Después de semanas de rumores y tuits, el gobierno de Donald Trump anunció su decisión de cancelar el programa de Barack Obama conocido como DACA (Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia). El Procurador General Jeff Sessions, notorio racista e impulsor de medidas anti-migrantes, dio la noticia con esa cara de regocijo que pone cuando está destrozando la vida de miles de personas latinas o musulmanas o negras o indígenas.

Con esta medida, se pone fin al sueño de unos 800,000 jóvenes que pudieron conseguir licencias de manejar, obtener o mejorar su empleo, seguir sus estudios y vivir en paz los últimos años. Al quitar la protección contra la deportación que fue proporcionada por orden ejecutiva en 2012, el gobierno de Trump dio una clara señal de que aún sin la presencia física de Steve Bannon en la Casa Blanca, los “nacionalistas blancos” predominan en el gobierno del presidente 45. Bannon fue estratega en jefe del nuevo gobierno, quien salió hace unas semanas en uno de los constantes reacomodos de fuerzas al interior del trumpismo.

En el caso de DACA, Trump estaba otra vez entre la espada y la pared. Por un lado, tenía el compromiso de campaña de terminar DACA que había asumido para consolidar su apoyo entre las fuerzas anti-migrantes y el sector restriccionista del Partido Republicano. Por otro lado, sus asesores —su hija y su yerno Jared Kushner— y una parte considerable del empresariado se oponían a la medida. Kushner y otros en el gabinete temían la inevitable protesta que se generaría al quitarle la estancia legal a cientos de miles de jóvenes latinos. Los empresarios defendían el DACA por el temor de perder personal. El ejecutivo de Apple tuiteó: “250 de mis colegas en Apple son Dreamers; yo los apoyo”. Firmó junto con Mark Zuckerberg de Facebook y cientos de directores una carta pidiendo la preservación del programa. En general, según la última encuesta, 76% de la población estadunidense cree que los Dreamers deberían tener la opción de quedarse en el país legalmente.

En ciertos momentos, Trump insinuaba que no iba a terminar el programa. Sin embargo, la corriente anti-migrante le forzó la mano, amenazando con meter una demanda legal contra el DACA en una carta firmada por los fiscales de 10 estados . Frente a dos corrientes opuestas, Trump intentó pasar el balón al Congreso. Sessions anunció el retiro de la protección, a la vez diciendo que se pospone la aplicación de la medida seis meses para darle tiempo al congreso de encontrar una solución.

Existe cierta confusión en torno a las implicaciones concretas. No empieza a partir de ahora la detención de Dreamers (aunque algunos ya fueron detenidos por el gobierno de Trump aún con el DACA), pero sí empieza a partir de marzo 2018 si el congreso no lo impide. Desde ahora se cierra la posibilidad de nuevas solicitudes, los permisos de trabajo terminan cuando se vencen sin posibilidad de renovación, y la gente entra en una especie de limbo marcado por la incertidumbre y la angustia. El hecho de que el gobierno federal ahora tiene todos sus datos de lugar de empleo, dirección, etc. se convierte en un factor de riesgo en manos de este presidente. Es decir, por haber hecho lo correcto según marcaba la ley, se volvieron presa fácil en la caza de migrantes que ha desatado el gobierno actual.

Enviar el tema espinoso al congreso no oculta el hecho de que fue Trump que decidió terminar el programa, y es él quien expone a la deportación a los llamados “Dreamers” (soñadores). Eso, a sabiendas de que el Congreso controlado por su partido no llegará a un acuerdo para extender el programa, ni encontrará otra manera de legalizar el estatus migratorio a estos jóvenes estadunidenses.

Hace unos meses, visitamos la oficina de una abogada en temas migratorios en Tucsón, Arizona. Allí platiqué con Mabel —una joven de 22 años que llegó a Arizona desde México, con 9 años de edad— sobre qué ha significado DACA en su vida. Después de que nos dieron el permiso, dice, “encontré un trabajo estable, pude sacar mi carro nuevo y quiero regresar a la escuela, un poco caro, pero a ver como lo hacemos…” Su meta es ser veterinaria. Le pregunto qué pasa si no aprueban su solicitud de renovación de DACA, y su mamá interviene en la conversación: “Lo primero que va a pasar es que se va a quedar sin trabajo.” “Y sin trabajo no puedo pagar mi carro, no puedo pagar nada,” dice Mabel.

Perder el trabajo no solo será un golpe para ella. La economía estadunidense depende de estos jóvenes en gran medida. Los cálculos rondan los 460 mil millones de dólares que perdería la economía en una década sin los Dreamers. El costo económico de blanquear la sociedad estadunidense es muy alto. El costo humano es impensable.

Con este triunfo de los supremacistas blancos y su agenda anti-migrante, miles de migrantes no podrían vivir con seguridad y oportunidades en su país —el país que ha sido su hogar y su comunidad y en muchos casos el único de que tienen memoria. Su expulsión, en muchos casos obligados a llevar consigo familiares ciudadanos estadunidenses, forma parte del gran plan de “recuperar” el país por parte de los “nativos”, que desde luego, no son los indígenas sino los descendientes de inmigrantes europeos. Forma parte de la “limpieza étnica” ideada por los supremacistas blancos, junto a otras medidas ya anunciadas como el veto a los refugiados y migrantes musulmanes, la propuesta de reducir la migración legal, el muro, y la deportación masiva.

Para México, el anuncio de esta semana también implica un fuerte golpe. El gobierno de Peña Nieto dice que está preparado para recibirlos, pero la realidad es otra. Las personas deportadas están siendo secuestradas al llegar para cobrar rescate, porque están indefensos y no hay programas para auxiliarlos. La economía mexicana no ofrece trabajos dignos, a pesar de que sean personas bilingües y capacitadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice que ampliará los servicios consulares, defenderá sus derechos y recibirá a la gente con brazos abiertos.

Sin embargo, hasta ahora los deportados y retornados reportan abandono y algo peor en las oficinas gubernamentales del país. El gobierno del EPN no ha hecho las gestiones en estancias internacionales de derechos humanos para protestar por la violación de los derechos humanos de sus connacionales en EEUU, en parte porque no quiere molestar al gobierno de Trump en medio de una difícil renegociación del tratado de libre comercio. Para salvar a los empresarios trasnacionales, sacrifica a los trabajadores internacionales.

Ahora miles tendrían que regresar a las sombras de una sociedad mezquina que permite tal destierro atroz. O quizás no. Hay un rayo de luz en este gris panorama. El día del anuncio sobre DACA hubo manifestaciones en todo Estados Unidos. Se manifestaron Dreamers, pero también estudiantes que comparten el aula con ellos, obreros que trabajan codo a codo con ellos, madres y padres e hijos, con o sin papeles. Se ha tocado un nervio sensible de la sociedad estadunidense.

La población Dreamer salió de las sombras gracias a DACA y ahora el resto de la sociedad conoce sus caras —caras que se han vuelto parte de la vida cotidiana de las comunidades rurales y urbanas, de las universidades y escuelas, de las fábricas y los restaurantes. Son amigas y amigos, condiscípulos, colegas y amantes. La comunidad latina no resistirá sola, sino con el apoyo de miles de personas que han compartido la vida con migrantes que ahora se rehúsan a volver a la oscuridad.