Ciudad de México, 02 de febrero de 2015. El gobierno mexicano no es capaz de erradicar la desaparición forzada, sentencian padres de familia de los estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero el pasado 26 de septiembre y organizaciones defensoras de derechos humanos, hoy lunes dos de febrero en Ginebra, Suiza, durante la reunión que sostuvieron con el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde entregaron una petición para que se exhorte al gobierno mexicano a no cerrar el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
En el mismo lugar, los representantes del gobierno mexicano señalaron que reconocen los retos que deben superar en el tema de la desaparición forzada y pidieron un minuto de silencio por los 43 estudiantes normalistas. Además, puntualizó el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, que el gobierno aún le falta superar algunos retos en materia de derechos humanos, pero se ha logrado importantes avances y en el caso particular de Ayotzinapa, ha generado determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia.
Después de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció en una rueda de prensa, la versión oficial que arrojaron las investigaciones y en el que se pretende poner punto final a la investigación en el caso de Ayotzinapa, que inició con ocho días de retraso y por el delito de delincuencia organizada y no por desaparición forzada, denuncian los Centros de Derechos Humanos la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional (AI), que acompañan a familiares de los estudiantes desaparecidos.
El Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU está compuesto por diez expertos de diversas nacionalidades, que analizarán la situación de México en derechos humanos, siendo la primera vez que consideran el caso mexicano.
En siete años la PGR y las procuradurías de los estados iniciaron 291 averiguaciones por desaparición forzada, tipificada en el código penal y cuyas penas van de cinco a cuarenta años, pero tan sólo el dos por ciento de estas concluyeron en una sentencia condenatoria, informa el portal Animal Político.
Con información de La Jornada
