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Femicidios: en el 94% de las sentencias el asesino conocía a la víctima

La Tinta

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El área de Análisis Criminal y Planificación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) presentó un documento en el que revisa 54 sentencias por femicidios entre 2014 y 2017, figura que fue incorporada al Código Penal argentino hace cinco años atrás. Aquí un repaso por los números más relevantes del análisis.

En el 94 % de las sentencias, el femicida conocía a la víctima, en el 85 por ciento existía un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo y en el 7 % eran conocidos.

En 41 % sentencias había antecedentes de violencia previa en la relación, de esas, 18 registraron denuncias previas.

Los condenados lastimaron a las víctimas con más de un instrumento en el 43 % de los casos. En el 63 por ciento se utilizó más de un instrumento para torturarlas hasta la muerte, en el 41 % hubo más de un procedimiento homicida en el mismo hecho y en el 22 por ciento se trató al cuerpo con desprecio o intención de descarte.

Con 12 sentencias en total, Salta es la provincia con más casos. Siguen Córdoba con 10, Buenos Aires con 9 y Ciudad de Buenos Aires con 8.

Recordemos que la UFEM fue creada por la Procuradora Gils Carbó el 29 de junio de 2015. Trabaja en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género contra lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales.

En octubre del 2016, el oficialismo obtuvo en el Congreso dictamen de un proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal para entre otras cosas, eliminar esta Unidad. En aquel momento, la fiscal federal a cargo Mariela Labozetta explicaba que “la UFEM es la única Unidad Especializada en todo el país que investiga muertes violentas de mujeres por razones de género. En el resto de los ministerios públicos del país existen algunas unidades especializadas en violencia doméstica o sexual, pero ninguna que se esté especializando en la investigación de femicidios como un fenómeno social complejo. Asimismo, tiene una clara política de atender la especificidad que presenta la violencia contra el colectivo LGTBI, el cual ha sido constantemente excluido como sujetos de derecho de las políticas públicas y del servicio de administración de justicia. Es la única estructura fiscal del país con alcance federal, con enlace con ministerios públicos de toda la región y con organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, como la ONU. Es la estructura de alcance federal que hoy está desarrollando política criminal en materia de investigación de femicidios y construyendo herramientas de investigación para la investigación eficiente de estos crímenes, en línea con las exigencias internacionales y sociales”.

Este proyecto quedó paralizado ante el repudio de numerosas organizaciones, que entienden la necesidad de sectores especializados en estas temáticas dentro del Estado. Estos resultados contundentes no hacen otra cosa que darles la razón.

Artículo publicado originalmente en La Tinta

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