Ciudad de México | Desinformémonos. Desde hace dos años que se emitió un informe sobre la tortura en México, la situación sigue sin cambiar, pues varias organizaciones y activistas continúan con las denuncias sobre el uso de la tortura como práctica “generalizada” en el país por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación, señaló el nuevo Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzer.

Explicó que los métodos más comunes son las descargas elécticas, las violaciones sexuales y la asfixia, con el propósito de sacar información a la víctima o como método de castigo. “A esto se le suma un contexto de impunidad grave, donde la falta de investigación de estos hechos es la regla”, indicó Melzer.

El informe que presentó el nuevo relator señala que “a pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes, y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México”.

Por ello, destacó la importancia de promulgar la Ley General sobre la Tortura con disposiciones que se apeguen a los más altos estándares internacionales, pues aseguró que la eliminación de la tortura es un desafío global y fundamental.

Además, la ONU solicitó a México que, en una ley que estaría a punto de promulgarse, no haya “excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura”.

Previamente, el antecesor a Melzer, Juan Méndez, señaló que las formas “generalizadas” con las que se practica la tortura en México son además las palizas, amenazas de muerte y tortura psicológica, las cuales 99.6 por ciento de veces se llevan a cabo en total impunidad.

Lamentó que entre 2010 y 2015, ningún soldado fue suspendido por violaciones sexuales ni por desaparición forzada. Además, recordó que las autoridades mexicanas pidieron eliminar cinco observaciones sobre la reforma del Código de Justicia Militar, entre las que se encuentra una que lamenta la concesión de “facultades de investigación, de inspección por parte de autoridades militares e interceptación de comunicaciones privadas” a la justicia castrense.

Al mismo tiempo que los legisladores debaten sobre la Ley de Seguridad Interior, que otorga a las Fuerzas Armadas mayor poder y control sobre la población en las calles, la ONU denunció las deficiencias de la justicia militar, la impunidad generalizada en casos de tortura y de desapariciones forzadas, los malos tratos a los migrantes y las pésimas condiciones de reclusión.

De acuerdo con Méndez, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura emitió únicamente 19 órdenes de aprehensión derivadas de los 4 mil 715 expedientes de averiguación previa abiertos al respecto, además de que sólo una de cada veinte víctimas de tortura que presentan quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibe un examen forense.