Hoy se escribió un nuevo capítulo en la historia del caso Ayotzinapa. En Washington DC, ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes entregó el informe Ayotzinapa y presentó junto a varias autoridades mexicanas, el nuevo acuerdo que firmaron este 19 de octubre donde ambas partes pactaron 10 puntos que definirán la nueva investigación del caso.

“Con la nueva investigación habrán las condiciones para revisar y analizar cuál puede ser el contenido y formato de una diligencia de estas características”, declaró en el cierre del pleno el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Roberto Campa, sobre la cuestión planteada por el GIEI de si podrán entrevistarse personalmente con los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

Ante estas declaraciones del alto funcionario, el GIEI explicó en una rueda de prensa posterior a la 156 sesión del CIDH, ven una “búsqueda de consensos a posteriori”, donde los expertos puedan entrevistarse personalmente con los militares, sin la intermediación absoluta de la Procuraduría General de la República o a través de un formulario con preguntas escritas, que es el marco legal que el gobierno les estaba exigiendo.

El funcionario de la Segob, primero resaltó que las entrevistas con el ejército no están acordadas en los puntos firmados y remarcó que estas deberían realizarse con apego al marco legal. Sin embargo, su última declaración en la segunda ronda de preguntas, respecto a un nuevo mecanismo de contenido y formato, es entendido por los expertos como “una puerta abierta”, a que dentro de una etapa más avanzada de la investigación, se pueda insistir y lograr tener contacto directo con los militares que estuvieron en el batallón la noche del 26 de  septiembre de 2014.

“Me parece importante destacar, para identificar cuáles son las preocupaciones principales con respecto a la investigación, por lo que hace a la intervención formal de la comisión con el grupo de expertos, no forma parte en los puntos convenidos ayer. Es relevante destacarlo. Hasta el momento han declarado casi 50 integrantes de este batallón y reiteramos la plena disposición, atendiendo lo que define el marco legal correspondiente puedan ampliarse estas declaraciones a sugerencia del grupo de expertos”.

En 6 oportunidades el GIEI ha solicitado entrevistas con militares y los expertos aún no han obtenido respuesta. Aunque hay varias declaraciones efectuadas por la PGR de militares de Iguala, el grupo interdisciplinario no ha tenido acceso a ellas.

Ángela Buitrago, del grupo de expertos le dijo a Campa que el documento firmado si contiene la pretensión de entrevistar a los militares con el fin de encontrar a los estudiantes. Beristáin, el especialista español del GIEI, añadió, que el documento es para abrir líneas de investigación y no para cerrarlas.

En la ronda de preguntas y respuestas, el comisionado CIDH James Cavallaro pidió a los representantes del Estado mexicano, aclarar si es el presidente de la República el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en el país, o el General de División titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien tiene autoridad para decidir qué procede en un asunto de magnitud nacional.

Campa ha sido taxativo al declarar que es el presidente Peña Nieto el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México.

Nuevo acuerdo

Ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales entregó el informe Ayotzinapa y anunció los 10 puntos que con el gobierno mexicano firmaron este 19 de octubre.

Entre los acuerdos firmados está que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada sale totalmente de la investigación, que quedará en manos de un nuevo equipo de la Subprocuraduría de derechos humanos de la Procuraduría General de la República.

En relación al tercer peritaje prometido por el gobierno en el basurero de Cocula, donde el GIEI desmintió con pruebas científicas que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueran asesinados e incinerados en ese lugar, se comprometieron ambas partes a que se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, además del modo en que se realizará el estudio.

En el proceso de nuevo equipo que se integrará para contemplar las líneas de investigación del GIEI, los familiares estarán presentes en su conformación. También, en este acuerdo, el gobierno se compromete a informar a los familiares de los normalistas de cualquier novedad del caso antes que sea difundida en los medios de comunicación.

Por lo que respecta a la atención de víctimas, se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, estableciendo las medidas de valoración del daño, el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia.

En palabras del Subprocurador de derechos humanos Eber Betanzos durante su intervención se va relanzar la búsqueda de los estudiantes, con tecnología de última generación que va incluir drones aéreos, acuáticos y tecnología satelital.