Foto: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Ciudad de México | Desinformémonos. Un juzgado definirá si concede una orden de aprehensión contra el probable feminicida de Yang Jun Borrego este seis de junio. Tras la muerte de Yang en el 2014, las autoridades investigaron un posible de suicidio y, después siete años de lucha de la familia de la joven, deberán “reconducir la investigación con perspectiva de género para aclarar si hubo un feminicidio”, señala en entrevista el abogado y acompañante de su familia, Carlos Olivera.

Jorge Humberto Martínez, el acusado por el feminicidio de Jun Borrego, fue sospechoso de asesinar a Campira Carmolinga, explica el abogado, y añade que debido a la mala investigación, donde las autoridades perdieron pruebas y no hicieron las diligencias correspondientes, Martínez siguió en libertad y se convirtió en agresor de otras mujeres. Actualmente, Martínez está siendo juzgado por el feminicidio de Campira, y podría sumarse a sus delitos también el de Yang, pues, aunque aún no pueden decir si es culpable, señala Olivera, existen elementos para acreditar que es responsable.

Martínez, a quien los medios nombraron como el “matanovias” pudo seguir ejerciendo violencia debido a la impunidad, considera Olivera, y explica que la concepción de asesinos o feminicidas “seriales” crea diversos problemas, pues las autoridades los hacen pasar como únicos en su tipo, se les da una apariencia de excepcionalidad, así como de tener posibles trastornos mentales, o se les nombra psicópatas. Esto, dice, invisibiliza la violencia sistemática y estructural que existe contra las mujeres en México, y resalta que “son personas que han hecho uso de la impunidad para generar un conjunto de feminicidios sin responsabilidad”.

Otro de los problemas con nombrarlos como asesinos “seriales”, continúa el abogado, es que las autoridades pretenden resolver casos al imputarlos a estas personas sin realizar una investigación diligente. “Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de todo lo que sucedió”, señala, y expone que el sostener esta narrativa, genera un factor de distracción, por morbo ante estos personajes, pues se invisibilidad la problemática de impunidad y violencia estructural. Para Olivera, el que existan estos sujetos implica que no se indagó bien cada una de las muertes y que las investigaciones carecieron de perspectiva de género.

El integrante del Observatorio recalca que en México, toda muerte violenta de una mujer, debe investigarse como feminicidio, y que este mandato deriva de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso de Mariana Lima Buendía.

En cuanto al papel de las fiscalías, dice Olivera, han visto casos donde se señalan suicidios, que cuando llega el personal de servicios periciales y policías de investigación, no hacen las diligencias correspondientes. Además, considera que existe una “falta de debida diligencia y perspectiva de género” generalizada en distintos estados del país, pues las autoridades no investigan el contexto de violencia, a pesar de contar con unidades de análisis. 

Mónica Borrego, madre de Yang, y Margarita Alanís, madre de Campira, consideran que este es un primer paro para que se haga justicia en ambos casos, dice el abogado, y agrega que ambas han estado muy unidas desde hace algunos años.

Actualmente, el imputado en prisión preventiva, pues lograron que se vinculara a proceso por el caso de Campira. Para el defensor, el derecho penal no es la única respuesta ante la violencia estructural y de género, pero en un país donde once mujeres son asesinadas cada día, dice, se debe hacer justicia y evitar la impunidad. 

El defensor espera que el juicio del acusado se realice este año y finalmente dicten sentencia contra Martínez.