¿Cuál Paz y Resistencia?

El 21 de septiembre es el día mundial de la Paz y la pregunta en medio de tal cantidad de alta violencia, hambre, desigualdad social, crisis económica, guerras y genocidios es: ¿qué tipo de paz se impone cada vez más a nivel mundial desde los grandes poderes económicos y políticos, y las instituciones que de algún modo los avalan o no tienen la fuerza suficiente para enfrentarlos, en cuanto a procesos de construcción de mayor humanización y justicia? Evidentemente en el mundo se impone la concepción de “paz negativa” en el sentido que la definieron Galtung y Lederach, desde las ideas de que “si quieres la paz prepárate para la guerra”, “hay paz cuando no hay guerra”, o la gran trampa actual donde “la paz es igual a la seguridad”. Esto significa que la paz -gran inobservable histórico social- no está ligada a ningún concepto de dignidad, libertad y justicia, como se propone en la idea de “paz positiva”. En los estudios universales de la paz, impulsados sobre todo desde los años cincuenta con Johan Galtung y muchos otros, se han desarrollado otras conceptualizaciones que enriquecen y confrontan y complejizan la paz. Así se habla de la “paz imperfecta” que tiene que ver con procesos, es algo que no se alcanza de una vez, sino que se va construyendo; la “paz holística”, “gaya”, “ecológica”, “engendrada” en el sentido del género desde lo femenino, “desobediente” que tiene que ver con no-cooperar con toda orden inhumana. A su vez, creemos que es importante plantearnos también que la paz tiene un tiempo y un espacio precisos que cambian su concepción y construcción.

Asimismo las ideas de paz están también ligadas en su caracterización a la cultura, educación y construcción de la paz, que son caras complementarias pero no iguales de un mismo triángulo, en lo que sería una mirada epistémica complementaria del triángulo de las violencias que propone Galtung: violencia directa, estructural y cultural. La violencia directa es la que se observa en la punta del triángulo-iceberg mientras que la cultural y estructural están abajo del iceberg, son inobservables sociales de lo que no se ve a simple vista.

Por otra parte, la paz está también ligada en su forma de construcción al concepto de resistencia civil pacífica, al que proponemos mejor el de resistencia civil noviolenta o lucha social. Resulta muy interesante como en algunos lugares del mundo dónde fuerzas de derecha -racistas, clasistas incluso genocidas- han querido cada vez más expropiar y apropiarse del concepto de resistencia civil pacífica despojándolo de la principal característica de la noviolencia que es la fuerza moral, y promoviendo sus luchas paradójicamente en nombre de la paz pero contra la justicia. Se trata, así, de resistencia civil violentas, que no tienen nada de construcción de paz. Este fenómeno cada vez más recurrente a nivel mundial, por ejemplo en las derechas electorales y sociales europeas y norteamericana, está actualmente también muy presente en nuestra realidad mexicana cuando un movimiento anticonstitucional promotor de la continuidad de la corrupción y el clasismo social, del mantenimiento de los privilegios cupulares fuerte sólo en los medios y en algunos trabajadores sobre todo de élite del poder judicial, se llama a sí mismo resistencia civil pacífica contra la aprobación de una reforma judicial avalada por 36 millones (¡20 millones más que la oposición!) de “armas morales” (cuerpos con reflexión), en un país donde no hay una sola persona que crea que el poder judicial es honesto y no necesita ser reformado empezando por la Suprema Corte.

43 se ha convertido en el número simbólico de la mayor inmoralidad-corrupción y violencia-impunidad en México: por un lado, representa la cantidad de estudiantes normalistas desaparecidos hasta hoy en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014; por otro lado, es el “número mágico” de senadores que la derecha requiere y presiona inmoralmente -desde su pueril líder empresarial Claudio X. González- para que rechacen la reforma judicial ya aprobada en la cámara de Diputados. Como una fotografía de la doble moral e ilegitimidad de este movimiento: jamás nadie ha escuchado en estos 10 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que estos sectores partidistas y empresariales que se hallan manifestado públicamente por la verdad y justicia de este hecho.

Se puede así aducir la resistencia civil pacífica como una simple táctica sin fuerza moral ni verdad -¿pero efectiva?- para lograr un objetivo ilegítimo e ilegal en este caso mexicano, pero sin abonar nada a la construcción de paz, legalidad y justicia en el país.

Actualmente en México y el mundo los familiares de víctimas de la violencia, la guerra y el genocidio son las y los principales sujetos sociales en la construcción de paz, con un valor y luchas ejemplares de dignidad y fuerza moral hasta dar la vida por la verdad y sus seres más queridos, atravesados por la violencia peor deshumanizante. En México, las familias de desaparecidos y asesinados en esta tan falsamente llamada Guerra contra el Narco son las principales constructoras de paz, sea en casos individuales de desaparición como en casos colectivos, comunitarios o de organizaciones. Así las madres de las redes de buscadoras por todo el país, los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala (ya a 10 años), los familiares de asesinados y desaparecidos en la Guerra Sucia del 68, las comunidades campesinas e indígenas en resistencias territoriales son los y las principales constructoras de paz y actores sociales de la resistencia en el país.

