Ciudad de México | Desinformémonos. Las autoridades de los tres niveles de gobierno minimizan las evidencias de las violaciones a los derechos en México para eludir su responsabilidad en la crisis que atraviesa el país y “distraer el debate nacional ante su evidente incapacidad para garantizar a la población sus derechos más básicos”, acusó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

La Red TDT aseguró que la verdadera intención del gobierno es alimentar la certeza de que la crisis en materia de derechos y en el país en general “no tiene salida”, y lo ejemplificó con el operativo que dejó como resultado seis civiles y cuatro militares muertos, en el cual se denunció la ejecución por parte de militares de uno de los civiles en Palmaritos, Tochapan, Puebla.

“La respuesta de estos actores públicos es minimizar los hechos, cuestionar las evidencias y responsabilizar a las víctimas no sólo en el caso de Palmaritos, sino como una política de propaganda”, señaló la Red.

Agregó que la responsabilidad de los funcionarios también se refleja en la cifra de las más de 23 mil muertes violentas del 2016 reportadas por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y que posicionó al país como el segundo más letal sólo después de Siria, y que es producto de “políticas públicas erróneas que implican responsabilidades legales para personas concretas”.

Además, recordó la reciente muerte de la activista Miriam Rodríguez Martínez, quien fue asesinada el 10 de mayo en su casa por heridas de bala. Destacó que Rodríguez Martínes había pedido ayuda y protección a las autoridades ante la fuga de uno de los responsables del secuestro y muerte de su hija, pero el gobierno nunca la atendió.

“Es inaceptable la crisis en la que estamos sumidos, pero lo es aún más el cinismo y la incapacidad de los funcionarios del Estado que miran a otro lado”, lamentó la Red, conformada por 84 organizaciones de todo el país.

Ante el panorama, la Red exigió a los funcionarios del Estado que “renuncien a la simulación” y llamó a la sociedad civil a fortalecer sus articulaciones para continuar la construcción de alternativas técnicamente viables que ofrezcan una vía de salida a la actual crisis de derechos humanos.