El pasado 23 de abril el Estado de Guatemala libró cinco órdenes de captura contra otras tantas autoridades ancestrales, como venganza contra quienes impidieron un golpe de Estado de la fiscal general Consuelo Porras, que intentó impedir la asunción del actual presidente Bernarda Arévalo. Entre los detenidos figura Luis Pacheco, presidente de la junta directiva de alcaldes indígenas, y Héctor Chaclán, quienes jugaron un papel destacado en las movilizaciones de 2023 que derrotaron a la oligarquía.

Durante 106 días, desde el 2 de octubre hasta el 15 de enero, las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán y de la alcaldía indígena de Sololá mantuvieron un plantón frente a la fiscalía de la capital, a lo que se sumaron otros 150 plantones en carreteras que forzaron a las autoridades a reconocer el resultado de la segunda vuelta del 20 de agosto de 2023, ganada por Arévalo con 25 puntos de diferencia.

Se trata del mayor poder del país, conocido como “pacto de corruptos” integrado por el poder económico, narcotraficantes y políticos de extrema derecha que utilizan a la fiscal general como punta de lanza de su política y buscan mantener al país en una situación de crisis permanente bloqueando cualquier iniciativa que pueda perjudicar alguno de sus intereses.

Las autoridades ancestrales aseguran que no lucharon por Arévalo sino para evitar el avance de los intereses de las elites locales y sus aliados, ya que el “pacto de corruptos” lleva adelante una política anti-popular, racista y anti-indígena. Sin embargo, la corrupción y la impunidad siguen sin ser tocadas, mientras buena parte de quienes se movilizaron para que se reconociera el triunfo de Arévalo se muestran decepcionados ya que hasta ahora no cumplió su promesa de relevar a las cúpulas corruptas del Ministerio Público.

La “oportunidad histórica” que tuvo Arévalo, del partido Semilla, ha sido desaprovechada y ahora la derecha está otra vez en la ofensiva, como lo demuestran las detenciones de los cinco dirigentes, quienes fueron acusados de “terrorismo”, sedición y de obstaculizar la justicia. Los poderes de Guatemala creen que encarcelando a los dirigentes de los 48 cantones pueden acabar con las miles de asambleas comunitarias que sostienen la resistencia a la derecha.

Días pasados tuvimos oportunidad de dialogar con autoridades ancestrales de Sololá (en el marco del encuentro internacional “Democracias bajo atraque”), que señalaron la decisión de seguir resistiendo y explicaron cómo se organizan. El alcalde Simión Palax fue elegido por las 84 comunidades de Sololá que a su vez nombran a 72 alcaldes comunitarios. Destaca cómo funciona la justicia propia: “Resolvemos problemas de tierras, de las familias, robos y hasta violaciones. Las familias vienen a la justicia indígena porque no los criminaliza, no extorsiona y utiliza la lengua propia”.

Palax agrega que las autoridades indígenas son los primeros referentes para los pueblos originarios, destacó que los primeros jueves de cada mes se realiza una gran asamblea en la que participan las 58 autoridades indígenas del país, que tienen suficiente fuerza como para hacer caer ministros, como ya ha sucedido.

“Ellos quieren desaparecer a las autoridades indígenas porque somos autónomas y los fiscalizamos, en aspectos como la salud y el funcionamiento de los hospitales”, dice Palax, que luce la vara de autoridad, la chaqueta, el sombrero y el morral.

Compartimos debates informales también con autoridades de los 48 cantones de Totonicapán y de Santa Cruz de Quiché, quienes no mostraron la menor fisura en cuanto a resistir la embestida autoritaria. Flotaba en el aire la experiencia de los años 1980 a 1982, cuando una potente insurgencia de los pueblos originarios colocó a la defensiva al poder económico de Guatemala, en el marco de las revolución sandinista y de la lucha revolucionaria salvadoreña.

La impresión recogida en los diálogos con la autoridades ancestrales, es que la clase dominante no dudará en repetir aquel genocidio que se cobró 200 mil víctimas originarias, si siente que sus intereses están en peligro. Pero los pueblos tienen claro que pueden retomar la historia de luchas truncadas por el la violencia militar y están dispuestos a seguir su camino, como lo demuestran las 106 jornadas de plantones que paralizaron el país y neutralizaron los planes golpistas de las elites.