Como “situación difícil” calificó Reporteros Sin Fronteras (RSF), los riesgos para el ejercicio de la prensa independiente en Guatemala. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei el país fue empujado a saltar al grupo de los 53 países del mundo de más riesgo para la prensa.
En el año 2023 se cumplen 30 años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este año la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) convocó a los países a trabajar en una acción global a la que llamó: “Dar forma a un futuro de derechos: Libertad de expresión; motor de todos los demás derechos humanos”.
A pesar de estas acciones globales en Guatemala la violencia, acoso y persecución penal en contra de la prensa independiente y la libertad de expresión van en aumento, como lo remarca la Clasificación Mundial de la libertad de prensa 2023 que elabora RSF. El colectivo “No Nos Callarán” denunció en un comunicado el 3 de mayo que, en el contexto de la regresión autoritaria veintidós periodistas han salido al exilio, la mitad de las salidas ocurrieron durante el mes de marzo.
RSF designó a 42 países durante el año 2022 entre ellos a Guatemala, como lugares de riesgo para el ejercicio periodístico. “En otras palabras, las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas en 7 de cada 10 países y satisfactorias sólo en 3 de cada 10.”
El país ha ido cayendo desde el año 2020 cuando se encontraba en el puesto 116, esto con la llegada de Alejandro Giammattei al gobierno. Este año se ubica en el puesto 127 de 180 pises, ubicándose en el grupo de los 53 países con más violaciones a la prensa en el mundo. Con esta denominación se encuentra Perú en el puesto 110, El Salvador en el lugar 115, Bolivia en el lugar 117, México en el lugar 128 y Colombia en el lugar 139.
RSF considera que Guatemala atraviesa una crisis sociopolítica desde hace cinco años, “que provoca que cualquier periodista crítico hacia las autoridades estatales sea víctima de represalias, provocando un grave problema de silenciamiento de la prensa”.
Señaló en su informe que, “la revelación de investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción, violaciones a derechos humanos o acciones ilícitas por parte de compañías privadas ocasiona que los periodistas y medios responsables sean blanco de campañas de desprestigio en redes sociales, que pueden llegar hasta la vigilancia estatal, el acoso policial y la criminalización, con la anuencia del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia”.
La cárcel del director de elPeriódico José Rubén Zamora, es resultado de su labor informativa que, mantenido, especialmente sobre la corrupción del actual presidente. “José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, está en prisión desde mediados de 2022. El diario sufre todo tipo de presiones económicas y demandas abusivas tras revelar casos de corrupción en el gobierno” comunicó un día después que se iniciara el juicio oral y público de uno de los dos procesos penales en contra de Zamora.
El espacio No Nos Callarán del cual es fundadora Prensa Comunitaria, denunció que se ha registrado el exilio de periodistas y la mitad ocurrió en marzo de este año. No Nos Callarán señaló que la represión contra la prensa independiente “se debe a que el gobierno le teme a la verdad y a cuestionamientos que evidencie sus abusos y esto empodera a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos”.
Mientras se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa en todos los países, en el Tribunal Octavo de Sentencia ubicado en la Torre de Tribunales se desarrolló el del juicio oral y público contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín y la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Samari Gómez, que inició el 2 de mayo, en este proceso penal del que se han derivado otros investigaciones contra periodistas, columnistas y abogados del periodista Zamora y trabajadores de elPeriódico.
El actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche acudió al primero de los días del juicio, confirmó a varios medios de comunicación que su Fiscalía investiga a varios periodistas por su trabajo de investigación periodística, a quienes ha señalado como una estructura criminal por ejercer el periodismo en Guatemala.
Curruchiche optó por llegar a una audiencia por primera vez a publicitar el caso, una acción que utilizó para criminalizar el manejo mediático que Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI e Iván Velásquez utilizaron para mostrar las investigaciones conjuntas con CICIG.
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