El comandante del Bloque Occidental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’, miembro de la delegación de la guerrilla que participa en las negociaciones con el Gobierno en La Habana, ha afirmado que el problema no son las armas, sino el efecto que las genera.

«Estamos alzados en armas porque nos obligaron, no nos dejaron otra manera de buscar la lucha política, nos asesinaron», ha dicho. «Para nosotros es de principio dejarlas, pero no entregarlas. Esas armas nos han costado sangre, hay mucho muerto, sangre y viudas detrás de esas armas», ha subrayado en una entrevista concedida a la agencia cubana de noticias Prensa Latina.

«Si lo que quieren es la satisfacción de humillarnos, no nos pidan eso, pero sí podemos buscar la manera que esas armas dejen de ser empleadas para la guerra», ha agregado. En este sentido, ha abogado por alcanzar vías para facilitar la pacificación.

«Cuando decimos dejar las armas tiene que ser de parte y parte. Es necesaria la desmilitarización del campo colombiano», ha agregado Catatumbo.

Ha argumentado que «Nelson Mandela no entregó ningún fusil, al igual que el Ejército Republicano Irlandés (IRA), que llegó a acuerdos con el Gobierno británico con la presencia de garantes reconocidos por las partes».

Tras haber alcanzado un acuerdo en el tema de la tierra, el 10 de junio comenzaron en La Habana las negociaciones sobre el segundo punto de la agenda del proceso de paz pactada por el Gobierno colombiano y la guerrilla. La nueva etapa de las conversaciones se centra en la cuestión de la participación política y podría concluir con un acuerdo para que las FARC formen un partido político para participar en las elecciones.

Las negociaciones se retomarán en la capital cubana el próximo 1 de julio.

Por ahora, el Gobierno se siente confiado con el buen ritmo de las conversaciones por el acuerdo en el tema agrario, primer punto de la agenda, considerado muy positivo porque no implica ninguna reforma constitucional. De hecho, esta es la línea que quiere seguir el Gobierno para garantizar la participación política de las FARC: siempre dentro del marco jurídico vigente.