Familiares de las víctimas de la Masacre de San Fernando y las organizaciones que les representan lanzaron una petición dirigida a la Fiscalía General de la República con el objetivo de que se cree una Unidad Mixta de Investigación, integrada por un Equipo Mixto de Investigación y una Comisión Especial, para esclarecer el crimen.
Hace 10 años fueron desaparecidas y ejecutadas en San Fernando, Tamaulipas, 72 personas migrantes originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y la India, durante su tránsito hacia los Estados Unidos. Esta fue la primera de varias masacres de migrantes en México en la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
“Por su gravedad y las circunstancias en que ocurrieron los hechos, el caso de los 72 migrantes, ha sido calificado como graves violaciones a los derechos humanos y generado la emisión de la Recomendación 80/2013 por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este y otros casos de masacres y desapariciones masivas de personas migrantes, extranjeras y nacionales, no son casos aislados y presentan circunstancias que los vinculan. Por ello, investigar la masacre de los 72 migrantes y otros casos, desde un enfoque integral, transnacional, multidisciplinario, con perspectiva de macrocriminalidad y de derechos humanos,es una necesidad para garantizar a las víctimas su derecho de acceso a la verdad, justicia y reparación, y a su vez dar a la sociedad una respuesta sobre lo ocurrido”, señalaron las víctimas y sus familiares en la petición en la plataforma Change.
Lo que las familia solicitan es una Comisión Especial formada con expertos independientes y la conformación de un Equipo Mixto de Investigación que cuente, entre otros, con la participación de servidores públicos de la Fiscalía General de la República pero también de otras dependencias, como la Secretaría de Gobernación, otras instituciones del Estado y de la academia.
Esto “es posible de acuerdo a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley General de Víctimas.La formalización institucional de este modelo de investigación para estructuras macro criminales en casos de graves violaciones de derechos humanos favorecerá la disposición de recursos humanos y materiales necesarios para las investigaciones. Requiere de voluntad estatal para su instalación y para garantizar su funcionamiento y permanencia. La capacidad técnica, libertad de actuación, colaboración interinstitucional y participación activa de las víctimas y sus representantes son fundamentales para lograr resultados en la investigación de los más de 72″, señalaron.
“Tenemos una oportunidad para estar del lado de la justicia y no de la impunidad, para saber qué fue lo que pasó realmente y llegar a la verdad con la verdad, tanto para las familias de las víctimas como para la sociedad en su conjunto”, finalizaron.
Publicado originalmente en Sididh