En el actual genocidio de Gaza, también dentro de Israel qué es un territorio clave para presionar y buscar el fin del genocidio y el derrocamiento del gobierno actual encabezado por Netanyahu -genocida confeso-, las y los familiares de los rehenes en manos de Hamas son los principales sujetos sociales de las acciones cada vez más masivas y directas en espacios públicos de poder y movilidad, en su carácter de desobediencia civil frente al actual gobierno, exigiendo el cese inmediato del fuego y la liberación de los más de 100 rehenes israelíes que todavía permanecen cautivos.

De este modo, quién sufre y enfrenta el mayor dolor de la vida humana que son en este orden: la desaparición y la muerte, cambia su identidad social de familias en muchos casos incluso apolíticas, a constructoras de paz sin temor a enfrentar los castigos más grandes que la violencia y el poder les aplican. Intentan enfrentar y detener la inhumanidad a través de la lucha por la verdad y la justicia, y desarrollan una gran inteligencia y fuerza moral táctica y estratégica para resistir noviolentamente a la inhumanidad que les atravesó sus vidas familiares y afectivas, muchas veces sin comprender inicialmente por qué y cómo fue que esa barbarie les llegó a suceder a sus seres queridos. Estos cambios de identidades sociales de las familiares víctimas de la violencia hacia la construcción de paz y la lucha social, son temas muy importantes para aumentar el grado de conocimiento de esos procesos. Tienen además un enorme efecto de testimonio y reproducción social a su alrededor, y en la multiplicación de sectores de la sociedad civil que pasan a terrenos de la solidaridad y también si es posible de la lucha social.

¡Fue el Estado!

¿Qué une a estos y estas actores sociales de construcción de paz y resistencia civil -agrupados bajo la categoría de familiares de las víctimas de la violencia- en casos de desaparición y asesinatos individuales, grupales organizativos como son los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, o los familiares de la guerra sucia de los sesenta-noventas, o en forma comunitaria campesino-indígena como son los integrantes de la comunidad autónoma michoacana de Ostula (Michoacán); con los familiares israelíes de rehenes en el genocidio del gobierno israelí en Gaza? En todos estos casos, a la raíz de los sujetos victimarios hay actores sociales que -como dice la consigna mexicana instituida desde fin de septiembre del 2014 por el movimiento social y los familiares de los 43 estudiantes- apuntan a que: “¡Fue el Estado!”. Cuando nos referimos a fue el Estado el origen de esas grandes violencias y genocidios nos referimos a actores estatales y de gobierno muy concretos, encabezados por los presidentes: Díaz Ordaz Echeverría, Calderón y Peña Nieto en los casos mexicanos, y Netanyahu en el caso de Israel (además de Biden), con todos sus aparatos de gobierno y militares alrededor.

En México existen víctimas individuales y colectivas de este proceso de guerra de exterminio masivo y selectivo que atraviesa nuestro país desde -al menos en su etapa más reciente- el 2006. Las y los familiares de desaparecidos y asesinados en esta última década en el país, como en todos los años, hicieron manifestaciones masivas públicas con la solidaridad de muchas personas y organizaciones nacionales e internacionales, el 30 de agosto cuando se conmemora el día internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Marcharon e hicieron numerosas acciones directas en más de la mitad de los estados del país: de clausuras simbólicas de fiscalías, de Memoria activa y Unificación de organizaciones de víctimas, de pegas de fotos y cédulas de búsqueda, así como acciones de búsqueda en fosas clandestinas, o increpaciones públicas ante autoridades en sus actos; en un país que según ellas mismas escribieron en el Ángel de Independencia tiene “más 116000 desaparecidos”, y donde según la Rd por los Derechos de la Infancia en México (REDIN), cada día “desaparecen en promedio 25 menores de entre 0 y 17 años”. Resulta muy claro en todos los análisis y denuncias nacionales e internacionales de todo tipo, que el Estado mexicano totalmente penetrado, asociado y coludido con el delito organizado (García Luna -brazo derecho de Calderón- es el principal ejemplo ya completamente probado y enjuiciado), está a la cabeza de casi todas las operaciones de desaparición, asesinato y desplazamiento de población, sea por participación directa de sus funcionarios de todo nivel y tipo, que por omisión (in-voluntaria).

Un verdadero y absoluto drama de la inhumanidad en nuestro país que sin duda nos lleva a hacernos la pregunta: ¿cómo podemos hablar de construcción o cultura de paz en medio de cientos de miles entre muertos y desaparecidos? En estas manifestaciones se pidió también que existiera un nuevo diálogo nacional con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, para restructurar y potenciar las formas de búsqueda de desaparecidos de verdad de justicia y las instituciones que han sido desmanteladas.

