En memoria de Rosendo Radilla, Juventina Villa,
Eva Alarcón y Marcial Bautista,
Jorge Alexis y Gabriel Echeverria.
Quienes en diferentes fechas de noviembre y diciembre
fueron víctimas de la violencia del Estado.
Sus casos, que se mantienen en la impunidad,
es la prueba funesta de que en Guerrero,
se viva una grave crisis de derechos humanos.
Con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los derechos humanos de la ONU, México presenta un panorama desastroso en esta materia con violaciones masivas, graves y sistemáticas, desde el gobierno de Felipe Calderón hasta Enrique Peña Nieto. Este balance de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, reafirma que: “…nunca antes se había observado esta situación desde la revolución mexicana”. Calificó de “astronómicas” la cifra de desaparecidos, torturados y ejecutados en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Ante las estadísticas escalofriantes de más de 238 mil homicidios dolosos desde el 2006 y un promedio de noventa asesinatos diarios, en el último año, México es “uno de los escenarios más dramáticos” en la región sobre todo por la ausencia de justicia. En el caso de los desaparecidos la cifra ronda entre los 37 400. Lo más abrumador y “descorazonador” es ver a las familias de las víctimas deambular reclamando justicia, porque en México la justicia “es inaccesible, incompetente y corrupta”. Es un verdadero desastre.
Para el ex relator especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, con motivo de su visita del 21 de abril al 2 de mayo del 2014, concluyó que: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. Sostiene con mucha contundencia que: “hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”. Para el ex relator: “México tiene un serio problema con la tortura que es parte del enfoque que se ha venido llevando sobre el combate al crimen organizado que incluye la militarización de lo que debería de ser prevención y castigo del delito. En ese contexto la tortura se ha generalizado y ha invadido todas las actividades de los distintos cuerpos policiales, municipales, estatales, federales, incluyendo las fuerzas armadas”. Plantea que la clave para enfrentar el flagelo de la tortura es: “la desmilitarización del país”.
La Declaración Universal es un arma efectiva para impedir que los gobiernos del mundo vuelvan a cometer horrores como las guerras mundiales y el holocausto. Es la conciencia de la humanidad que se erige en la bandera dentro de todos los países, para exigir a los gobiernos el respeto absoluto a los derechos inalienables que posee todo ser humano y que no son negociables. El derecho a la vida, la igualdad, a la seguridad, a la educación, a la salud, al trabajo, a la libertad de expresión, la libertad de movimiento y de acceso a la justicia, son sagrados y ninguna autoridad puede estar por encima de ellos. La Declaración es un documento emblemático que defiende el derecho que tiene toda persona, a no ser sujeta de tortura, ni a ser detenido de manera arbitraria. Pregona el derecho a la justicia, al debido proceso, al bienestar, a la no discriminación y la protección del Estado en el goce de cada uno de estos derechos.
En Guerrero estamos muy lejos de que las autoridades respeten y cumplan con la Declaración Universal de los derechos humanos. Contrario al espíritu de este ideario se violenta cotidianamente el derecho a la vida y a la seguridad de las personas. Las autoridades se han desentendido de este compromiso internacional de salvaguardar los derechos fundamentales de los conciudadanos. Más bien vivimos en un Estado de guerra que no respeta la vida ni las libertades fundamentales.
