Por segundo día consecutivo, los maestros de Oaxaca se movilizan en contra de la evaluación docente que ayer se aplicó en la entidad. Los integrantes del magisterio disidente marchan desde las primeras horas de este día del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hacia el Zócalo de la ciudad.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), tan sólo 2 mil 635 sustentantes de la Evaluación de Desempeño en Educación Básica y Media Superior participaron en el proceso, es decir, el 54 por ciento de los 4 mil 900 que anticipadamente se registraron en la plataforma informática habilitada para tal fin.
Respecto de las aproximadamente 90 mil personas que integran la plantilla docente en Oaxaca, las 2 mil 635 que ayer participaron de la evaluación oficial representan tan sólo el 3 por ciento.
Durante la caminata de este día, Juan García, integrante de la Comisión Política de las Sección 22 del magisterio oaxaqueño, insistió en el llamado que hace un par de días lanzó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, en el sentido de emplazar a las autoridades educativas del país a un debate público sobre el nuevo modelo educativo.
Entre profundas críticas sobre el sentido mismo de la evaluación, sumadas a las irregularidades que acompañaron el proceso, como el hecho de que a los convocados no se les informó con tres meses de anticipación con el fin de que pudieran prepararse adecuadamente para la prueba, ayer se desarrolló en Oaxaca la Evaluación de Desempeño en Educación Básica y Media Superior.
Como lo informa la SEP, esta es la primera vez que las evaluaciones contempladas en la Ley General del Servicio Profesional Docente se realizan en territorio oaxaqueño. Las pruebas de ciclos anteriores para ingreso, promoción y evaluación diagnóstica se realizaron fuera de la entidad.
Hace algunos días, los participantes del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa, manifestaron su inconformidad con la reforma educativa emprendida por la actual administración, pues además de que carece de un proyecto educativo, se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar, incluidos los procedimientos de evaluación, que lejos de contribuir a la mejora docente, se traducen en un aparato de control y vigilancia.
A decir de Alberto Arnaut, Manuel Gil Antón, Roberto Rodríguez Gómez, Patricio Solís, Imanol Ordorika, entre otros, “los criterios rectores y las prácticas de evaluación son imperfectas y poco confiables. El apresuramiento en su diseño y construcción han impedido una validación adecuada de las pruebas y existe una gran improvisación en la capacitación de evaluadores. En suma, no se garantiza una evaluación confiable y en cambio se ponen en juego las condiciones de vida de cientos de miles de maestras y maestros”.
