El sociólogo y ambientalista Gustavo Castro Soto fue interceptado hoy por autoridades de Honduras en el aeropuerto de Tegucigalpa, a punto de abordar el avión que lo conduciría a México, luego de haber sido víctima de un ataque en el que fue asesinada la luchadora indígena Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). “Forzarlo a seguir dando declaraciones y a permanecer en Honduras es violentarlo más y ponerlo en peligro”, advierte Libertad Díaz Vera, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, de la que Gustavo es coordinador.

Castro, de 51 años de edad, iba acompañado de Dolores Jiménez Hernández, embajadora de México en Honduras, y del cónsul Pedro Barragán, quienes tuvieron que forcejear con las autoridades hondureñas para arrebatarles al connacional e introducirlo al vehículo diplomático, dirigiéndose de inmediato a la embajada, donde permanece en estos momentos.

“Iba a salir de Tegucigalpa desde el sábado por la tarde, pero anoche hablamos a la embajada y nos dijeron que estaban esperando una notificación de la fiscalía.  Se quedaron esperando pero el documento nunca llegó, por lo que tomaron la decisión de salir esta mañana hacia el aeropuerto”, donde “lo interceptaron la policía y agentes ministeriales, le dijeron que había una alerta de migración y trataron de llevárselo”, advierte su compañera de trabajo.

Gustavo Castro, sociólogo originario de Tampico, Tamaulipas, fundó en 2007 la organización Otros Mundos Chiapas, asociación sin fines de lucro con base San Cristóbal de Las Casas, dedicada a análisis de impacto de megaproyectos, especialmente mineros e hidroeléctricos. Es parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, y a nivel nacional y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).

La madrugada del jueves 3 de marzo, dos sujetos entraron al domicilio de Berta Cáceres, defensora del territorio lenca, premio Goldman 2015, y la acribillaron a balazos. Posteriormente, relata Libertad Díaz, ingresaron al cuarto donde dormía Castro y le dieron dos tiros. Uno le lastimó una mano y otro le rozó el oído. Él se tiró al suelo, los sicarios lo dieron por muerto y salieron huyendo.

“En estos momentos”, señala Díaz, el estado de salud de Gustavo es estable, tuvo heridas leves, pero  le hacen falta cuidados. Después del atentado las autoridades lo detuvieron en calidad de testigo protegido, pero ya es momento de que regrese. Ya no tiene nada que hacer en Honduras. Ya cumplió con todas las peticiones que le hizo la fiscalía y todas las dependencias que lo han solicitado. Participó también en la reconstrucción de los hechos en la casa de Berta y ha colaborado en todo, en la medida en que se lo ha permitido su estado físico y psicológico”.

La exigencia que promueven las organizaciones de las que forma parte es que si Castro tiene que volver a dar declaraciones, lo haga desde la embajada de México, “pues no hay condiciones de seguridad para que salga de la representación diplomática”. No se trata, aclara Días Vera, de que no colabore en la investigación, “al contrario, pues desde las organizaciones se exige que la investigación del asesinato de Berta y el atentado de Gustavo sea lo más clara posible y que colabore con la justicia, pero él tiene que tener las suficientes medidas de seguridad”.

Luego de cuatro días de rendir declaraciones, Castro no tiene copia ni documento alguno que avale su participación y colaboración en el proceso. “Y eso también nos preocupa”, advierte la entrevistada.

Castro Soto ha participado en diversas organizaciones en defensa del territorio. Como parte de un esfuerzo de vinculación con movimientos de la región, mientras estaba en CIEPAC, conoció a Berta Cáceres y al Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), por lo que viajó decenas de veces a ese país para conocer de cerca y acompañar la lucha de la organización.

En estos días, se encontraba, en coordinación con el COPINH, ofreciendo talleres sobre extractivismo y modelos energéticos en comunidades indígenas. Esa es la razón por la que pernoctaba esa noche en el domicilio de Berta Cáceres.

Luego de cuatro días sin dormir, sus compañeros explican que Gustavo, además de estar sumamente cansado, “está muy preocupado por su seguridad”. Ha colaborado en todo “pues es muy importante que se dé con la verdad y hacer justicia a Berta”.

Finalmente, Libertad Díaz insiste en que Gustavo es una víctima y no ha sido tratado como tal, “lo cual es grave, pues él también fue balaceado, no sólo es testigo y mucho menos presunto implicado”.

Por lo pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para los miembros de COPINH y se ha pronunciado por la salida de Castro Soto del Honduras, con el fin de resguardar su integridad física y psicológica.