Luego que fueran utilizados distintos recursos para obstruir el avance del histórico juico por genocidio en contra de los generales Efraín Ríos Montt, ex jefe de facto de Guatemala y su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, el proceso ha llegado a la etapa de conclusiones; el Ministerio Público solicitó 75 años de prisión contra los acusados.
La sentencia se encuentra a un paso de ser dictada, pero aún faltan resoluciones de los máximos tribunales del país, que podrían detener, interrumpir o crear vacilación en el juicio.
Desde el inicio de las audiencias públicas, el 19 de marzo pasado han sido interpuestas dos docenas de amparos; el resultado más claro de esta estrategia se vio el 18 de abril, cuando la jueza Carol Flores decidió, arbitrariamente retrotraer el proceso hasta finales del 2011, señala información del Centro de Medios Independientes.
En la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia continúa el juicio; el Tribunal de Mayor Riesgo dio la palabra a los querellantes adhesivos: la Asociación Justicia y Reconciliación y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) para que emitan sus conclusiones.
El Juzgado, al igual que lo hizo con el Ministerio Público, dio dos horas a cada querellante para su alegato final, mismo tiempo que tendrá al final la defensa de los militares en situación de retiro.Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, calificó de arrogante la estrategia de la defensa, que se centró en tratar de suspender el juicio y no en presentar argumentos para descalificar las acusaciones contra su cliente.
Por su parte Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, expresó que los medios de comunicación han evidenciado que los abogados no prepararon una estrategia de defensa, sino que ejecutaron una tendiente a obstruir y aplazar el juicio.
La Fiscalía acusa a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez de ser responsables intelectuales de la muerte de 1 mil 771 indígenas Ixiles a manos del ejército en 16 diferentes matanza colectivas ocurridas entre marzo de 1982 y agosto de 1983, durante el período de facto del primero.
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