividad. Pero la mayoría queda expectante, con la seguridad de que, como dice su defensor legal, otra fecha será asignada por el juez para realizar la famosa diligencia de inspección con la que quieren ponerle precio a su patrimonio común.

Pero para entonces, sostienen, habrán afinado su estrategia de defensa, porque, recalcaron, la lucha sigue, y con más fuerza.

En el tiempo

1972 – Se funda La Cooperativa de Vivienda Palo Alto

1990 – Una minoría de socios -42- de la cooperativa buscó obtener escrituras individuales para la venta de parte de la propiedad colectiva.

1994 – Dirección General de Fomento quita su registro a la Cooperativa Palo Alto.

1997 – La Cooperativa y los 42 socios disidentes generan un convenio para que éstos reciban el pago de sus inmuebles acorde con una valuación, pero el acuerdo no se concreta.

2002 – Los 42 disidentes comienzan un proceso judicial de liquidación forzosa ante un Juzgado Civil en Ciudad de México, bajo el juicio 136/2002.

2002 – Se crea una comisión liquidadora, integrada por dos socios disidentes, un contador y dos integrantes del Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop).

2013 – 2019 – Con una serie de amparos la Cooperativa detiene en distintas ocasiones órdenes de liquidación.

2021 – La Comisión liquidadora presenta un proyecto de venta total y parcial de la Cooperativa y el Juez ordena una diligencia de inspección a las viviendas, así como la entrega de parte de los bienes comunes para su venta.