Quienes integramos la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), que tiene presencia en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, observamos con especial preocupación que en el contexto de la pandemia del COVID-19, las personas jornaleras agrícolas y sus familias en México, se han enfrentado a una serie de situaciones que han vulnerado aún más sus derechos y disminuido sus garantías; ello a pesar de que, en abril del 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) elaboró y compartió la “Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas”, así como la “Guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el COVID-19”, y de las medidas enunciadas en las distintas fases de la pandemia, entre ellas las jornadas para la vacunación.
En este contexto, con base en información aportada por algunas organizaciones de la Red y de acuerdo con información pública o suministrada por medios de comunicación locales, se observó que entre los meses de junio a agosto de 2020 se registraron 11 casos positivos en Sonora; en Meoqui, Chihuahua la Secretaría de Salud estatal reportó un brote de Covid-19 que infectó a 27 jornaleros agrícolas, y uno falleció. En Fresnillo, Zacatecas una mujer jornalera falleció; mientras que, en Vizcaíno, Baja California Sur se reportó un brote que se extendió a 3 campos, sumando aproximadamente 35 contagios en esa zona agrícola.
En ese mismo periodo las autoridades de Zacatecas también reportaron que alrededor de tres mil jornaleros procedentes de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa se encontraban en alto riesgo de infección debido al hacinamiento en el que viven concentrados en bodegas, en grupos de entre 40 y 60 personas, incluso familias completas. En el estado de Aguascalientes, una bebé de tres meses falleció por Covid, era originaria del poblado Barrio de los Hilarios, municipio de Cochoapa el Grande, la Montaña Alta de Guerrero. En octubre del 2020, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que se identificó un brote de Covid en la localidad de San Carlos “El Jagüey”, municipio de Romita.
Esta realidad ha persistido durante el 2021, en el mes de julio se detectaron tres brotes de Covid-19 en la población jornalera, el primero de ellos aconteció en El Carrizal, Baja California Sur, de acuerdo con el delegado, los 30 contagios que se registraron “fueron provocados por los jornaleros que vienen de fuera a trabajar a los campos”; el segundo se registró en el albergue para familias jornaleras que se ubica en la sindicatura de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa, se desconoce el número exacto de las personas jornaleras contagiadas; el tercer brote sucedió en los campos meloneros de Zirándaro, Guerrero, registrando 13 casos.
En agosto, en Río Florido, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, falleció una mujer jornalera de 32 años, una semana después una niña de un año y dos meses, después un hombre de 38 años, ambos originarios del estado de Guerrero. Sus familiares solicitaron el traslado del cuerpo del jornalero a su lugar de origen, pero al ser muerte por Covid-19 el protocolo del manejo de cuerpos lo impide y fue sepultado en el panteón de la comunidad. La Delegación Municipal de Río Florido se hizo cargo de los sepelios, debido a que “la Fiscalía General de Justicia del estado y la Secretaría de Salud de Zacatecas no brindaron algún apoyo a las familias por considerar que se trataba de trabajadores agrícolas provenientes de otras entidades.”
No obstante, las cifras y los casos pueden ser numéricamente más elevados, debido por un lado, a que no toda la población jornalera que ha padecido de coronavirus o que han fallecido, lo reportan a la autoridad correspondiente, muchos de ellos al no tener acceso al sistema de salud, asumen por su cuenta los gastos de la enfermedad, y en caso de fallecimiento la cobertura de los gastos funerarios, por otro lado, debido a la posible ausencia de brigadas de salud que permiten dar información sobre Covid-19 no es posible detectar a tiempo casos positivos, a fin de dar un adecuado tratamiento en las comunidades de origen y en la regiones identificadas de destino y asentamiento de personas jornaleras, Los casos aquí descritos no son parte de cifras oficiales por instancias estatales o a nivel federal (no hay información al respecto) sino de los casos registrados por la Red.
Ante esta realidad, la Red advierte que, si los empleadores (empresarios o rancheros agrícolas) en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen sin tomar las medidas preventivas y de garantizar el acceso a la vacunación de la población jornalera, esta situación se mantendrá debido a las condiciones que existían antes del Covid, y que les vulnera en el marco de la pandemia: los medios de transporte utilizados para los traslados a los campos agrícolas, de sus condiciones laborales y de vida en los albergues, lugares de pernocta o de asentamiento de trabajo agrícola (así como en sus lugares de origen), que los exponen constantemente a contraer el virus. Asimismo, los servicios de salud pública por falta de recursos humanos y materiales siguen siendo insuficientes o limitados, y el acceso a su derecho al seguro social es nulo. Lo anterior se suma a la nula o escasa implementación de los protocolos de prevención emitidos por las autoridades federales y organismos internacionales el año pasado.
Preocupa a la Red particularmente la situación de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas jornaleras con discapacidad, especialmente de contextos rurales e indígenas, ya que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia. Ante este escenario, a pesar de que ha sido considerado un sector esencial, su situación se invisibiliza porque viene de la mano de un proceso arraigado de condiciones de explotación laboral, que se ha agravado ahora por la Covid-19.
Quienes integramos la Red hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a nivel municipal, estatal y federal, a las y los empleadores de los distintos centros de trabajo agrícola en territorio nacional, que en conjunto garanticen la información y el acceso a la salud y tratamiento médico. En ese sentido les recordamos que las medidas que se adopten para enfrentar la pandemia se deben llevar a cabalidad en la promoción y protección de los derechos humanos.
Exhortamos a las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos en los estados de origen, destino y asentamiento de población Jornalera y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se vigilen, garanticen y protejan a las personas jornaleras agrícolas y sus familias, sujetas de derecho y se garantice el acceso al trabajo, vida y salud, sean migrantes, trabajadores locales o vivan en asentamientos. Asimismo, consideramos que la política de vacunación también debe estar orientada hacia la población jornalera en tanto trabajadores/as esenciales ya que en ocasiones dependen de la autorización de los empleadores para acudir a los centros de vacunación.
En este sentido, la Red urge al Estado mexicano a adecuar sus medidas de protección ante la pandemia a fin de garantizar el acceso efectivo a los procedimientos y procesos de protección a la salud, de conformidad con los estándares de derechos humanos de todas las personas en situación de movilidad humana.
Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas
Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan), Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL), Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG), Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C., Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE), Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala, Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA), Dr. Celso Ortiz Marín, académico de la Universidad Autónoma Indígena de México y Soc. José Eduardo Calvario Parra, académico de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora.