Las víctimas grupales de organizaciones como son los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala pusieron fin el 27 de agosto los diálogos con el presidente López Obrador, a menos que haya una noticia importante antes, y el presidente ha insistido qué hasta el último día de su gobierno van a estar insistiendo en las acciones de búsqueda, y que este caso nunca debe cerrarse hasta encontrar la plena verdad. El presidente López Obrador en su sexto y último informe del pasado primero de septiembre aceptó qué hay un debe importante de su gobierno en cuánto a la verdad de la desaparición de los 43 estudiantes, mismo que los propios familiares de los estudiantes y las organizaciones civiles de derechos humanos que les apoyan, siempre han sostenido que está asociado a que el presidente no quiso o no pudo enfrentar al ejército mexicano. Innumerables pruebas han conducido a su participación directa o y no sólo por omisión, siendo además la única fuerza organizativa capaz -por experiencia histórica, inteligencia, tecnología, control y vigilancia del territorio- de poder desaparecer en un tiempo tan breve de una noche a 43 cuerpos entrenados, ágiles, fuertes, campesinos acostumbrados a trabajar la tierra, con mucha experiencia en represión y movilización social. Por su parte, el presidente ha justificado esta militarización: “Ante la realidad catastrófica en el país…sin las fuerzas armadas no iba a poder salir” (La Jornada, 7-5-24).

El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas ya había declarado el año pasado en uno de los informes finales de la Comisión de la Verdad que presidió, que en la acción genocida de Iguala el Estado fue el principal responsable. A su vez, resulta increíble que actualmente -como nunca había sucedido en la historia de México- este ex_ subsecretario civil del gobierno esté siendo sometido a proceso por la Fiscalía General de Justicia Militar.

Asimismo respecto también al exterminio hacia víctimas de organizaciones sociales, en la Guerra Sucia de México entre los sesenta y noventa, la conclusión del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad en este tema, concluyo el pasado 16 de agosto que existió una “Violencia sistemática y generalizada del Estado…responsable de violaciones graves de derechos humanos”, sobre todo desde el Ejército. Agregando además que “Los medios coercitivos del Estado no sólo fueron puestos al servicio de sus fines políticos, sino también al servicio y defensa de un modelo de desarrollo económico extractivista, de acumulación de capital y en el que el Estado se hacía partícipe de la economía criminal”.

En cuanto a las víctimas colectivas comunitarias en México donde el Estado es también principal responsable de su violencia, por su contubernio con el delito organizado y el sector empresarial ligado a él y al lavado de dinero, resulta muy emblemático el gran acoso y ataques armados y jurídicos de todo tipo contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa de Michoacán cerca del gran puerto de tráfico legal e ilegal de todo tipo en el Pacífico que es Lázaro Cárdenas. Esta comunidad ha tenido en los últimos 12 años una forma de exterminio selectivo brutal contra sus líderes comuneros, de los cuales han sido asesinados más de 40 y actualmente hay 6 desaparecidos, entre los cuales están el abogado de la comunidad Ricardo Lagunes y el profesor líder comunitario Antonio Díaz, desaparecidos desde el 15 de enero del año 2023. Personalmente, además, como parte del Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad nos tocó acompañar la lucha del compañero de Ostula Pedro Leiva, y del ejemplar líder comunitario don Trino de la Cruz, brutalmente asesinados respectivamente por el delito el 6 de octubre y el 6 de diciembre del 2011.

El delito organizado con las bandas que pelean el monopolio y despojo en ese lugar, junto a la minera Ternium y muchos otros intereses empresariales y políticos, han querido despojar a esa comunidad de 2760 hectáreas pertenecientes a Xayacalán, de un gran valor de todo tipo. Coludido con el delito organizado, un tribunal colegiado de Morelia reconoció el derecho de habitantes de uno de los mayores centros delictivos de la zona -la Placita- a esas tierras en un juicio plagado de irregularidades. Los abogados que defienden a Ostula, trataron sin suerte que la Suprema Corte de Justicia atrajera el caso. Ahora en septiembre unos magistrados de un tribunal colegiado de Morelia tendrán que resolver sobre esta apelación ante tamañna injusticia. Existe también un documento en calidad de Amicus Curiae que presentaron al tribunal cinco decenas de científicos e intelectuales mexicanos justificando los derechos y defensa de la comunidad, con la esperanza que se decida totalmente apegado a la defensa de los derechos humanos.

En el caso de Israel, resulta muy clara la responsabilidad del Estado, encabezado por Netanyahu, y del Estado norteamericano encabezado por Biden. Hace pocos días Netanyahu declaró que “Sería justificado y hasta moral matar de hambre a 2 millones de habitantes de Gaza” (5 -8-24). Por su parte, Estados Unidos aprobó la venta de armas a Israel por 20 mil millones de dólares (13 agosto).