Las víctimas de la violencia han tenido que salir al frente para buscar a sus familiares ante la indolencia de las autoridades. Existe un gran distanciamiento y desconfianza con los funcionarios que tienen asignada la responsabilidad de investigar los delitos y proteger los derechos de las víctimas. Muchos casos de desapariciones y asesinatos solo forman parte de las cifras del oprobio. Se carga a los familiares la responsabilidad de investigar y de dar con el paradero de sus seres queridos. Los colectivos de víctimas en el estado llevan bajo sus espaldas la cruz del dolor, del olvido y de la amenaza por parte de los mismos perpetradores, que actúan con total impunidad. Las familias experimentan en todo momento, el desinterés y desprecio de las autoridades. Tienen que ejercer presión y hacer público su malestar para ser escuchados. A pesar de estas medidas no se logra avanzar en una verdadera atención a sus planteamientos. Se simula el dialogo, no se cumple con los compromisos acordado, se postergan los acuerdos y se regatean los recursos. Muchas madres de familia que se han visto obligadas a dejar sus hogares y que arrastran con problemas económicos muy fuertes, se ven orilladas a poner en riesgo su propia vida, con tal de saber el paradero de sus hijos e hijas. Son las grandes heroínas que se han armado de valor para enfrentar a un aparato de justicia y seguridad que no funciona, y más bien les da la espalda y las traiciona. Ellas con su testimonio y su lucha diaria han desenmascarado esta estructura delincuencial que une a los grupos que delinquen con elementos que se encuentra dentro de las instituciones del Estado. Sin pretenderlo, con sus denuncias han armado la radiografía del poder, han logrado describir el modus operandi de estas autoridades, sus alianzas que mantienen de manera subterránea y hasta pública.
Esta situación también es desastrosa en Guerrero, porque persiste un continuum de impunidad que nos remite al periodo de la guerra sucia, en la década de los 70s. Esta herida abierta forma parte de la memoria histórica de las y los guerrerenses, quienes han peleado desde diferentes trincheras para exigir verdad y justicia. Las autoridades del estado, en lugar de contribuir a reparar estos graves daños se han encargado de encubrir a los responsables, de mantener intacto un pacto de impunidad con quienes han causado graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con familiares de desaparecidos de la guerra sucia, existen más de 600 personas que han sido reportadas ante las diferentes instancias de gobierno y que han quedado en los archivos de las fiscalías. El caso emblemático de Rosendo Radilla, que el pasado 23 de noviembre cumplió nueve años de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, hasta la fecha no han dado cumplimiento para dar con su paradero.
Este manto de la impunidad es lo que caracteriza a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por eso es muy certera la posición del nuevo subsecretario derechos humanos de la Secretaria de Gobernación Alejandro Encinas, quien reconoció el pasado 6 de diciembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “México atraviesa por una profunda crisis humanitaria, una crisis de violación de los derechos humanos… y uno de estos tiene que ver con el gravísimo problema de desaparición forzada que tenemos en nuestro país”. Es un paso muy importante el que ha dado el nuevo gobierno de reconocer esta situación y de empezar a tomar medidas para revertir el patrón de impunidad que impera en los órganos de procuración de justicia. La firma del decreto por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que impulsa la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala, es también una muestra de voluntad política para reivindicar a las víctimas. Darle la centralidad a las madres y padres de familia en esta nueva etapa de la investigación, es un paso trascendental que inaugura una nueva ruta en este proceso de investigación y de búsqueda, donde la voz de quienes han perdido a sus hijos e hijas marcan la pauta para desenmarañar la madeja de la macrodelincuencia.
En Guerrero los crímenes del pasado tienen que investigarse, como parte de la responsabilidad de las autoridades que no pueden ser omisas de las graves violaciones a los derechos humanos que se han consumado en nuestra entidad. El déficit de justicia es abismal, no existe entre la multiplicidad de casos de desapariciones y asesinatos resultados tangibles que le permitan a las familias saber el paradero de sus hijos y castigar a los responsables. Los casos de desapariciones y asesinatos que se suscitaron hace 12 años con la declaración de guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico es otro periodo trágico que tampoco ha sido investigado por las autoridades y que ha costado decenas de vidas humanas. De nada ha servido a quienes han sido víctimas de la violencia la estrategia de militarización que se ha implantado desde hace cincuenta años en nuestro estado. Tenemos que decir, que el saldo ha sido sangriento por las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias, por la práctica sistemática de la tortura, que siguen sin investigarse, y que más bien amenazan con perpetuarse. Este tipo de acciones funestas, reforzadas con el modelo militarizado de seguridad que se está implantando en el país con la guardia nacional, coloca al ejército en primera línea, al asignarle la responsabilidad de llamar a cuentas a las autoridades civiles y dar las órdenes para combatir a sus adversarios, en la lógica de la guerra. Con esta estrategia guerrerista nos acercaremos al ideario de la Declaración Universal de los derechos humanos?
Publicado originalmente en Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
